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En los tribunales se preparan para una judicialización de la reforma del Gobierno

Las acordadas de dos cámaras fueron el anticipo de un proceso que, de aprobarse la ley, terminará en la Corte Suprema; los magistrados esgrimen inconstitucionalidad

La reforma judicial que propone la Casa Rosada empezó a recorrer esta semana un camino que será largo. La sanción en el Congreso es solo una parte de los desafíos que tiene por delante. Si se aprueba, en los tribunales descuentan que llegarán cuestionamientos judiciales que podrían dejar la suerte de los cambios en manos de la Corte Suprema.
Diez días después de su presentación pública, el proyecto ya recibió dos críticas de una dureza inusual del Poder Judicial: primero, la Cámara del Crimen y 24 horas después, la Civil y Comercial Federal, sostuvieron -en declaraciones que tienen la formalidad de "acordadas"- que los planes de la Casa Rosada incluyen modificaciones que podrían generar reparos de índole constitucional.
Estas acordadas tienen un antecedente. En 2004, la Cámara Federal, la de Comodoro Py, se opuso, también con una acordada, a la reforma con la que Gustavo Beliz, entonces ministro de Justicia de Néstor Kirchner, pretendía licuar el poder de los 12 jueces federales y la Cámara que revisa sus fallos. El final es conocido: Beliz enfrentó a Antonio Stiuso y terminó fuera del Gobierno. La reforma nunca avanzó.
Esta vez, en Comodoro Py no hay movimientos que presagien una declaración así. "Estamos agotados de las peleas. Si alguno dice algo, es: 'Bueno, si sale, mejor, ya está", dijo a LANACION un juez federal que fue siempre de los más activos defensores del fuero.
Es que además en Comodoro Py dudan de que la reforma vaya a hacerse realidad. Al menos, como está presentada. Incluso dentro del equipo judicial del Gobierno hay voces que por lo bajo reconocen que este proyecto (que empezó como una reedición del Beliz y fue mutando) no es el que hubieran querido y que su éxito es muy incierto.
Las declaraciones de esta semana de las cámaras son la primera manifestación de que el camino será complicado. Uno de los ejes del plan consiste en unificar los fueros contencioso administrativo federal con el civil y comercial federal. El jueves, los camaristas de civil y comercial dijeron que, si se lleva adelante la fusión, se afectará el principio del "juez natural" cuando magistrados designados para fallar en casos contencioso-administrativos resuelvan casos civiles y comerciales, y viceversa. Abrieron así la puerta a futuros planteos de inconstitucionalidad. Y el camino de los cuestionamientos judiciales termina en la Corte.
Mal puede dar por sentado el Gobierno que el máximo tribunal será su garantía de que la reforma quede en pie. "Lo único que viene logrando el kirchnerismo es achicar la brecha interna acá", dijo a LA NACION un funcionario de la Corte, en referencia al consejo consultivo creado por el Presidente para evaluar reformas en el tribunal. Cristina Kirchner ya lo experimentó con su paquete de leyes de la "democratización de la Justicia". Fueron aprobadas por el Congreso, pero los tribunales, una a una, las hicieron caer prácticamente a todas.
El punto referido a Comodoro Py de la reforma propone una fusión con penal económico y la creación de 23 nuevos cargos de juez. Hasta que se cumpla con las designaciones de los titulares de esos nuevos juzgados, el proyecto prevé que se nombren subrogantes. Es uno de los puntos cuestionados por la oposición y, para concretarse, requerirá de acuerdos difíciles de obtener.
Esos subrogantes, dice el proyecto, deberán ser nombrados luego de un proceso que requiere el voto de dos tercios en el Consejo de la Magistratura (mayoría que el oficialismo no tiene por sí mismo). Pero, además, establece que los candidatos a subrogar saldrán de una lista que elaborará la Cámara Nacional de Casación con los jueces del fuero penal ordinario que deseen subrogar, no tengan atraso en sus juzgados y "no hayan manifestado en forma expresa su consentimiento para ser transferidos al Poder Judicial de la Ciudad".
A pedido del ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano, varios de los nuevos jueces que asumieron en el fuero penal ordinario firmaron que estaban dispuestos a ser traspasados. Esos magistrados, según el proyecto, no podrán subrogar en el nuevo Comodoro Py. La semana pasada, uno de ellos, Ignacio Rodríguez Varela, presentó una nota en el Ministerio de Justicia para dejar sin efecto aquella manifestación. Otro conflicto en puerta, si la reforma sale tal como fue presentada.
Pero, además, al final del camino, la Corte deberá habilitar los nuevos juzgados. La acordada de la Cámara del Crimen de esta semana advierte que la ley vigente hoy dice que no pueden nombrarse subrogantes donde nunca hubo titulares y que los subrogantes se eligen por sorteo. La nueva ley -sostiene la acordada de la Cámara- violaría los principios de progresividad y de no regresividad en materia de derechos humanos. Otra vez será la Corte, eventualmente, la que tenga la decisión final.
Paz Rodríguez Niell