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El Gobierno apura la reforma judicial y quiere votarla en el Senado la semana próxima

El Gobierno mostró en el Senado que su respuesta a las manifestaciones del lunes y a los reclamos de la oposición será una y de forma rápida: avanzará con su proyecto de reforma judicial -centrada en el fuero federal porteño- y si todo le sale como tiene previsto, le dará media sanción en el Senado la semana que viene.
Con ese objetivo, resolvió imponer su dictamen de mayoría luego de escuchar diversas exposiciones a favor y en contra de la iniciativa en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia. Parece improbable que en base a esas opiniones incluya modificaciones sustanciales en el texto enviado por el Poder Ejecutivo.
La intención del Gobierno frente a los cuestionamientos es mostrarse alineado en el respaldo a la iniciativa y aprobarla el miércoles en lo que se anticipa como un duro debate. Juntos por el Cambio rechaza la reforma y le solicitó a Alberto Fernández que retire el proyecto.
El oficialismo cuenta con mayoría cómodo en la Cámara alta, pero el cuadro es más complejo en Diputados. Allí, el Frente de Todos debe garantizar le voto de los bloques considerados aliados para asegurar la sanción de la ley. En esa tarea trabajan el titular del cuerpo, Sergio Massa, y el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner.
Allí se presenta en primer lugar un conflicto sobre la convocatoria a sesiones. JxC anticipó que sólo avala las sesiones virtuales y con escasa presencia en el recinto para temas considerados necesarios en materia económica, social y sanitaria, con el marco de la cuarentena por el coronavirus.
Pero además, el bloque de tres integrantes que se referencia en Roberto Lavagna ya adelantó que no apoyará la reforma, porque considera que una ley de esa naturaleza sólo sería posible con un acuerdo político amplio.
Las miradas apuntan ahora a los diputados que responden a gobernadores que no integran el Frente de Todos, empezando por el cordobés Juan Schiaretti y representantes de fuerzas provinciales. Sobre ellos operarán desde el poder central.