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MUY INTERESANTE - INFORME RESERVADO 28/08/2020

Resumen ejecutivo: El presidente Alberto Fernández sufre un bombardeo
permanente del kirchnerismo y padece las diferencias dentro del Frente de
Todos. Evidentemente el gobierno exhibe una baja calidad en materia de
gestión diaria y serios problemas de coordinación política que lo llevan al
jefe de Estado a cometer errores no forzados con alto costo. Nadie sabe a
ciencia cierta por que el oficialismo viene acumulando tantos yerros sin
capacidad de anticipación y posterior control de daños.

La cuestión empieza a generar mucha preocupación en el establishment del
peronismo. Entre gobernadores, intendentes y dirigentes sindicales se
preguntan por qué no funciona la “mesa chica” de los martes como colchón
de contención y coordinación política. En el Instituto Patria cada vez se
quejan más de la falta de audacia del jefe de Estado y la ineficacia de sus
principales funcionarios.

Los que se mueven entre la Casa Rosada y la residencia de Olivos aseguran que a Fernández lo desquicia la falta de respuestas ante problemas que pretende resolver y no pocas veces son
producto de esas mismas diferencias de criterio. Ante la ausencia de
resoluciones, un día se cansa y decide en forma improvisada. Pasó por
última vez con el decreto que congeló las tarifas de la telefonía móvil,
internet y la TV paga hasta fin de año. Sin embargo, más allá de la
resolución final, lo que es casi idéntico es la forma en que Fernández toma
las decisiones. No parece ser el resultado de una estrategia o una política
de mediano plazo, sino de una reacción al filo de un desenlace
desfavorable o por presión de CFK.

Pero sin coordinación, ni estrategia política. A Cristina la reforma judicial no la representa. “Si no vas por todo ahora, ¿cuándo?”, se preguntan los K, para los que la reforma es “tibia”. La
diplomacia norteamericana ha intensificado su afán por contrarrestar la influencia china en la Argentina y hay varios negocios que preocupan debido a que el régimen de Beijing se muestra interesado en ingresar de la mano de una decisión estratégica de Cristina. En Washington creen que la
ex presidenta apunta a acercarse peligrosamente a China y Rusia como una forma de alejar al país del predominio estadounidense en la región. Un  Negocio que preocupa especialmente es la concesión del dragado y el mantenimiento de la Hidrovía del Paraná que deberá ser licitada el año
próximo. Se habla de negociaciones muy avanzadas para la creación de una UTE entre gigante china Shangai Dredging Company (SDC), la compañía belga Deme Group y la Corporación América de Eduardo Eurnekian.

Aislamiento y errores políticos

El presidente Alberto Fernández sufre un bombardeo permanente del kirchnerismo
y padece las diferencias dentro del Frente de Todos. Evidentemente el gobierno
exhibe una baja calidad en materia de gestión diaria y serios problemas de
coordinación política que lo llevan al jefe de Estado a cometer errores no
forzados con alto costo. Nadie sabe a ciencia cierta por que el oficialismo viene
acumulando tantos yerros sin capacidad de anticipación y posterior control de daños.

La cuestión empieza a generar mucha preocupación en el establishment del
peronismo. Entre gobernadores, intendentes y dirigentes sindicales se preguntan por
qué no funciona la “mesa chica” de los martes como colchón de contención y
coordinación política. Se suponía que esos almuerzos de Alberto, con Santiago
Cafiero, Wado De Pedro, Sergio Massa y Máximo Kirchner, servían para hacer
sintonía fina de la agenda gubernamental y precisamente evitar equivocaciones.

Pero las discrepancias no son solo las que la propia Cristina Fernández exhibe
cuando sale a decir que la reforma judicial que se le atribuye no es una “verdadera”
transformación sino apenas un “ordenamiento”. En el Instituto Patria cada vez se
quejan más de la falta de audacia del jefe de Estado y la ineficacia de sus
principales funcionarios, mientras que en el entorno presidencial todavía siguen
enojados con la vice por haber incluido la cláusula Parrili, eliminada anoche, en
la reforma judicial.

