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El oficialismo puso en marcha en el Senado otra movida con impacto en la Justicia. Apunta contra el procurador general interino, Eduardo Casal, y ya provocó rechazo de la oposición y malestar en las organizaciones de fiscales, jueces y funcionarios del Poder Judicial.
El Frente de Todos dio dictamen a un proyecto de resolución para anular designaciones en los Tribunales de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Apunta a vocales nombrados durante el gobierno de Juntos por el Cambio, y busca que se nombren abogados afines al gobierno. Es una especie de plan alternativo frente a las pocas chances de tener éxito en el intento de desplazar a Casal a través de un juicio político, en el Congreso.
Casi de inmediato, surgió el cuestionamiento desde el ámbito judicial. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación coincidieron en que los cambios que busca el kirchnerismo en el Senado “violan la garantía del juez natural”. Fue una primera señal de advertencia para un tema que puede terminar judicializado.
La historia empezó a principios de mes. La mayoría oficialista en la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal le dio curso a doce pedidos de juicio político contra Casal. Y giro todo a la comisión de la Cámara de Diputados.
No es un trámite sencillo. Para que un juicio político avance, la acusación debe ser formulada por la Cámara baja, por mayoría de dos tercios, y luego el Senado, también por mayoría de dos tercios, juzga al acusado y si es declarado culpable, lo separa del cargo.
El oficialismo no tiene tales mayorías en ninguna de las dos cámaras. Por eso, y teniendo en cuenta que Casal es procurador interino, el oficialismo maneja como alternativa intentar removerlo con un jury en el propio Ministerio Público Fiscal. Y es allí donde busca poner a sus representantes.
