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Jorge Enríquez, y un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, pidieron informes
sobre el alcance del protocolo de Ciberpatrullaje recientemente aprobado por el ministerio de seguridad.
Enríquez, alerta sobre la gravedad institucional de este protocolo y su atropello a los derechos fundamentales. Se confirman así las intenciones de la ministra de seguridad Sabina Frederic, de vigilar el humor social de los ciudadanos, en el contexto de la pandemia del COVID 19."
Al derogar la Resolución 31/2018 del ministerio de Seguridad, se eliminó un protocolo que estaba orientado a perseguir delitos graves como el narcotráfico y lo transformó en un protocolo que incurre en una evidente violación de los derechos de libertad de expresión consagrados por la Constitución Nacional.
Es justamente el Estado quien debe garantizar las libertades civiles y los derechos fundamentales de toda democracia.
"Exigimos nos informen qué garantías se aplicarán para la protección de datos personales y de qué manera se evitará la autocensura de expresión que resulte de una vigilancia indiscriminada", concluyó el diputado.
