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El presidente electo quiere acelerar la firma del Pacto Social para presentarlo en el Congreso de la Nación en sesiones extraordinarias y empezar a implementarlo en 2020 como herramienta principal para salir de la crisis. Para eso, necesita que las Pymes mantengan los puestos de trabajo e incluso sumen nuevos. Pero es un sector muy vapuleado en los años del macrismo que primero necesita medidas de alivio e incentivo, especialmente por la falta de crédito y las deudas que acumularon. En el albertismo primero piensan que el acuerdo social contenga exenciones impositivas para las empresas que no despidan gente. A eso sumarían una gran moratoria impositiva y previsional que incluiría quitas de deuda. Apunta a beneficiar a unas 400.000 empresas.
En el Pacto Social que impulsa Alberto Fernández el presidente electo quiere que las empresas, principalmente las Pymes, sostengan el nivel de empleo sin despedir a más gente y que inclusivo contraten a nuevos empleados. A esa apunta la ‘emergencia ocupacional’ de la cual se habló mucho en el albertismo en los últimos días y que requerirá también de un acuerdo con los sindicatos. Pero, además, el sector Pymes necesita de otros incentivos para cumplir el rol que Alberto les quiere encomendar en su gobierno. A eso apuntaría una gran moratoria previsional e impositiva que estaría analizando por estas horas el equipo económico del futuro mandatario y que se incluiría en el Pacto.
En cuanto a la emergencia ocupacional, se están negociando implementar contrataciones más flexibles con ventajas previsionales e impositivas para los empresarios que decidan crear nuevas fuentes de trabajo.
Se espera que esta nueva emergencia se incluya en el llamado a sesiones extraordinarias que realice Fernández.
Sobre las ventajas previsionales e impositivas, según reveló este miércoles (20/11) el diario Ámbito Financiero, consistirían en una gran moratoria con quita de la deuda que las empresas tengan con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y un importante plan de pagos. Esta idea sería llevaba por Alberto al Congreso.
Estas medidas estarían acompañadas de la inédita apertura de las negociaciones para la firma de nuevas convenciones colectivas de trabajo.
Sobre la moratoria impositiva, en el albertismo apuntar a beneficiar a 400.000 empresas que en su mayoría son pymes, y que tienen serios incumplimientos tributarios ante el organismo recaudador.
La propuesta para ellos sería una quita en el volumen del pasivo y un plan de pagos de “largo plazo y con tasas razonables”.
En cuanto a la moratoria previsional, según da cuenta el matutino económico, se trata de un pedido de parte de la CGT, como condición para sumarse al acuerdo social de Fernández.
Esto también sería parte de los proyectos enviados al Congreso que incluiría un blanqueo de empleados no registrados sumado, en el caso de las pymes, a una rebaja en las contribuciones patronales y aportes durante un tiempo.
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