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Desplazó a cuatro secretarios nombrados por la ex gobernadora María Eugenia Vidal luego de llegar a un acuerdo con el presidente del organismo, que ejerce el cargo hace 33 años.
Algunos lo llaman acuerdo "pampa", porque se hace en el suelo y bajo un poncho. Sería, aunque con las formalidades institucionales del caso, el arreglo entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el presidente del Tribunal de Cuentas, Eduardo Grinberg, para el desplazamiento de cuatro secretarios de esa dependencia nombrados en la gestión de María Eugenia Vidal.
No es muy distinto a los acuerdos precedentes de otras administraciones. Todos los gobiernos, de acuerdo con las voces más suspicaces, han tratado de cubrirse las espaldas. En esa prevención entra el Tribunal, que funciona como el auditor de los actos de gobierno. Es un organismo de la Constitución provincial, con un presupuesto de mil millones de pesos, el 95% destinado a los sueldos de casi 500 empleados, y mucho poder sobre los funcionarios del Ejecutivo e intendentes de los 135 distritos.
En ese espacio que debería ser celoso extremo de los manejos administrativos conviven, desde 1987, cargos de estructura jerárquica y de estructura media acondicionados al devenir político. Grinberg fue nombrado para esa fecha por el empuje de las negociaciones que mantenía el ahora diputado nacional cristinista Leopoldo Moreau con el peronismo. Ambos son de San Isidro. De cuño radical. De hecho, los cuatro organismos de control de la Constitución están en manos de la UCR, desde los tiempos del gobernador Antonio Cafiero (1987-1991).
De las deformaciones en las prácticas que surgen con el tiempo, además de los cuatro vocales que acompañan al Presidente, los secretarios también adquirieron preponderancia. Hace poco que manejan caja propia, constituida por 25 mil módulos y la posibilidad de incorporar hasta cuatro asesores. Esa ampliación determinó el crecimiento del 10 por ciento de la dotación de personal del Tribunal. Compuso una de las quejas últimas, porque hay empleados de carrera que trabajaron en las mismas funciones durante años.
En momentos de escasez, el incremento del 17% en esos gastos adicionales aparecería irritativo. Tanto como en su oportunidad, y no hace mucho, resultaron las peleas entre el propio Grinberg y un par de vocales que denunciaron nepotismo en el Tribunal. Exponían al funcionario, quien lleva 33 años en el cargo, por el nombramiento de su hijo, esposa, la mujer de su chofer y un profesor de yachting.
Este año sobrevino una denuncia judicial contra el presidente del Tribunal y un pedido de jury político por mal desempeño en las funciones. Solo puede ser desplazado por un juicio político. El cargo es inamovible por amparo de la Constitución.
Con estos elementos en juego, Kicillof decidió remover a los actuales secretarios encargados de estructuras estratégicas para el control de expedientes, caja y cargos. De hecho, repondrá a dos que habían sido “corridos” en marzo 2019 por María Eugenia Vidal.
Si no ocurren imponderables, el martes estarán listas las designaciones.
Será anunciado como una normalización en el funcionamiento. Reasumirán María del Carmen Sabugal, en la Secretaría de Modernización y Fortalecimiento; y Silvina Novello en la secretaria de Actuaciones y Procedimiento. En remplazo de Hernán González y María Florencia Vezzetti, respectivamente.
También serían desplazados Leonardo Di Pietro, que ocupa la Secretaría de Auditoría Financiera y Proyectos de Inversión; y Felipe González Barlatay, quien en su momento fue asesor del ex jefe de Gabinete, Federico Salvai, y actualmente ocupa la Secretaría Legal y Técnica en el Tribunal. Como se sabe, Di Pietro fue nombrado tesorero del Pro bonaerense después del reemplazo de su antecesora, María Fernanda Inza, involucrada en la causa por aportantes truchos.
Grinberg se asegura la presidencia. A resguardo de la denuncia por malversación de los caudales públicos y del juicio político, mientras compone con el poder de turno una salida mediata sin traumas o complicaciones.
Tiene sus cartas. El Tribunal, si funciona con estricto acople a sus funciones, resulta apremiante sobre las conductas administrativas de jefes comunales, funcionarios del gobierno provincial, reparticiones autárquicas y entes espaciales.
¿Alcanzará para armonizar todos los intereses? En enero 2019, luego de largas negociaciones, se designaron dos vocales de Cambiemos (Gustavo Diez y Ariel Pietronave). Uno de Sergio Massa (Daniel Chillo), y otro del intendente Martín Insaurralde (Juan Pablo Peredo).
No hay concurso para esos procedimientos, como los utilizados en países modélicos en la administración pública como Francia. Se rige por designio político.
De esta manera, los nombramientos adquieren cierta familiaridad con el universo de eventuales observados. Distinta de la familiaridad que le observaron los vocales a Grinberg, pero no menos gravosa, de acuerdo con la mirada de aquellos prejuiciosos.
Rodolfo Lara
