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El Presidente les pidió el viernes a los directivos de Edesur un conjunto de obras en el conurbano para mejorar la calidad del servicio. El interventor del ENRE retomará esta semana la agenda con las distribuidoras.
El presidente Alberto Fernández recibió el viernes en Olivos a la primera plana de Edesur en medio de la avanzada de un sector del Frente de Todos —liderado por un grupo de intendentes del conurbano— contra la empresa eléctrica. La cita se concretó a pedido de la distribuidora controlada por la italiana Enel, que quiere entender a dónde apunta la escalada oficialista contra la compañía. Del encuentro participó también Federico Basualdo, interventor del ente regulador de la electricidad (ENRE), que recomendó al Ejecutivo anular la Revisión Tarifaria Integral (RTI) realizada por el gobierno anterior.
El Presidente pidió el viernes a los directivos de Edesur un conjunto de obras en el Conurbano para mejorar la calidad del servicio. Desde la empresa señalaron que para avanzar primero hay que retomar obras en cabeza de varios municipios que quedaron pendientes del programa Más Cerca, lanzado durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. La empresa advierte que el Estado nacional transfirió entre 2014 y 2015 a los intendentes los fondos comprometidos, pero los trabajos nunca se materializaron. Fueron unos $ 200 millones por mes. El gobierno prometió estudiar el tema.
Basualdo continuará esta semana con la agenda de trabajo que mantiene con las empresas distribuidoras. Las condiciones de borde de esa discusión aún no están claras. Los privados pretenden conocer el objetivo de fondo del gobierno. Saber de primera mano cuál es la intención del gobierno.
¿Qué pasará, en términos inmediatos, si el Ejecutivo avala la propuesta del ENRE?
Al anular la RTI, las distribuidoras no podrían reclamar un monto cercano a los $ 7000 millones que equivale a calcular el ingreso teórico no percibido por cada empresa a raíz del congelamiento de las tarifas desde febrero de 2019 a la fecha. Desde que se decretó la cuarentena obligatoria, que provocó, sobre todo en abril, problemas de cobrabilidad de las facturas residenciales, las distribuidoras empezaron a incrementar su deuda con Cammesa por la energía que toman del mercado eléctrico mayorista (MEM).
Edenor y Edesur fueron administrando ese rojo de manera tal de quedar empatados con las acreencias pendientes por el congelamiento. “Le debemos a Cammesa unos 7000 millones de pesos, que es exactamente lo mismo que dejamos de percibir desde principios de 2019 por la no actualización de las tarifas”, explicaron allegados a Edenor.
La agenda por delante girará en torno a cómo llevar la gestión económica y operativa de las dos mayores distribuidoras del país mientras dure el congelamiento. Durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se apeló a distintas soluciones para paliar esa situación.
Antecedentes
En mayo de 2013, el entonces secretario de Energía, Daniel Cameron, firmó la resolución 250 que permitió a las distribuidoras compensar parte de la deuda acumulada con Cammesa por los ingresos no efectivizados como resultado del congelamiento que se mantuvo entre 2002 y 2012.
¿Cuál fue en la práctica el objetivo de la normativa?
Evitar que Edenor y Edesur registraran un patrimonio neto negativo, lo que habría provocado su virtual disolución según las reglas de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Para que eso no suceda, el gobierno otorgó a las eléctricas un aumento teórico de sus tarifas sólo a los efectos de que puedan cancelar parte de la deuda contraída con el mercado mayorista.
Dos años más tarde, en marzo de 2015, Mariana Matranga, reemplazante de Cameron en Energía, rubricó la resolución 32 de esa cartera. ¿Qué estableció la resolución? Autorizó al Tesoro a inyectar por primera vez subsidios en las distribuidoras para cubrir gastos de mantenimiento y un programa de inversiones. El Estado se hizo cargo de esos gastos porque la caja de las empresas estaba en rojo por los casi 15 años de congelamiento tarifario.
Números
A priori, el interventor del ENRE no quiere replicar ninguna de esas dos vías, según indicaron fuentes privadas. Allegados al ente regulador afirmaron, sin embargo, que la decisión la tomará el Poder Ejecutivo. Además de anular la RTI, el organismo apunta a que las empresas desplieguen un plan de obras por unos $ 15.000 millones en conjunto en los próximos seis meses.
¿Cómo se financiará ese programa?
Las empresas exploraron informalmente la posibilidad de canjear esa inversión por la deuda existente con Cammesa. Una remake de la resolución 32/2013. Pero Basualdo no respaldó esa idea. Apunta a que la inversión esté a cuenta de los accionistas de las empresas eléctricas. Difícil que las empresas accedan a ese pedido sin discutir al mismo tiempo un sendero para aumentar tarifas a la par de la inflación.
“De hacerlo, terminaríamos el año con una deuda con Cammesa superior a los $ 20.000 millones”, explicaron allegados a Edenor, que factura en bruto unos $ 7.500 millones por mes.
El ENRE monitorea de manera regular los ingresos y gastos de las distribuidoras. Por eso, sabe que los números de las empresas están apretados para solventar las inversiones que reclama el interventor.
“Hay tres alternativas: a) que el Estado cubra con subsidios el costo de las obras en las redes; b) que los fondos surjan de los usuarios a través de aumentos de tarifas, o c) que el financiamiento surja de los accionistas de las distribuidoras, pero esa opción no es viable porque complicaría aún más la discusión de tarifas a futuro porque el Estado debería reconocer mayores costos en el pase a tarifas”, coinciden en las empresas.
Encerrona política
Cuando llegó al poder en octubre del año pasado, el gobierno aspiraba a tener margen económico para revisar a la baja las tarifas de gas y electricidad. Fue una de las promesas de campaña. La crítica a los tarifazos del macrismo se convirtió en un elemento identitario del Frente de Todos. Sin embargo, la precariedad de la macroeconomía esterilizó esa meta porque la continua suba del dólar —de casi un 300% en los últimos 26 meses— licuó buena parte de los aumentos aplicados por la administración de Macri.
“Es complejo porque la militancia del Frente de Todos reclama bajar las tarifas, pero, a raíz de la devaluación del peso y la inflación, cuando el gobierno revisa los números de las empresas encuentra que no hay muchas chances de estirar el congelamiento sin que eso implique tener que inyectar mayores subsidios en el sector eléctrico. Habrá que ver cómo se salda esa discusión puertas adentro del Ejecutivo”, analizó un consultor del sector eléctrico.
Fuente: Econojournal
