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Los principales fondos aseguraron que no aceptarán la oferta final, lo que imposibilita llegar al mínimo necesario para asegurar el canje. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, aseguró que no puede prestarle dinero a un miembro que esté en default con sus acreedores privados.
Una vez más, el presidente Alberto Fernández pareciera encontrarse próximo a dar marcha atrás con una de sus decisiones. Apenas pasaron algunas horas desde que aseguró que ya no continuaría con las negociaciones con los acreedores extranjeros y que les propondría, en cambio, un impasse mientras negocia un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacerse de dólares frescos antes de llegar a un acuerdo definitivo.
El ministro de Economía Martín Guzmán, que pretendía prorrogar el plazo máximo al 18 de agosto, recibió la noticia como un balde de agua fría. La decisión del primer mandatario pareció firme: o aceptan la oferta tal y como está, o el país negociará directamente con el FMI.
Lamentablemente para los planes de Fernández, BlackRock, el principal fondo de inversiones de Wall Street, anticipó que no sólo que no aceptará la oferta, sino que además impedirá las negociaciones del gobierno con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional.
Las consecuencias de esta nueva postura son catastróficas para los planes del gobierno nacional. Se prevé una caída considerable del valor de las acciones argentinas para ésta semana, junto a una mayor brecha entre el dólar oficial y el blue.
En apoyo a los acreedores, el propio FMI anticipó que no aceptará negociar con el país hasta que éste no resuelva las negociaciones con los bonistas. En un comunicado oficial, aseguró que la propia ley interna del organismo prohíbe tales maniobras. En efecto, sólo puede prestarle dinero a miembros que no se encuentren en default con acreedores privados.
En los pasillos de la Casa Rosada se comenzó a delinear una estrategia de comunicación para suavizar la noticia. Saben que al gobierno no le quedará otra que dar marcha atrás con la medida y continuar negociando con los bonistas. La otra alternativa es el default, impulsado por éstos en los tribunales de Nueva York.
Con el objetivo de no mostrar debilidad en el presidente Fernández, quien se volvería a arrepentir de una medida tomada por segunda vez en menos de una semana (la primera fue con la expropiación de Vicentín), los asesores trazan a las apuradas una salida diplomática. Se tratará de un discurso breve buscando llevar calma o simplemente se intentará evitar mencionar la medida tomada y prorrogar las negociaciones al 18 o incluso el 28 de agosto.
