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El gobierno de Argentina dijo el sábado que rechaza la contrapropuesta que realizaron grupos de acreedores para reestructurar unos 65.000 millones de dólares en bonos, pero señaló que está dispuesto a mejorar los términos legales.
Si bien el Gobierno sostiene que no puede pagar más de lo que ofreció en su propuesta del 6 de julio, el país está dispuesto a modificar los términos contractuales para ayudar a mejorar el resultado de la reestructuración, tal como adelantó Reuters el miércoles.
“Argentina desea contribuir y contribuirá a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de reestructuración de deuda soberana cuando los deudores tengan apoyo significativo de los acreedores”, dijo el ministerio de Economía en un comunicado.
Sin embargo, una fuente del Gobierno dijo el sábado que podrá haber cambios en los términos legales de la última oferta presentada por Argentina a principios de mes, pero no habrá un aumento de la oferta.
Según el ministerio de Economía, la contrapropuesta de los grupos de bonistas, que dicen representar más de un tercio de los bonos del país, demandaba una mejora financiera del pago por parte de Argentina y que el país cubra “los honorarios y gastos de algunos de sus propios asesores”.
“Aquellos aspectos de la contrapropuesta que buscan imponer cargas adicionales a una economía que se está ahogando en plena crisis del COVID-19 (...) deben saber que sus reclamos no pueden ser acomodados. No sólo sería irresponsable, sino que también sería injusto”, dijo el ministerio en un comunicado.
El 20 de julio los grupos Ad Hoc, Exchange y ACC informaron que remitieron al país una nueva oferta conjunta de reestructuración de deuda, ya que no apoyaban la propuesta “final” del Gobierno, y dijeron confiar en que una resolución consensuada estaba al alcance.
Los tres grupos de bonistas dijeron que su nueva propuesta hizo “concesiones económicas y legales significativas” y añadieron que acordaron oponerse a la oferta del Gobierno.
Sin embargo, la brecha entre lo que ofrece el país y lo que demandan los acreedores no es significativa. Los analistas dicen que la brecha en las valoraciones de alrededor de 3 centavos por dólar debería ser resuelta antes de la fecha límite actual del 4 de agosto dispuesta para alcanzar un acuerdo, y evitar un duro enfrentamiento legal.
Argentina cayó en mayo en su noveno default de la historia y se encamina a una contracción económica de entre el 10% y 12% este año debido al impacto de COVID-19, profundizando una recesión que se inició en 2018.
“El gobierno argentino manifestó que la propuesta del 6 de julio es la oferta definitiva de la República a sus acreedores y representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener”, dijo el ministerio.
“Con esa convicción, nuestro país alienta a la comunidad de acreedores a aceptarla, sabiendo que de no ser así toda negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente Argentina”, agregó.
reuters
