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Con un acuerdo entre Cambiemos y la oposición, que permitió arribar a un proyecto unificado, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado este miércoles la ley de góndolas, que busca fomentar la competencia entre marcas en los grandes supermercados y frenar conductas monopólicas que afecten el bolsillo de los consumidores y el trabajo de las pymes.
El corazón de la iniciativa -que recibió 182 votos afirmativos, ninguno negativo y 17 abstenciones- es que una misma marca no podrá superar el 30% del espacio disponible en la góndola que comparte con productos de similares características. La participación deberá involucrar a no menos de cinco proveedores o grupos empresarios.
Del mismo modo, deberá garantizarse un 25% de la góndola para la exhibición de productos producidos por micro y pequeñas empresas nacionales; y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena, y los sectores de la economía popular.
Por otra parte, en las islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas -que configuran los sectores más codiciados- se deberán presentar en un 50% del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales, o por cooperativas y mutuales.
Al abrir el debate, la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Marcela Passo (Frente Renovador) anunció que la oposición -que contaba con el dictamen de mayoría- arribó a un consenso con el interbloque Cambiemos para lograr una redacción unificada.
“Estamos dando un paso importante en la búsqueda del equilibrio y la justicia que tanto consumidores como pymes están necesitando”, destacó Passo, y agregó: “Advertimos la necesidad de reducir distorsiones que hoy existen en las ventas minoristas en las grandes cadenas producto de la falta de competencia”.
La legisladora consideró que esta iniciativa contribuirá a transparentar el precio de los productos alimenticios, de higiene personal y de limpieza del hogar, que son los que están contemplados en el texto. Además, permitirá “acompañar a las pymes que hoy no pueden ingresar a las grandes cadenas”, dijo.
Una de las voces más resonantes del debate fue la de Elisa Carrió, quien arribó al recinto solo para referirse a esta ley. Lo hizo con su habitual estilo explosivo: “Los supermercados fijan los precios y les es fácil arreglar con cualquier gobierno. Lo hizo (Guillermo) Moreno. Si se tienen que fundir los supermercados y tienen que renacer los almacenes, mejor para el país”, lanzó.
“Lilita” advirtió: “Alguna vez se va a tener que poner en cada marca cuál es el costo del producto en el campo y cuál es el costo de venta en el supermercado, porque acá se funden los productores y se funde el consumidor y los gobernantes acuerdan con los dueños de los supermercados, cualquiera sea el gobierno”.
Por su parte, el diputado y casi seguro futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que el proyecto “es un avance” ya que “el proceso de intermediación es muy caro para los argentinos”. El legislador de Red por Argentina señaló que “votar esta ley amplía la oferta de alimentos, de productos de higiene y limpieza, y permite que haya una diversidad de ofertas”.
Arroyo aseveró que “no hacen falta muchos datos para ver que el consumo ha caído en forma brutal”, y destacó que esta ley, que es “equilibrada y armónica”, permitirá impulsar “la producción local y la economía popular”.
Por el Frente para la Victoria-PJ, la economista Fernanda Vallejos señaló que “esta norma viene a formar parte de una política integral que denominamos ‘Argentina contra el hambre’”, que fue anunciada por el presidente electo, Alberto Fernández.
“Esperamos comenzar a transitar un camino de transformaciones en nuestro país donde los que más sufren y que han sido excluidos en los últimos tres años, vuelvan a estar en el centro de la política económica”, expresó Vallejos.
En tanto, Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General, aseguró que se busca “romper con el monopolio del precio de los alimentos”. En este sentido, afirmó que “las góndolas están monopolizadas por los productos de las grandes empresas”, y que eso es “un problema que sufren los pequeños productores de la Argentina”.
“Esta ley beneficia al consumidor. Hoy la oferta está restringida en las grandes cadenas. En cambio, en los pequeños mercados se encuentra más variedad de productos”, aseveró el legislador macrista, y por último mencionó que “el proyecto estimula que en la góndola haya más productos de los que hay hoy”.
Detalles del proyecto
El proyecto contempla los alimentos, bebidas, productos de higiene personal y de limpieza del hogar, procurando que el precio “sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores”. También se busca “mantener la armonía y el equilibrio” entre los distintos actores involucrados “con la finalidad de evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado”.
Asimismo, se intenta “ampliar la oferta de productos artesanales o regionales nacionales producidos por las micro, pequeñas y medianas empresas”, y “fomentar, a través de un régimen especial, la oferta de productos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena”.
Los sujetos alcanzados por la futura ley son los supermercados, autoservicios de productos alimenticios o no alimenticios, cadenas de negocios minoristas, organizaciones mayoristas de abastecimientos, tipificadores-empacadores de productos perecederos y centros de compras.
Los productos de menor precio conforme la unidad de medida deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primero y último estante. En locaciones virtuales, deberá garantizarse que estos productos se publiquen en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión.
El proyecto establece que “queda prohibido generar una exclusión anti-competitiva de proveedores por el alquiler de espacios en góndolas o locaciones virtuales, o espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales”.
Los supermercados no podrán exigirle a los proveedores aportes o adelantos financieros por ningún motivo. Asimismo, en la negociación contractual entre supermercados y proveedores no podrá oponerse como condición la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión, ni ninguna otra práctica contraria a la competencia.