Los que se mueven entre la Casa Rosada y la residencia de Olivos aseguran que a
Fernández lo desquicia la falta de respuestas ante problemas que pretende resolver y
no pocas veces son producto de esas mismas diferencias de criterio. Ante la ausencia
de resoluciones, un día se cansa y decide en forma improvisada. Pasó por última vez
con el decreto que congeló las tarifas de la telefonía móvil, internet y la TV paga
hasta fin de año y ordenó su declaración como “servicio público esencial”.

La medida sorprendió incluso a miembros del gobierno que conocen el sector con
detalle y dejó en offside a la cúpula del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Como en el caso de la expropiación de Vicentin, otra vez el presidente impacta
con un DNU y abre un proceso incierto en el que ahora -se supone- el gobierno
ya no tiene demasiado margen para retroceder. En este decreto se ve la pluma
de Carlos Zannini, procurador del Tesoro, y un hombre mucho más influyente
de lo que parece.

Sin embargo, más allá de la resolución final, lo que es casi idéntico es la forma en
que Fernández toma las decisiones. No parece ser el resultado de una estrategia o
una política de mediano plazo, sino de una reacción al filo de un desenlace
desfavorable o por presión de CFK. Pero sin coordinación, ni estrategia política.
Algo decidió a Fernández, en junio pasado, a anunciar la intervención y el envío del
proyecto de expropiación en conferencia de prensa, medida que encontró una
resistencia que, según él mismo dijo después, no contemplaba en lo más mínimo.

En el tema telcos, sucedió lo mismo. Ni el titular del Enacom, Claudio Ambrosini,
ni su segundo, Gustavo López, ni la secretaría de Innovación Pública, Micaela
Sánchez Malcolm, estaban al tanto de la decisión que pensaba tomar el presidente.
Al lado de Fernández, cuestionan a la cúpula del organismo que creó el macrismo
para reemplazar a la AFSCA porque no logró acordar una postergación de los
aumentos, pese a que las empresas lo habían anunciado con varios meses de
antelación.

Algo falló: la comunicación interna o los intereses contradictorios que, de a
ratos, quedan expuestos dentro del propio gobierno, Massa, por ejemplo, no está
nada cómodo con ese DNU porque afecta a los vínculos que viene cultivando con
el Grupo Clarín, Daniel Vila y David Martínez. Pero al mismo tiempo logró
descomprimir un poco la fricción que generó la reforma judicial con el Instituto
Patria. A Cristina Fernández de Kirchner esta iniciativa parlamentaria no la
representa.

La reforma judicial no fue delineada por la actual vicepresidenta ni es de su estilo. Su
enfrentamiento con gran parte del sector judicial lo tiene que llevar adelante dentro
de Comodoro Py, con una estrategia tanto jurídica como política. El proyecto sostiene
que todas las causas que están ahora en el fuero federal se van a quedar con los jueces
y con los tribunales ya designados para actuar en ellas. Es más, la mayoría de los
expedientes que involucran a Cristina ya están en etapa de juicio, con los trámites correspondientes para arrancar en algún momento esos debates. Por
eso le importa mucho más la ampliación de la Corte Suprema

Lo de los jueces a dedo tampoco parece tan sencillo: el trámite en el Consejo de la
Magistratura requiere si o si una mayoría especial, o sea, con votos surgidos desde el
famoso y tan aclamado consenso. El Consejo es clave para el sector kirchnerista del
Frente de Todos: desde allí se impulsan las investigaciones a los jueces, aunque
llevarlos a un juicio político a los que en su consideración actuaron en tándem con el
macrismo también requiere una mayoría especial que por ahora nadie tiene.

“Si no vas por todo ahora, ¿cuándo?”, se preguntan desde el bloque del Frente
de Todos en el Senado, para los que la reforma es “tibia”. El kirchnerismo
defendió en público, en las audiencias y en la tv, los detalles de este proyecto
mientras por debajo criticaban que las personas que se encargaron de redactarlo
no aparecieran en este contexto. La molestia viene desde el principio: no existió
una participación activa de los sectores judiciales K ni del Instituto Patria en la
redacción.

