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Presión social y pactos futuros

Hasta ahora, lo más claro del plan económico de Alberto Fernández es activar el consumo y parar los precios.

La puesta en escena (electoral) del acuerdo social que impulsa Alberto Fernández ha sido, por ahora, solo eso: una demostración de voluntad en la que la representación sindical estuvo sobrerrepresentada a expensas de la empresaria. La presencia del presidente de la Unión Industrial en Tucumán, Miguel Acevedo, le dio mayor formalidad a la movida que organizó el gobernador Juan Manzur, que trabaja a destajo para reunir masa crítica alrededor del candidato presidencial del Frente de Todos. Acevedo, según se supo, se mostró sorprendido por el decisivo sesgo electoral del acto, pero la música de fondo de ese evento estuvo en sintonía con el deseo de la central de industriales de impulsar una política productiva, tal como Fernández le prometió a Acevedo.
La idea de este acuerdo de precios y salarios por seis meses se asemeja, antes que nada, a una tregua para que el nuevo gobierno, si emerge triunfante el 10 de diciembre, tenga tiempo de articular un plan coherente en el que se tiene que hacer visible cómo se financiará, descontando que el crédito internacional estará muy restringido para la Argentina.
Se trata de una cuestión neurálgica y que por ahora pretende ser camuflada con ambigüedades obligadas o por interpretaciones tan irresponsables como demostrativas de una ignorancia sorprendente de las relaciones internacionales.
Las definiciones homeopáticas que está desgranando Fernández sobre cómo se cumplirá con las promesas electorales de bienestar y producción apuntan, centralmente, a la estimulación del consumo: “Hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente”. Es decir, “salariazo” y control de precios, para empezar. Luego se verá.
Está claro, sin embargo, que el Fondo Monetario tomará sus precauciones políticas antes de hacer el último desembolso de US$ 5.400 millones. Este jueves anticipó que Argentina está en una situación muy compleja pero que no se ha violado ninguna regla, contra lo que dijo públicamente Alberto Fernández.
La versión de que ese desembolso recién se concretaría después de la elección de octubre, es también asumida por el gobierno argentino, así como el “reperfilamiento” de la deuda.
Alberto F., desde aquel acto en Tucumán, pidió cesar con las protestas en las calles, una alusión directa a la presión piquetera dura, que debe terminar este viernes, tras 48 horas de corte y acampe en la principal avenida porteña. La tarea política difícil por delante es cómo pueden ir desactivando una movilización que puede convertirse, más temprano que tarde, en un problema para la nueva administración.
El primer punto es que las organizaciones que están movilizadas contra el Gobierno se financian con dinero estatal, destinada a los sectores de menores recursos pero que también sirve para mantener viva la protesta.
La segunda cuestión no menos importante es la división objetiva que se da en esos movimientos, como ha quedado expresado este jueves con manifestaciones distintas en la Plaza del Congreso y el Obelisco. Esa ala más dialoguista -Corriente Clasista Combativa (maoísta), CTEP (básicamente peronistas, con vínculos con la Iglesia) y el Movimiento Evita (Chino Navarro es uno de sus referentes, ahora muy cercano a AF)- estará contenida hasta que se conozca lo que se proponen hacer desde el gobierno. Están en vigilia activa.
La emergencia alimentaria votada permite manejar con libertad fondos y compras directas. Son medidas pensadas no para Macri sino para los que están en el umbral del poder.

Ricardo Kirschbaum