El proyecto también crea un “Código de Buenas Prácticas Comerciales de Distribución Mayorista y Minorista”, que deberá incluir las prácticas consideradas “abusivas” según esta norma y las leyes ya vigentes en la materia.
parlamentario
El corazón de la iniciativa -que recibió 182 votos afirmativos, ninguno negativo y 17 abstenciones- es que una misma marca no podrá superar el 30% del espacio disponible en la góndola que comparte con productos de similares características. La participación deberá involucrar a no menos de cinco proveedores o grupos empresarios.
Del mismo modo, deberá garantizarse un 25% de la góndola para la exhibición de productos producidos por micro y pequeñas empresas nacionales; y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena, y los sectores de la economía popular.
Por otra parte, en las islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas -que configuran los sectores más codiciados- se deberán presentar en un 50% del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales, o por cooperativas y mutuales.
Al abrir el debate, la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Marcela Passo (Frente Renovador) anunció que la oposición -que contaba con el dictamen de mayoría- arribó a un consenso con el interbloque Cambiemos para lograr una redacción unificada.
“Estamos dando un paso importante en la búsqueda del equilibrio y la justicia que tanto consumidores como pymes están necesitando”, destacó Passo, y agregó: “Advertimos la necesidad de reducir distorsiones que hoy existen en las ventas minoristas en las grandes cadenas producto de la falta de competencia”.
La legisladora consideró que esta iniciativa contribuirá a transparentar el precio de los productos alimenticios, de higiene personal y de limpieza del hogar, que son los que están contemplados en el texto. Además, permitirá “acompañar a las pymes que hoy no pueden ingresar a las grandes cadenas”, dijo.
Una de las voces más resonantes del debate fue la de Elisa Carrió, quien arribó al recinto solo para referirse a esta ley. Lo hizo con su habitual estilo explosivo: “Los supermercados fijan los precios y les es fácil arreglar con cualquier gobierno. Lo hizo (Guillermo) Moreno. Si se tienen que fundir los supermercados y tienen que renacer los almacenes, mejor para el país”, lanzó.
“Lilita” advirtió: “Alguna vez se va a tener que poner en cada marca cuál es el costo del producto en el campo y cuál es el costo de venta en el supermercado, porque acá se funden los productores y se funde el consumidor y los gobernantes acuerdan con los dueños de los supermercados, cualquiera sea el gobierno”.
Por su parte, el diputado y casi seguro futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que el proyecto “es un avance” ya que “el proceso de intermediación es muy caro para los argentinos”. El legislador de Red por Argentina señaló que “votar esta ley amplía la oferta de alimentos, de productos de higiene y limpieza, y permite que haya una diversidad de ofertas”.
Arroyo aseveró que “no hacen falta muchos datos para ver que el consumo ha caído en forma brutal”, y destacó que esta ley, que es “equilibrada y armónica”, permitirá impulsar “la producción local y la economía popular”.
Por el Frente para la Victoria-PJ, la economista Fernanda Vallejos señaló que “esta norma viene a formar parte de una política integral que denominamos ‘Argentina contra el hambre’”, que fue anunciada por el presidente electo, Alberto Fernández.
“Esperamos comenzar a transitar un camino de transformaciones en nuestro país donde los que más sufren y que han sido excluidos en los últimos tres años, vuelvan a estar en el centro de la política económica”, expresó Vallejos.
En tanto, Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General, aseguró que se busca “romper con el monopolio del precio de los alimentos”. En este sentido, afirmó que “las góndolas están monopolizadas por los productos de las grandes empresas”, y que eso es “un problema que sufren los pequeños productores de la Argentina”.
“Esta ley beneficia al consumidor. Hoy la oferta está restringida en las grandes cadenas. En cambio, en los pequeños mercados se encuentra más variedad de productos”, aseveró el legislador macrista, y por último mencionó que “el proyecto estimula que en la góndola haya más productos de los que hay hoy”.
Detalles del proyecto
El proyecto contempla los alimentos, bebidas, productos de higiene personal y de limpieza del hogar, procurando que el precio “sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores”. También se busca “mantener la armonía y el equilibrio” entre los distintos actores involucrados “con la finalidad de evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado”.
Asimismo, se intenta “ampliar la oferta de productos artesanales o regionales nacionales producidos por las micro, pequeñas y medianas empresas”, y “fomentar, a través de un régimen especial, la oferta de productos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena”.
Los sujetos alcanzados por la futura ley son los supermercados, autoservicios de productos alimenticios o no alimenticios, cadenas de negocios minoristas, organizaciones mayoristas de abastecimientos, tipificadores-empacadores de productos perecederos y centros de compras.
Los productos de menor precio conforme la unidad de medida deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primero y último estante. En locaciones virtuales, deberá garantizarse que estos productos se publiquen en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión.
El proyecto establece que “queda prohibido generar una exclusión anti-competitiva de proveedores por el alquiler de espacios en góndolas o locaciones virtuales, o espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales”.
Los supermercados no podrán exigirle a los proveedores aportes o adelantos financieros por ningún motivo. Asimismo, en la negociación contractual entre supermercados y proveedores no podrá oponerse como condición la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión, ni ninguna otra práctica contraria a la competencia.
El proyecto también crea un “Código de Buenas Prácticas Comerciales de Distribución Mayorista y Minorista”, que deberá incluir las prácticas consideradas “abusivas” según esta norma y las leyes ya vigentes en la materia.
parlamentario
