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La toma de tierras en la localidad rionegrina de Villa Mascardi abrió de manera inepserada un nuevo frente conflictivo en la interna del oficialismo. La ministra Sabina Frederic quedó nuevamente en el centro de las tensiones, aunque no con Sergio Berni sino con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y con la fuerza provincial que juega como aliada del Gobierno en el Congreso.
Para el Gobierno, la cuestión de la toma de tierras es un problema creciente desde hace semanas, por los casos que se vienen sucediendo en el Gran Buenos Aires. Pero esta vez agregó el conflicto planteado en el Sur, a raíz de protestas contra la situación planteada en parques y propiedades privadas, donde se asentaron organizaciones bajo la bandera de reclamos mapuches.
El fin de semana pasado, hubo marchas contra esas ocupaciones en Villa MNascardi y Bariloche. Y el Ministerio de Seguridad presentó de inmediato una denuncia penal ante la Justicia Federal por la “posible comisión de delitos” de los manifestantes, con el argumento de podrían haber incitado a la vilolencia.
Massa hizo una crítica con mensaje implícito a Frederic. “El Estado tiene que hacer cumplir la ley y si hay gente tomando tierras, tiene que desalojar”, dijo en declaraciones al canal América, al ser consultado sobre el tema.
El titular de Diputados consideró además “muy probable” que el Gobierno “evalúe la posibilidad de que a aquel que realice una toma de tierras se le caigan todos los beneficios que da el Estado”, en referencia a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), entre otros.
El titular de Diputados consideró además “muy probable” que el Gobierno “evalúe la posibilidad de que a aquel que realice una toma de tierras se le caigan todos los beneficios que da el Estado”, en referencia a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), entre otros.
Otra reacción significativa fue la del senador y ex gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck. Criticó la decisión del Ministerio de Seguridad nacional de denunciar a los organizadores de la marcha y sostuvo que esa medida constituye la “validación de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas”.
En su denuncia, el ministerio a cargo de Frederic solicitó que se investigue si los convocantes a un denominado “Banderazo Patriótico” en el Sur cometieron los delitos de “instigación a cometer delitos”, “apología del crimen” y “asociación ilícita”.
