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Jubilaciones I: alarma ante planteos insostenibles

El panorama fiscal de la Argentina es desesperante. Desde 2015, el gasto público consolidado viene superando al 47% del PBI. Peor aún, los gastos totales exceden a los ingresos en 8% del PBI, desbalance que se atiende expandiendo la deuda pública. Con esos números, los impuestos que soportan las empresas y ciudadanos resultan tan gravosos que frenan la producción y el trabajo registrado. La creación de riqueza necesaria para el progreso de los argentinos queda sumamente enervada. 

Esta realidad tan adversa a las posibilidades productivas resulta de decisiones de los últimos años. Entre 2004 y 2015, el gasto público consolidado pasó del 26,6% del PBI a 47,1%. En ese lapso, el gasto social subió de 17,69% del PBI, al 30,85%. Más de la mitad de ese aumento correspondió a jubilaciones. En otras palabras, el conjunto de los jubilados recibió incrementos de fondos muy significativos en estos 12 años, tanto por aumento explosivo del número de beneficiarios como de mayores ingresos por cabeza. De un 5,85% del PBI en 2004 consiguieron 11,35% en 2015. Se beneficiaron más aún con mayores desembolsos en este año, cuando se destina más del 12% del PBI a esos pagos. 

Para progresar verdaderamente los argentinos debemos producir mayor cantidad de bienes y servicios valiosos para todos los habitantes, en forma sostenible en el tiempo. Los gobiernos nacional, provinciales, municipales, agencias, sindicatos, empresas y particulares debemos disminuir los obstáculos que nos hemos impuesto, con cargas insostenibles y trabas paralizantes de los incentivos genuinos a crear valor. Queremos y merecemos ganar más. En el intento no debemos matar a la gallina de los huevos de oro. Las fuerzas productivas de la capacidad argentina, liberadas de obstáculos y trabas redundantes. 

Los jubilados quieren ganar más. Pero les interesa asegurar ganancias duraderas en el tiempo. Saben que si exigen más de lo que la vaca lechera puede dar, la matan y se empobrecen a futuro. Conocimos demasiadas crisis que devaluaron los ingresos de todos, la más reciente y severa en 2002. Hemos elegido autoridades para conducir la Nación y sacarla de sus frustraciones actuales. Démosle un crédito. 

Somos como una familia que pasa estrecheces por haber malgastado excesivamente en el pasado. O un acreedor que debe aceptar una quita en su expectativa a cobrar para preservar la salud de su deudor y así lograr satisfacer su crédito. Ya sufrimos demasiadas crisis por no habernos preparado recortando excesos de gastos con anticipación. 

La fórmula para los pagos futuros de jubilaciones, 70% en función de la inflación y 30% en proporción al aumento de la recaudación de impuestos destinada a ANSES, propuesta por las autoridades, parece muy razonable. Los jubilados cobrarán más que la inflación, es decir que contarán con mayor capacidad de gasto, aún más que en 2017, pero menos que con el régimen vigente antes, que se tornaría insostenible. En 2017, un 53% de la recaudación nacional de impuestos se destina a pagar a los jubilados; diez años atrás se destinaba menos del 33%. Mi profesor en la Universidad, el premio Nobel de Economía Milton Friedman, repetía constantemente en sus clases: lo óptimo es el enemigo de lo bueno. 

La formula anteriormente vigente, antes de ser revisada, regía sólo en Argentina. Ningún otro país lo adoptó por ser insostenible. Ya que tornaría imposible atender los gastos del Estado. 

Las distintas opiniones se han concentrado en la disputa de cuánto percibirían los jubilados con cada una de las propuestas alternativas. Y cuánto perderían o ganarían en cada caso respecto de la situación anterior. Algunos hasta especulan si se conculcan derechos adquiridos. La discusión parece focalizarse en una parte de la sociedad argentina, olvidándose del resto, quienes resultarán obligados de poner los fondos. Los derechos de unos son la contrapartida de las obligaciones de otros. No parecen darse cuenta que el derecho de los jubilados de cobrar las sumas que se determinen es la contrapartida de la obligación de los contribuyentes de pagar esas sumas. Porque vivimos en una sociedad, el total de cobros es igual al total de pagos de sus miembros. Para que unos puedan cobrar más, otros, los obligados a pagar, debieran aceptar una quita en sus ingresos. Como está presentada la disputa, nadie ha especificado quiénes y por cuánto serían los pagadores, que finalmente sufrirían pérdidas de ingresos disponibles, netos de esas contribuciones.

En las posturas del tema previsional se vuelcan confusiones del lenguaje común que no son sostenibles una vez reflexionado a fondo. Lógicamente, hay muchas más personas que reclaman por tener más derechos que los que parecen dispuestos a concederlos. La democracia republicana es la forma de gobierno de las sociedades avanzadas, basadas en el respeto a las personas que integran, constituyen, una sociedad. Esto es individuos con derechos y obligaciones recíprocas.



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