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El Gobierno adelantó que buscará implementar una tarifa para el gas “de transición” mientras se define el nuevo cuadro tarifario para el servicio que regirá a partir del año que viene.
Así lo explicó el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas ( Enargas), Federico Bernal, en el marco del nuevo esquema que se implementará para los productores del hidrocarburo hasta el 2024.
El funcionario precisó que le recomendó al Poder Ejecutivo que declare nulos los aumentos otorgados por el gobierno anterior a Camuzzi Gas Pampeana y Transportadora de Gas del Sur (TGS), por considerarlos ilegítimos, ya que a raíz de una auditoría llevada adelante sobre esas dos compañías concluyó que los incrementos fueron “inflados” para favorecer su rentabilidad.
Esas empresas fueron las dos primeras en ser analizadas por la intervención sobre un total de 11 transportadoras cuya revisión demandará aproximadamente 60 días.
Bernal sostuvo que los pasos a seguir luego de finalizada la revisión serán “pasar a una tarifa de transición y a nuevos cuadros tarifarios para el año próximo”, regulados en el marco de la Ley del Gas 24.076. Se buscan “tarifas justas y razonables que se puedan pagar, ese es el punto de partida”, remarcó el funcionario al respecto.
Es que en el marco del impulso que se le buscará dar a Vaca Muerta para incrementar la producción de gas y lograr evitar importaciones el próximo invierno, la secretaría de Energía está próxima a lanzar un esquema de subastas entre productores, Cammesa y distribuidoras, con un horizonte de 4 años y un precio que estaría en torno a los USD3,5 el millón de BTU.
Sobre una eventual devolución a los usuarios de los importes cobrados de más, Bernal dijo que “es una decisión que va a tener que tomar el Poder Ejecutivo Nacional”.
Añadió sin embargo que “veo más práctico que este monto de US$ 1.343 millones de ingresos adicionales se pongan en la mesa de negociación de lo que se viene, que es cuánto se van a pagar las tarifas a partir del año próximo”.
Bernal se refirió asimismo a la necesidad de refundar una política de subsidios y una tarifa social y de que se abandonen las subvenciones a las empresas.
“Que el subsidio vaya para los que más necesitan, los usuarios, y que las empresas se pongan las pilas y empiecen a producir como hasta 2015”, enfatizó.
Bernal analizó la situación tras presentar ayer una nueva denuncia contra el ex ministro de Energía Juan José Aranguren y otros seis ex funcionarios de su cartera, por supuestas anomalías detectadas en las auditorias que habrían reflejado un perjuicio a los usuarios por más de US$ 1.343 millones, a través de los incrementos injustificados de tarifas.
Fuente: BAE