La reforma queda encerrada entre los intereses políticos-judiciales y la incomodidad
del Frente de Todos en este tipo de temas donde no existe un acuerdo ni línea idéntica.
Demuestra también lo fácil que la oposición logra coparle la agenda a un Ejecutivo
que no sabe capitalizar el fastidio general que produce “la justicia” en gran parte de
la sociedad. Por eso la vice le bajo el precio al proyecto de cara a las negociaciones
que ya están en marcha para lograr la aprobación en la Cámara de Diputados.

Las conversaciones con las provincias y la dirigencia opositora ya están en
marcha e incluyen tres leyes en el mismo paquete: la reforma judicial, el
Presupuesto 2021 y la ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional (FGS) de la Anses, que
incluye la reprogramación de la deuda de las cajas provinciales con ese
organismo. En las gobernaciones tienen especial interés en que el proyecto se
apruebe y eso descomprima las finanzas locales, de cara a las elecciones 2021.

En el mismo sentido se inscribe el acompañamiento al Presupuesto 2021, que el
gobierno debe enviar al Congreso antes del 15 de septiembre. El proyecto reflejará
las ya famosas 60 medidas que Fernández anunciará en las próximas semanas. La
intención del presidente es hacer el anuncio junto a los gobernadores. El mensaje que
busca dar la Casa Rosada es que el plan es el resultado de un trabajo conjunto entre
el Poder Ejecutivo y las provincias.

Más allá del orden en que los temas lleguen al recinto, los debates correrán "en
paralelo". La reforma judicial será uno de ellos. En el gobierno nadie espera que los gobernadores de Juntos por el Cambio den un apoyo explícito al proyecto
que la mesa nacional del espacio ya rechazó, pero confían en que habrá "gestos"
de buena voluntad, tanto de representantes provinciales como del sector más
"dialoguista" de la alianza opositora, que permitirán que la ley se sancione.

El comportamiento de los tres gobernadores radicales y de Horacio Rodríguez
Larreta será crucial. El jefe de gobierno porteño no quiere romper los puentes con la
Casa Rosada. Para llegar a un entendimiento, el gobierno apelará a la negociación
del Presupuesto 2021, que contemple los fondos para ejecutar la transferencia y
también un acuerdo por el recorte de la coparticipación que recibe la Ciudad de
Buenos Aires. El jefe de gobierno trabajará para ese escenario: quiere que ambas
cifras queden estampadas en el ejercicio fiscal del año próximo.

En su visita a la Quinta presidencial, el senador Martín Lousteau fue a pedir
tiempo, un gesto de buena voluntad en línea con la señal de Rodríguez Larreta,
que sabía de antemano del cónclave del senador con Fernández. Las
conversaciones de la Casa Rosada con representantes de JxC también fluyen. El
presidente mantiene línea abierta con Emilio Monzó. Pero nada está asegurado.
Por eso en la Rosada se preguntan por qué Massa y Máximo Kirchner siempre
tienen tantos problemas para conseguir los votos en Diputados. Aún no
encuentran respuesta. Sólo desconfían.

El desembarco chino

La diplomacia norteamericana ha intensificado su afán por contrarrestar la influencia
china en la Argentina y hay varios negocios que preocupan debido a que el régimen
de Beijing se muestra interesado en ingresar de la mano de una decisión estratégica
de Cristina. En Washington creen que la ex presidenta apunta a acercarse
peligrosamente a China y Rusia como una forma de alejar al país del predominio
estadounidense en la región.

Un negocio que preocupa especialmente es la concesión del dragado y el
mantenimiento de la Hidrovía del Paraná que deberá ser licitada el año próximo.
Numerosos actores sectoriales y diplomáticos, argentinos y norteamericanos,
coinciden en que la rivalidad entre China y Estados Unidos llegó ya a las aguas del
Paraná. El intenso movimiento alrededor de la licitación se explica por el
potencial del canal navegable por los ríos Paraná y Paraguay que controla
Gabriel Romero, el dueño de EMEPA, junto a la belga Jan de Nul.

Además, el gobierno nacional creará por decreto una empresa estatal, Hidrovías
Sociedad del Estado, para controlar la concesión de los trabajos de mantenimiento y
profundización. Estos desarrollos son seguidos con preocupación por los Estados
Unidos, que ya señaló a los diplomáticos y funcionarios argentinos su temor por otro
desembarco chino en el río Paraná, además de la compañía COFCO que opera con
importantes volúmenes embarcados y transportados desde Paraguay, un negocio que
se suma a los proyectos hidroeléctricos, de telecomunicaciones y nucleares.

