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JxC pidió dejar sin efecto la audiencia pública del 4 de septiembre

La misma fue convocada por la Comisión de Acuerdos del Senado para revisar los traslados de diez jueces federales. Los argumentos de la oposición.

A través de una nota suscripta por los senadores Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, presidentes de los bloques de la UCR y Pro, respectivamente, solicitaron suspender la audiencia pública convocada para el 4 de septiembre para analizar los traslados de una decena de jueces, entre ellos los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
La nota fue remitida a la presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado, Anabel Fernández Sagasti, y en la misma solicitan no avanzar con un proceso de la relevancia institucional que tiene la audiencia pública para dar acuerdo al pliego de jueces federales, por considerar que se trata de “un procedimiento que se encuentra viciado de nulidad desde su origen”.
Los legisladores de Juntos por el Cambio piden dejar sin efecto “de manera inmediata” esa convocatoria por una serie de factores, comenzando por la de que se trata de una modalidad “no prevista” en el Reglamento del Senado y de la que tomaron conocimiento a partir de la convocatoria publicada el 20 de agosto en el Boletín Oficial.
Señalan en ese sentido que el modo “remoto o virtual mediante videoconferencia”, “no se encuentra prevista en el Reglamento de este H. Senado de la Nación”, ante lo cual consideran que “no es legítimo convocar a una audiencia pública sin respetar el Reglamento vigente, cuya modificación o apartamiento requiere de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara”.
Destacan además “la manifiesta diferencia que existe entre una sesión del cuerpo en la que participan sólo senadores y una audiencia pública donde participan senadores y ciudadanos interesados en los asuntos en consideración”.
Tras aclarar que respecto de las audiencias públicas no se ha aprobado ninguna modificación del reglamento, sostienen que la convocatoria no cumple con el requisito de haber sido publicada con no menos de 15 días corridos de antelación respecto de la realización de la misma.
Por otra parte, Naidenoff y Schiavoni advirtieron que vienen recibiendo desde este martes reclamos de ciudadanos que no han podido hacer llegar sus observaciones en el plazo que está corriendo, por cuanto la casilla de correo acuerdos@senado.gob.ar consignada en el edicto de convocatoria como único medio para hacerlas llegar, se encuentra saturada y sin capacidad de recibir nuevos correos.
Tal situación ha impedido a los ciudadanos llegar en plazo con sus observaciones, en lo que consideran “un procedimiento no previsto por nuestro Reglamento, que ha dejado en evidencia la falta de seguridad, transparencia, y confianza que la relevancia institucional del proceso de acuerdo a los jueces federales requiere”.
Por último, los senadores señalan respecto de los pliegos de jueces incorporados a la audiencia pública en cuestión, que “en la situación actual de los jueces sometidos a acuerdo, el Senado no tiene competencia para considerarlos”, por cuanto los pliegos incluidos en la audiencia pública en cuestión corresponden todos a jueces federales que han sido trasladados por un Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación, conforme al procedimiento vigente al momento del traslado. “Estos decretos del PEN se encuentran vigentes”, remarcan los legisladores de Juntos por el Cambio, ante lo cual insisten en que “el Senado no puede avanzar en el tratamiento de pliegos, años después de que estos jueces federales se encuentran cumpliendo funciones en sus respectivas jurisdicciones y sin que alguien hubiera objetado los mismos en el plazo y la forma pertinente”.
“Estos traslados constituyen actos jurídicos firmes y consentidos y el único Poder del estado con competencia para declararlos nulos y retrotraer alguna situación, es el Poder Judicial de la Nación”, remarcan los senadores de Juntos por el Cambio.
Además de los mencionados Bruglia y Bertuzzi, los otros jueces objetados son Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. El Poder Ejecutivo cuestiona cómo se realizaron estos traslados, durante el gobierno anterior de Mauricio Macri.



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