El kirchnerismo ahora impulsa una denuncia contra el procurador Casal por usurpación de cargo ~ Pancho<br>Dicristófaro

Sostienen que se atrincheró cuando se fue Gils Carbó y alteró un sorteo para ubicar fiscales cercanos a Cambiemos en el jury de enjuiciamiento. Nuevas acusaciones en la bicameral.

Sin chances de alcanzar los dos tercios en el Congreso para un juicio político, el kirchnerismo apuesta a desplazar al procurador Eduardo Casal mediante un jury en el Ministerio Público por supuesta usurpación de cargo tras la renuncia de su antecesora, Alejandra Gils Carbó.

En una nota presentada ante la bicameral de seguimiento del Ministerio Público el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade sostuvo que la ex jefa de los fiscales designó a su entonces subprocurador para que la reemplazara cuando se tomó una licencia de 10 días, en noviembre de 2017, pero después renunció y no dejó constatado que sea su sucesor natural.
Y para definirse como tal, sostiene, Casal se basó en la vieja ley y no en la sancionada en 2015, que establece que mientras no haya acuerdo en el Senado para nombrar el procurador general debe ocupar ese cargo el fiscal general de mayor antigüedad.

Así lo establece el inciso p del artículo 12 de esa norma. "En caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia del procurador general, las funciones y mencionadas ante el artículo serán ejercidas por un fiscal coordinador de distrito, de conformidad con la reglamentación que se dicte al respecto. A falta de designación, intervendrá el que tenga más antigüedad en tal cargo".
El fiscal Carlos Rívolo, presidente de Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, consideró que ese artículo debe ignorarse y continuar al frente el subprocurador de mayor carrera. "Ningún fiscal de distrito fue nombrado conforme a la ley", dijo este martes durante su participación en la bicameral, en la que los legisladores del Frente de Todos se turnaron para reprocharle su respaldo a Casal. Cristina pone a sus vocales en el Tribunal que juzga la conducta de los fiscales
El oficialismo planteará esta cuestión con proyectos de resolución en ambas Cámaras del Congreso para que sean remitidos al Ministerio Público y reclamar al jury de enjuiciamiento de ese organismo que inicie un proceso contra Casal por ocupación indebida del cargo, junto a otros pedidos de juicio político por irregularidades que ingresaron al Congreso y serían girados. O sea, el plan que prevalece, por ahora, es juzgarlo como fiscal raso que ascendió un peldaño sin los papeles en regla y no como procurador, para lo que necesitan los votos de Cambiemos que nunca tendrán.

Después de escuchar hace una mes las acusaciones contra Casal en silencio en la bicameral de Ministerio Público, el principal bloque opositor se cuadró su defensa tras una intervención de Mauricio Macri: llamó a cada legislador y en sus zoom de los lunes le reclamó a los jefes de bloque que se ocupen del tema y así lo hicieron. El ex presidente considera que cualquier avance del Gobierno en la justicia sólo puede ser usado en su contra, en alguna de las causas que lo involucran.
Para avanzar en un jury contra Casal, el kirchnerismo necesita una mayoría que no tiene entre los 7 miembros del juzgado de enjuiciamiento y empezó a buscarla desde la semana pasada con el reemplazo del representante del Senado, que era Mario Laporta, cercano al operador judicial de Macri y ex presidente de Boca Daniel Angelici. Su desplazamiento se materializará en la sesión del jueves y lo sustituirá César Grau, quien formaba parte del Tribunal hasta el año pasado.

El oficialismo denuncia que Casal asumió con la ley vieja que le permitía ser interino al subprocurador con mayor antigüedad, pero la sancionada en 2015 indica que ese cargo debe ocuparlo el fiscal de distrito con más trayectoria.

Recién la semana pasada, Alberto Fernández eligió a Héctor Recalde como representante del Poder Ejecutivo en el Tribunal; mientras que por el Consejo Universitario continúa Federico Thea, actual secretario general de la gobernación bonaerense.
Los otros cuatro miembros son el cuello de botella del Gobierno. Dos son por los colegios de abogados: uno por la federación argentina (Francisco Panero) y otro por el de la Capital Federal (Adriana Donato). Y la dupla restante surgió de un sorteo del Ministerio Público que coordinó Casal y en el que resultaron elegidos Juan Carlos Paulucci, fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social; y María Alejandra Obregón, fiscal federal de Mendoza.
Ambos son cercanos a Cambiemos: Paulucci es el hijo de un ex secretario de Seguridad Social de Macri y Obregón proviene de la UCR mendocina. Tailhade, también por nota, exigió al procurador detalles del día, hora y métodos que usó para realizar ese sorteo, con la esperanza de hacerlo otra vez y conseguir figuras más afines.
En el Frente de Todos admiten que no será para nada sencillo avanzar contra un tribunal que protegió a los fiscales cercanos al anterior Gobierno como Carlos Stornelli, a quien nunca citaron después que se negara a declarar durante casi un año en la causa por espionaje ilegal instruida por el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla.
La pelea en la bicameral
Mientras tanto, el ataque a Casal continúa sin pausa en en la bicameral presidida por el senador kirchnerista Martín Doñate, quien en la reunión de este martes anticipó que el Congreso le pedirá a la Auditoría General de la Nación incluir en su programa anual una revisión de los gastos del Ministerio Público de los últimos años. Denuncian que crecieron demasiado.
Hubo casi cinco horas de debate con un desfile de fiscales acusando al procurador de malas decisiones, escenas que no difieren mucho a las reuniones que la misma comisión realizó en 2017 para acorralar a Gils Carbó, hasta lograr su renuncia.
Los abogados Dionisio Velasco y Juan Carlos Coulleri denunciaron designaciones anómalas de los fiscales Carlos Schaefer, Fabián Aníbal Martínez y Mirian Benítez. "Nunca vivimos circunstancias tan deplorables en el manejo de los funcionarios en las fiscalías como las ocurridas en los últimos cuatro años", remarcó Coulleri.
Roberto Cipriano García, secretario de Comisión Provincial por la Memoria; y Federico Schmeigel, director del Programa de Control de la Corrupción e Inteligencia Ilegal de ese organismo, plantearon sus objeciones a la secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) del Ministerio Público Fiscal, creada por Casal en 2018.

