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Incluyen los pliegos de los camaristas Bruglia y Bertuzzi, a cargo de causas por corrupción. Otros son Farah, que migraba a San Martín; y Villena, el juez de las escuchas.
Alberto Fernández envió al Senado los pliegos de los diez jueces federales que fueron trasladados sin acuerdo parlamentario y ahora deberán pasar por el filtro de la mayoría oficialista de esa Cámara.
Nueve de esas mudanzas fueron realizadas durante el gobierno de Mauricio Macri, que manejó el Consejo de Magistratura en los cuatro años de su gestión. En el Senado tuvo ayuda de Miguel Pichetto para aprobar decenas de pliegos pero desde 2018 el bloque peronista se rebeló y pidió mirarlos de a uno.
Los pliegos serán debatidos primero en la Comisión de Acuerdos que preside la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y luego en el recinto, presidido por Cristina Kirchner y dominado por el Frente de Todos, que tiene un piso de 39 votos propios, dos más que lo necesario para el quórum.Con ayuda de Camaño, el oficialismo aprobó la revisión del traslado de jueces de Macri
La cuenta resta a José Alperovich, de licencia por la denuncia de acoso sexual de su ex secretaria; y Carlos Memem, con problemas de salud. Pero para la mayoría de los temas contó con la ayuda del rionegrino Alberto Weretinleck y la misionara Magdalena Solari Quintana.
Entre las mudanzas que se revisarán se destacan los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dos jueces de tribunales orales que el macrismo llevó a la Cámara Federal 4 de Comodoro Py, que actúa en causas sobre corrupción. Al TOF 7 migró Germán Castelli.
Los tres enviaron cartas al Consejo de la Magistratura para advertir que la revisión de sus destinos "es ilegal y un atropello", pero aún así la mayoría del organismo decidió anularlos y enviar los pliegos al Poder Ejecutivo para que los remita al Senado. Fue clave el voto de la diputada opositora Graciela Camaño.
"Este dictamen está viciado porque este Consejo no tiene facultades para revisar las decisiones de otros poderes", sostuvo el juez Juan Manuel Culotta en la Magistratura. Anticipó una futura judicialización, que llegará después de la votación en la Cámara alta.
Otro conocido en la lista es el ex camarista Eduardo Farah al que el macrismo le concedió una salida elegante al TOF 2 de San Martín luego que fallara a favor de Cristóbal López. También está Federico Villena, el juez de Lomas de Zamora que abrió las causas que justificaron las escuchas judiciales a Cristina Kirchner en 2018 y este año inició la investigación sobre el espionaje ilegal durante el macrismo.
Entre los jueces del interior se destaca el de la jueza federal Zunilda Niremperger, trasladada del juzgado federal 2 al 1 de Resistencia y recordada por haber ordenado la prisión de la diputada radical Aída Ayala por negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito cuando era intendenta de esa ciudad. Evitó la prisión por sus fueros.
El juzgado que ocupó Niremperger es el de competencia electoral, al igual que otros dos que sumaron jueces nuevos con estos traslados: el 1 de Jujuy, que quedó a cargo de Esteban Hansen; y el de Posadas, donde se ubicó María Verónica Skanata. Necesitan el acuerdo del Senado para seguir en sus oficinas.
El único traslado en gobiernos anteriores fue el de Enrique Velázquez, que en enero de 2003, durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, pasó del juzgado de Instrucción N° 36 al de Menores N° 7.
Nueve de esas mudanzas fueron realizadas durante el gobierno de Mauricio Macri, que manejó el Consejo de Magistratura en los cuatro años de su gestión. En el Senado tuvo ayuda de Miguel Pichetto para aprobar decenas de pliegos pero desde 2018 el bloque peronista se rebeló y pidió mirarlos de a uno.
Los pliegos serán debatidos primero en la Comisión de Acuerdos que preside la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y luego en el recinto, presidido por Cristina Kirchner y dominado por el Frente de Todos, que tiene un piso de 39 votos propios, dos más que lo necesario para el quórum.Con ayuda de Camaño, el oficialismo aprobó la revisión del traslado de jueces de Macri
La cuenta resta a José Alperovich, de licencia por la denuncia de acoso sexual de su ex secretaria; y Carlos Memem, con problemas de salud. Pero para la mayoría de los temas contó con la ayuda del rionegrino Alberto Weretinleck y la misionara Magdalena Solari Quintana.
Entre las mudanzas que se revisarán se destacan los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dos jueces de tribunales orales que el macrismo llevó a la Cámara Federal 4 de Comodoro Py, que actúa en causas sobre corrupción. Al TOF 7 migró Germán Castelli.
Los tres enviaron cartas al Consejo de la Magistratura para advertir que la revisión de sus destinos "es ilegal y un atropello", pero aún así la mayoría del organismo decidió anularlos y enviar los pliegos al Poder Ejecutivo para que los remita al Senado. Fue clave el voto de la diputada opositora Graciela Camaño.
"Este dictamen está viciado porque este Consejo no tiene facultades para revisar las decisiones de otros poderes", sostuvo el juez Juan Manuel Culotta en la Magistratura. Anticipó una futura judicialización, que llegará después de la votación en la Cámara alta.
Otro conocido en la lista es el ex camarista Eduardo Farah al que el macrismo le concedió una salida elegante al TOF 2 de San Martín luego que fallara a favor de Cristóbal López. También está Federico Villena, el juez de Lomas de Zamora que abrió las causas que justificaron las escuchas judiciales a Cristina Kirchner en 2018 y este año inició la investigación sobre el espionaje ilegal durante el macrismo.
Entre los jueces del interior se destaca el de la jueza federal Zunilda Niremperger, trasladada del juzgado federal 2 al 1 de Resistencia y recordada por haber ordenado la prisión de la diputada radical Aída Ayala por negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito cuando era intendenta de esa ciudad. Evitó la prisión por sus fueros.
El juzgado que ocupó Niremperger es el de competencia electoral, al igual que otros dos que sumaron jueces nuevos con estos traslados: el 1 de Jujuy, que quedó a cargo de Esteban Hansen; y el de Posadas, donde se ubicó María Verónica Skanata. Necesitan el acuerdo del Senado para seguir en sus oficinas.
El único traslado en gobiernos anteriores fue el de Enrique Velázquez, que en enero de 2003, durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, pasó del juzgado de Instrucción N° 36 al de Menores N° 7.
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