El decreto de creación de la empresa, que ya está elaborado, otorgará el 51% de las
acciones a la Nación el 49% de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe,
Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. La actual concesión vence en mayo de 2021.
De todos modos, dentro de la cartera de transporte se analiza prorrogarla por un año
más. Mientras tanto, en el área que conduce Mario Meoni se avanzará con la
elaboración de los pliegos de licitación del futuro sistema de navegación.

La sociedad estatal que creará el presidente, y cuya administración estará a cargo de
la Nación y las provincias con margen en el Paraná, será la encargada de controlar la
concesión de los trabajos en la Hidrovía. Pero también tendrá la capacidad de dragar
por cuenta propia o de terceros cualquier obra que le pidan las provincias. Meoni dice
que la nueva empresa va ser un organismo de control. Los más cercanos el
kirchnerismo quieren directamente la estatización de la Hidrovía.

El viernes pasado hubo un Zoom de Felipe Sola, Cecilia Todesca, Gabriel
Katopodis, Mario Meoni y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz,
con el embajador argentino en China, Luis María Kreckler, donde confirmó el
interés del gobierno de ese país de quedarse con el estratégico canal. Se habla de
negociaciones muy avanzadas para la creación de una UTE entre gigante china
Shangai Dredging Company (SDC), la compañía belga Deme Group y la
Corporación América de Eduardo Eurnekian.

La china SDC, filial de CCCC Ltd. (China Communications Construction Company),
firma estatal clave en el plan chino conocido como Ruta de la Seda del Siglo 21 (Belt
and Road Initiative), ya cuenta con experiencia en el país. Además de tener negocios
en más de veinte países, SDC también es la responsable de crear islas artificiales en
el Mar de China Meridional, una estrategia para potenciar el reclamo chino sobre esa
región marítima que muchos creen puede ser el escenario de un conflicto bélico futuro
con los Estados Unidos. Sacar agua del fondo de un río o el mar es hoy también una
cuestión geopolítica de primer orden.

Y, en el caso del Paraná, significa una presencia estratégica en la salida más
importante para las exportaciones de la Argentina, Paraguay, una región de Brasil y
posiblemente también Bolivia (la ampliación de la Hidrovía es parte de la agenda
argentina con ese país). El interés de SDC no es nuevo y apuesta a poder cobrar un
peaje más barato. En ese marco, un tema que llama la atención es el socio local con
el que llegaron los chinos: se trata de Servimagnus de la familia Román que tiene
inversiones en una de las terminales del puerto de Buenos Aires.

Pero lo concreto es que el presidente chino Xi Jinping, que se reunirá
probablemente con Fernández en noviembre, dio el OK al proyecto de la
Hidrovía. Hubo una reunión privada en Bruselas a la que asistió Eurnekian en
su avión privado. Los chinos necesitan la tecnología e inversión de los belgas y
quieren la concesión directa en el marco del acuerdo con Argentina. Por eso se
busca un acuerdo bilateral de inversiones.

Hay que pasar de 32 pies a 40 pies de dragado para que los barcos puedan salir bien
cargados. Se habla de una inversión de 300/350 M de dólares. Se bajan los costos
actuales de transporte marítimo de exportación. El gigante chino propondría al mismo
tiempo financiación china por 3- 4 Mil Millones de dólares para obras de
infraestuctura en las provincias de la Hidrovia. Por ejemplo, para que el Belgrano
Cargad llegue a Santa Fe y Rosario y así se bajan los costos de transporte terrestre.

El nuevo concesionario también aportaría financiamiento para obras de accesos viales
a puertos, rutas, puentes, etc. Los defensores de este proyecto aseguran que no será
ningún costo para el estado, el peaje de los barcos paga el dragado permanente y la
nueva profundización a 40 pies. De todas formas, esta movida, sumada a otras
inversiones chinas, podrían deteriorar aún más la relación bilateral con los
Estados Unidos, gane Donald Trump o John Biden.