Señalaron que las tareas de intercambio de análisis de información y de terrorismo son parte de la ley de inteligencia y no del Ministerio Público; y que aún así la resolución que creó la secretaría permitía almacenar información personal que hasta podría violar la protección de datos personales.
"Hemos pedido que se pueda tipificar a qué se refiere ‘extremismo violento'. En base a la historia reciente es necesario poder tratar con seriedad y especificidad porque puede dar margan a tareas posiblemente represivas en ese sentido", advirtió Cipriano.
Apuntó que si bien la secretaría no interviene en las causas, sí puede hacerlo por pedido de un fiscal, como cualquiera que todas las que integran el organigrama de la Procuración. El diputado del PRO Cristian Ritondo le reprochó haber ocultado que fue empleado de la Procuración en 2013.
Casal ya había respondido por nota: "La Sait nunca realizó una investigación preliminar, ya que no está facultada para hacerlo, y por eso la agencia de inteligencia, la AFI, no ha intervenido como auxiliar. Y nunca tuvo personal en la comisión de la AFI ni así ha sucedido a la inversa".
El fiscal de Tierra del Fuego Adrián García Lois denunció que Casal le instruyó un sumario en 2018, cuando concursaba para ocupar una fiscalía en Comodoro Rivadavia que intervenía en causas por corrupción del Gobierno de Cristina Kirchner. No conforme, el último 29 de julio le notificó otro sumario administrativo en su contra, cuando se encontraba de licencia.
Con secuelas en su salud, desde la provincia más austral del país García Lois relató su experiencia como fiscal de Lomas de Zamora entre 2013 y 2014, cuando intervino en muchos procesos contra personal de servicio penitenciario de la cárcel de Ezeiza por maltrato a los presos y sufrió ataques a su domicilio.
"Yo no aceptaba las precausas, que tienen inicio para investigar a cualquier persona. Ni sobres anónimos en la puerta de la fiscalía", aseguró. Las precausas fueron el instrumento utilizado por muchos magistrados para habilitar intervenciones telefónicas de la agencia de inteligencia, sin elementos concretos para iniciar una investigación.

El fiscal describió escenas escalofriantes del penal de Ezeiza como detenidos con la boca cocida en protesta por el trato penitenciario o denuncias de ataques sexuales en el penal. "Empecé a investigar causas que estaban paradas contra agentes del Servicio Penitenciario. Hasta que un día se fugaron 13 detenidos y se produce un motín. Esto provocó la renuncia del jefe del Servicio Penitenciario Federal e imputé a 10 guardiacárceles. Me destrozaron mi casa", relató. Rápido de reflejos, Ritondo recordó que se refería a los últimos años de la gestión presidencial de Cristina.
El oficialismo despotricó Rívolo, invitado por Cambiemos para proteger a Casal. "Hay un reglamento que cumplir, que proviene de la época de (el ex procurador) Esteban Righi. Nosotros no intervenimos", se excusó, pero no lo perdonaron.
"Usted protegió a (el ex ministro de Finanzas Luis) Caputo en la causa por los Panamá Pappers. Y se fue rápido a pedir el sobreseimiento de (los ex jefes de inteligencia) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. No es independiente: siempre favorece a la embajada de Estados Unidos y a Juntos por el Cambio. Defiende los mismos intereses que Casal: los privilegios de una corporación que resiste a los cambios y a la democratización", lo atacó a Tailhade.
Rívolo les reprochó a oficialistas y opositores no haber tenido la "destreza política" de nombrar un procurador y ser los responsables de que haya un interinato. "¿Entonces usted dice que si no hay un acuerdo de dos tercios hay que mantenerlo a pesar de las irregularidades que estamos asistiendo porque no hay otra manera?", le preguntó la senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun.

"Cuando usted me marque las irregularidades en términos objetivos de un caso, le podremos contestar y le diremos Casal ‘váyase por esto o lo otro'. Y si él no está va a pasar que sigue Laura Monti, y si no (Víctor) Abramovich porque no hay otra posibilidad".
"No se puede nombrar a fiscal de distrito porque no hay. Y ninguno fue designado conforme a la ley. Y no puede ser que un fiscal de distrito tenga más poder que los subprocuradores. Esto lo tenemos que corregir", sostuvo el presidente de la Affun, anticipándose al debate que se viene por la presunta usurpación del cargo de Casal.
Sacnun y su par Carlos Caserio le reprocharon su pronunciamiento en contra del cambio del representante del Senado en el jury y lo presionaron sin éxito para que opinara con la misma vehemencia contra Stornelli, por negarse a declarar en Dolores durante meses.
"No voy a hacer mención a ningún caso en particular, porque no le compete a esta Comisión. No me pongan en ninguna vara. Porque también defendimos a Righi y a Gils Carbó. aún siendo crítico de su gestión. No hablo de Stornelli ni de cuatro o cinco casos con condena por violación, que es mucho peor. Ni de las denuncias de acoso, por las que habrá juicios políticos. El punto no es mezclar estas cuestiones", se defendió.