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La Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo público responsable de controlar las obras sociales y las empresas que ofrecen una cobertura de salud privada, eliminó algunas prestaciones de apoyo a la educación de niños con discapacidad, denunció este jueves en un comunicado la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Según publicó Agencia Sputnik, "la Superintendencia de Servicios de Salud redujo la cobertura de las prestaciones de apoyo a la educación de los niños y niñas con discapacidad", puntualizó la entidad.
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial el pasado martes, el organismo disminuyó de manera significativa el número de horas que se brindan a labores de asistencia dedicadas a la inclusión escolar.
"En particular, si bien establece la posibilidad de brindarlas a través de plataformas de teleasistencia y/o teleconsulta, al mismo tiempo prevé que se cubrirán menos horas que con anterioridad al aislamiento" social obligatorio vigente desde hace casi tres semanas, especificó la ACIJ.
La mengua de tiempo destinado a los niños con discapacidad durante esta época de confinamiento marcada por el coronavirus implica que un estudiante con discapacidad recibe hasta 14 horas menos de apoyo por semana.
En general, un alumno con discapacidad requiere de un profesional de apoyo durante 20 horas por semana (cuatro horas por día los cinco días de la semana), pero sólo accede como máximo a seis horas "sin contemplar la cantidad de tiempo que el alumno o alumna efectivamente la necesita", precisó la ONG.
"La decisión adoptada pone en peligro la continuidad educativa de los niños y niñas con discapacidad que requieren la prestación y agrava las barreras que este colectivo enfrenta en el ejercicio de su derecho a la educación", advirtió la ACIJ.
El cambio en la modalidad de la educación, que se ha trasladado a las plataformas virtuales, no debería conllevar que las horas de asistencia deban reducirse, indicó la entidad.
"Por el contrario, los nuevos formatos de trabajo y desafíos que presenta la educación a distancia, vuelven necesario que el vínculo entre los y las docentes del aula y de apoyo y el alumno o alumna con discapacidad y su familia se fortalezca para garantizar una educación de calidad", especificó la ACIJ.
La Resolución de la Superintendencia también trae aparejadas consecuencias negativas en la situación laboral y económica del profesional de apoyo a la inclusión escolar, advirtió el organismo, ante el deterioro salarial de este colectivo.
"La situación actual exige del Estado la adopción de medidas que contemplen soluciones educativas para todo el alumnado, y que aseguren que los agentes de salud o el Ministerio de Educación garanticen la continuidad de los apoyos durante el tiempo que lo hacían previamente a la suspensión de las clases presenciales", señaló la ACIJ.
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