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El Gobierno posterga la licitación de PPP porque las empresas no quieren pagar IVA

El programa de Participación Público Privado, con el que el Gobierno nacional pretende mantener el ritmo de obras y aliviar las cuentas estatales, continúa con serios inconvenientes para ponerse en marcha. La licitación de corredores viales que se esperaba como el hito de arranque de los PPP será postergada porque los empresarios no quieren que les cobren IVA.

La apertura de sobres para la construcción de rutas y autopistas, la primera experiencia de inversión bajo el modelo de PPP, estaba prevista para el próximo 3 de abril. Pero según supo LPO será postergada por el Ministerio de Transporte porque los empresarios pidieron más tiempo, ya que mantienen las dudas por la letra chica del programa. La postergación será por alrededor de un mes y medio.
El problema es que los empresarios siguen teniendo complicaciones para analizar los costos del modelo y las posibilidades de retorno de la inversión. El aumento de las tasas de interés para endeudamiento y las dudas sobre el cumplimiento de las metas de inflación, no hacen más que poner todavía más cautelosos a los hombres de negocios.
Como explicó LPO, uno de los inconvenientes principales que tiene el programa es que el financiamiento es sin garantía soberana, por lo que la tasa de interés es mucho más alta. La ley de PPP precisamente evita ese detalle, ya que si el Estado termina garantizando las deudas no tiene sentido el sistema, que implicaría tomar deuda a tasas más caras que si hiciera de manera directa, como es hasta ahora. Pero las empresas no quieren saber nada de poner plata sin ese resguardo.
Por eso es que desde hace semanas se especula en el mercado con la posibilidad de que el Ministerio de Finanzas termine emitiendo alguna clase de bono, con una garantía disfrazada. Ese es el reclamo de los posibles inversores, aunque el principal pedido sigue siendo la garantía soberana.
Adicionalmente, el problema que tienen las constructoras tradicionales de la Argentina, es que no tienen la expertise para salir a tomar deuda a los mercados internacionales. Están demasiado atadas al sistema histórico de obra pública, y ni siquiera cuentan con la estructura profesional para ir a buscar fondos.
Es por eso que para la puesta en marcha del PPP pican en punta las grandes empresas que sí tienen experiencia para salir a fondearse a los mercados, como Techint, Roggio, Cartellone o Mindlin, o algunos actores nuevos como Araucaria y Santos Uribelarrea, más vinculados a los negocios energéticos. Pero dejar afuera a las constructoras tradicionales sería riesgoso para el Gobierno.
Otro tema controversial es el método elegido para el pago de obras, que es la emisión de un "bono TPI" (Títulos de Pagos con inversión). Se trata de un bono en dólares a 10 años que le entregarán a los contratistas ante cada período de obra finalizado. El problema es que el Gobierno impuso que esos títulos tengan interés cero, a menos que se atrasen los pagos.
Lo que dicen los empresarios es que por no tener tasa de interés y las dudas que hay con los PPP, estos títulos en el mercado los podrían colocar a un 35% de su valor, según calculan. A esto se suma -según comentan los ejecutivos- que por otra polémica decisión del Gobierno los bonos TPI tienen que pagar IVA, por lo que habría que descontarle otro 21%. La arquitectura de esos bonos es compleja hasta para quienes están habituados a emitir deuda.
Otro punto de discusión es qué sucede si el fideicomiso que se creará para pagar esas obras (que será alimentado por una tasa sobre el gasoil), es insuficiente. En el Gobierno se comprometen a incluir cada año en el Presupuesto una garantía para que el Tesoro pague la diferencia.
Con esto más el alto costo de financiamiento, la falta de garantía de retornos de inversión y los temores por la inflación futura, la ecuación económica no cierra y por eso trascendió que los proyectos que las empresas estaán diagramando para presentar ante el Gobierno contienen precios que hasta duplican los de las obras tradicionales, según detalló días atrás el diario El Cronista.
La resolución inmediata que analizan en el Gobierno es, además de postergar la apertura de los sobres, efectivamente cumplirle el deseo a los empresarios y eximir el IVA para garantizarles un mayor margen de ganancia. 
Las constructoras tradicionales preferirían directamente que el Gobierno emita un bono y les pague por las obras, aunque el problema de la Rosada es que se le está disparando la relación deuda/PBI y necesita descomprimir el endeudamiento. De todos modos hay quienes sostienen que el mecanismo de PPP es deuda encubierta.
Un hombre de negocios ya le había advertido a LPO en diciembre, cuando Guillermo Dietrich hizo una gira por Europa para atraer a los inversores, el problema del costo que tendrían las obras. "En Estados Unidos el PPP nos da una rentabilidad del 8%, para entrar a la Argentina no lo haríamos por menos de un 16% más el costo de financiamiento", dijo un empresario.
Para peor en el Gobierno ya empiezan a hablar sin temor sobre la posibilidad de volver a incumplir la meta de inflación del 15%, a cambio de empujar un poco el crecimiento y disminuir el malestar social. Una receta con resultados bastantes conocidos.
Así las cosas, en el mercado empieza a circular muy fuerte el fantasma del fracaso del PPP en España, donde el gobierno de Mariano Rajoy tuvo que estatizar las autopistas y asumir pérdidas por casi 2.500 millones de dólares. Algo similar está sucediendo en el Reino Unido, lugar de la creación de los PPP, donde el Parlamento emitió un documento lapidario sobre el sistema y advirtió sobre las pérdidas millonarias que debe asumir el Estado.
No obstante, hombres de negocios confiaron a este medio que creen que el sistema finalmente tendrá resultados positivos, aunque no creen que el Gobierno consigan los casi 6 mil millones de dólares que pretende. Dicen que eso sería un éxito totalmente inesperado, aunque creen que podrían obtener la mitad porque hay muchos bancos extranjeros interesados en que los PPP funcionen.