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La discusión sobre un impuesto a la riqueza estimuló la aparición de múltiples proyectos en los últimos días. Una de las últimas iniciativas es la de gravar las principales fortunas de la Argentina para garantizar la alimentación de toda la población por tres meses con un bono de $5.000. Así se desprende de un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IpyPP) titulado "La búsqueda por desmontar las prácticas planificadas de evasión fiscal de las grandes fortunas de la Argentina".
El mismo fue elaborado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, junto a un equipo integrado por Horacio Fernández, Samantha Horwitz y Ana Rameri.
"Este material propone poner en marcha una contribución especial, y por única vez, por parte de las principales fortunas de la Argentina. Esta contribución, se sugiere, debiera permitir garantizar, por tres meses un piso de ingresos de carácter universal, sin ninguna condicionalidad, y equivalente al valor de la canasta alimentaria. Se trata de asignar 5.000 pesos a cada persona que habita nuestro país, lo que implicaría unos $20.000 pesos por hogar tipo", explicó el economista.
El informe sostiene que se podrían recaudar $674.000 millones a partir de un tratamiento distinto del Impuesto a los Bienes Personales, y de una alícuota sobre la facturación de las principales empresas y bancos de nuestro país que actuaría como adicional recaudatorio en concepto de patrimonio presunto, y como modo de penalizar las practicas de evasión patrimonial que los principales agentes del poder económico y las principales fortunas realizan sistemáticamente.
Con esos ingresos, el Estado podría pagar un bono durante 90 días a cada uno de los 45 millones de habitantes para cubrir su gasto alimentario. La fuente de los recursos provendría de las principales fortunas. "Mientras la AFIP registra unas 32.000 personas con fortunas superiores al millón de dólares, la información disponible y especializada a nivel mundial indica que son 114.000 los argentinos que tienen patrimonios superiores al millón de dólares", señaló el IPPyP.
El informe asegura que la diferencia entre los datos sobre la situación patrimonial de los argentinos obece a dos motivos: "Por un lado, un Estado que evidencia una baja preocupación por cobrarles a los ricos (máxime en los últimos cuatro años), y por otro, y centralmente, las prácticas sistemáticas de ocultamiento de rentas y patrimonios que los agentes del poder económico y las principales fortunas llevan adelante", explica el IPyPP.
En ese sentido, el impuesto busca contrarestar un sistema tributario en el que, según el trabajo, priman los impuestos indirectos sobre los que gravan riqueza y rentas. El esquema actual "registra una presión sobre el sistema económico que está en línea con los estándares internacionales, pero se sustenta en una estructura regresiva que produce una recaudación injusta y procíclica", indica el instituto.
Según el estudio, "el cuestionable diseño de estos últimos termina atentando contra los ingresos de los trabajadores y el patrimonio de los sectores medios, sin alcanzar de manera contundente la capacidad contributiva de los estratos más ricos. Esto se debe a los mínimos no imponibles vigentes y, particularmente, a la estructura de alícuotas".
Por otra parte, dada la distribución de capacidades y funciones repartidas entre las provincias y el Estado nacional, conforme a la organización federal de gobierno que rige en nuestro país, las provincias mantienen para sí la potestad de gravar inmuebles y vehículos.
"Esos tributos no están correctamente articulados con el Impuesto a las Ganancias ni con el impuesto a los Bienes Personales. Incluso, las valuaciones fiscales, subvaluadas y descoordinadas, permiten maniobras de ocultamiento y elusión fiscal. En todo sentido, el problema tributario argentino no es tanto de presión, como de composición, administración y coordinación federal", señala el informe.
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