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Es un trabajo periodístico sobresaliente, pero el Gobierno de su país usa todas las argucias para ocultarlo. Cuba vuelve a demostrar su reticencia ante la libertad de expresión y la labor de los informadores.
La reportera Mónica Baró, de 31 años, ha sido una de las últimas víctimas. Su investigación sobre la intoxicación de plomo en la localidad de San Miguel del Padrón duro dos años. Las fuentes oficiales prefirieron no abordar el tema. En su país, el Gobierno cerró varios medios independientes en enero alegando que eran "plataformas para la restauración del capitalismo en Cuba". Baró obtuvo el pasado mes de octubre el premio Gabo en Bogotá.
"Me parecen reconocimientos de un trabajo que cada vez se está poniendo más al nivel del periodismo internacional en circunstancias que son totalmente diferentes al resto del periodismo que está llegando a esos certámenes", reconoce Baró.
Reporteros sin Fronteras coloca a Cuba en el puesto 168 de 180 países en el índice de libertad de prensa. Allí, el periodismo es ilegal aunque tolerado con reticencia.
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