Por Jorge
Enríquez
Se
ha originado en estos días una fuerte polémica entre el Presidente
de la República, su Jefe de Gabinete, otras altas autoridades
nacionales, sectores sociales y algunos condenados por la justicia en
torno a si hay o no presos políticos en nuestro país.
En
la Argentina no existen, afortunadamente, los presos políticos. Sí
hay algunos políticos presos.
Estos últimos se hallan detenidos no por su condición de políticos,
sino porque la justicia ha determinado que existe causa suficiente
para procesarlos por la comisión de delitos de corrupción y que
están dados los extremos para imponerles la prisión preventiva.
Preso
político es el que ha sido encarcelado por sus ideas o sus acciones
políticas.
Nuestro país tiene una larga historia en materia de estas
arbitrariedades, que fueron comunes durante gobiernos de facto, pero
que no faltaron tampoco en ciertos gobiernos de origen democrático.
En la primera y segunda presidencia de Perón hubo muchos. El caso
más resonante fue el de Ricardo
Balbín,
presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica
Radical, el legendario Bloque de los 44, entre 1946 y 1949, cuando
fue desaforado a pedido de un juez al gobierno y más tarde detenido
por alrededor de un año en la cárcel de Olmos. ¿La causa?
Expresiones políticas contra el presidente. Otros grandes dirigentes
de la oposición también fueron muchas veces detenidos en esa época
por ser críticos del gobierno. La lista es larga: incluye a
personalidades de la talla de Alfredo
Palacios, Moisés Lebensohn y Federico Pinedo (abuelo).
Nada
de eso ocurre ahora. Cualquiera puede decir lo que le parezca,
incluso los disparates más grandes, las falsedades más evidentes.
Las opiniones críticas sobre funcionarios públicos suelen alcanzar
las formas más duras y nadie es molestado por ellas.
Ahora
bien, lo
que algunos pretenden con estas campañas, que se iniciaron a fin del
año pasado bajo la absurda consigna “Navidad sin presos políticos”
es que quienes han sido procesados o condenados, no por sus ideas
políticas, sino lisa y llanamente por haber cometido gravísimos
actos de corrupción, se encuentren en libertad.
Es
por cierto discutible el alcance de la prisión preventiva, una
medida que solo debería adoptarse excepcionalmente ya que constituye
una pena anticipada y que solo se justifica, como su nombre lo
indica, para que la persona que es imputada en un proceso penal pueda
llegar al momento de la sentencia, disponible ante el juez y además
no entorpezca la investigación, o sea, las dos cuestiones por las
cuales un juez puede declarar la prisión preventiva son los casos de
riesgo de fuga o de obstaculización del proceso.
Entiendo
que en la generalidad de las situaciones que involucran a ex
funcionarios kirchneristas están dados esos extremos, pero comprendo
que otros puedan tener un criterio distinto. En tal caso, deberían
reclamar la libertad de casi todos los detenidos sin condena
firme. ¿O
reclaman un privilegio? ¿Se consideran por encima de las leyes? Es
una ofensa grosera a toda la ciudadanía, sostener que se trata de
presos políticos. Hay una lamentable banalización de este concepto.
Entre
quienes a lo largo de la historia han sido encarcelados y vejados por
defender la libertad y quienes hoy se hallan con prisión preventiva
por haber incurrido en distintas modalidades de corrupción hay un
abismo.
Una
cosa es defender ideales, convicciones y principios y otra
diametralmente opuesta es estar esperando cada tarde la “recolección”
diaria de coimas y sobornos, prolijamente detallada en la causa de
los cuadernos y corroborada por decenas de declaraciones
testimoniales y de arrepentidos.
Ni
Julio De Vido ni Lázaro Báez ni Amado Boudou ni tantos otros están
presos por sus ideas. De hecho, escuchamos y leemos todos los días
ideas más extravagantes y absurdas que las de ellos y no están
sometidos a proceso por esa razón.
Si
no pudiera haber políticos presos significaría que una categoría
de personas, los políticos, está por encima de la ley. En una
República eso es inadmisible.
diputado nacional (Cambiemos)