Entradas
Tras las fortísimas presiones de la AFIP y del diputado nacional de Cambiemos Pablo Tonelli, el juez comercial Héctor Hugo Vitale rechazó la apertura del concurso preventivo de acreedores de OIL Combustibles S.A. (OCSA).
Con la decisión tomada, el magistrado ordenó divulgar este lunes toda la documentación referida al expediente 19.981/2016, que tramitaba en su juzgado Comercio N° 4, con participación de la Secretaría N° 8, a cargo de la interina Josefina Conforti. Los fallos y presentaciones se pueden consultar en la página web del Poder Judicial de la Nación.
Al inicio de la sentencia, Vitale aclaró que la nulidad de la apertura del concurso dictada por la Corte Suprema contra el trámite abierto en Comodoro Rivadavia lo "obligó" a realizar un "examen con mayor riguridad del caso", teniendo en cuenta además, la cuantiosa "información" que circuló desde ese entonces, que fue determinante para dar su opinión. "No puedo desconocer la información que -a lo largo de estos casi dos años de trámite que tuvo el concurso preventivo desde su presentación- ha sido colectada y plasmada en los diversos informes mensuales", señaló.
Según consta en el expediente, OCSA pidió el concurso por un motivo concreto: el estado de cesación de pagos debido a la "conducta" de la AFIP, quien "mediante acciones y resoluciones arbitrarias e ilegales a logrado la asfixia financiera de la compañía". La petrolera se consideró "insolvente" cuando el Fisco Nacional dictó el 15 de marzo de 2016 la Resolución General N°3836/16 que incorporó como conceptos excluidos del régimen general de facilidades de pago de la Resolución General N°3827/16 al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural. De ese modo, el organismo que conducen Alberto Abad y su operador Ernesto Donato, de la Subdirección general de Coordinación Técnico Institucional, le reclaman a la empresa el pago de $ 8.000 millones.
El juez de primera instancia admitió que en un principio creyó que la firma se encontraba en cesación de pagos -"ello sin dudas es así", escribió-, pero tras un cambio de criterio ahora Vitale presumió que pedir el concurso por esa situación financiera fue "en fraude a la ley". En los pasillos tribunalicios del fuero Comercial todavía se escuchan las quejas de los magistrados por las presiones recibidas de Abad, Donato y Tonelli. Lo mismo ocurre en el fuero federal de Comodoro Py.
OP Investments realizó la compra irrevocable de la totalidad de las acciones de control del ex Grupo Indalo con el firme propósito de iniciar un proceso de reestructuración de las empresas que lo componen, en el marco de un Plan Estratégico que pone en el centro el objetivo de garantizar la fuente de trabajo de los más de 4.000 colaboradores directos y 11.000 indirectos, y regularizar y cancelar las obligaciones fiscales y previsionales con la AFIP que el ahora renombrado Grupo Ceibo reconoce conforme a la ley. Este Plan fue presentado al juzgado de Vitale en el concurso, en donde se dejó asentado por escrito un programa de pago de las deudas fiscales y previsionales adquiridas por los anteriores accionistas absolutamente consistente y sustentable.
Sin embargo, Vitale desconció esa "información" brindada por OP y siguiendo el mandato del encono personal contra el Grupo Ceibo dijo que la petrolera "no es merecedora de la solución preventiva, pues la eventual conducta que a futuro pudieran llevar a cabo los 'nuevos' integrantes del directorio no sanearían" las dificultades.
La Justicia cuestiona que entre 2011 y 2015, OCSA "ha optado por no cancelar el Impuesto a los Combustibles Líquidos y acogerse a las facilidades de pago otorgadas por AFIP, mientras que, en forma paralela a ello, ha efectuado préstamos de dinero -equivalentes a las sumas que no ingresó a las arcas del Estado- a personas integrantes del Grupo Indalo".
Por ese motivo, Vitale sostuvo que "el proceso concursal no es más que el instrumento procesal de un fraude con cobertura legal" y cuestionó a los anteriores dueños Indalo. "Esta forma empresarial de manejarse por parte de los administradores de Oil Combustibles S.A. excede la diligencia con que debe desempeñarse el buen hombre de negocios", enfatizó.
ambito
Con la decisión tomada, el magistrado ordenó divulgar este lunes toda la documentación referida al expediente 19.981/2016, que tramitaba en su juzgado Comercio N° 4, con participación de la Secretaría N° 8, a cargo de la interina Josefina Conforti. Los fallos y presentaciones se pueden consultar en la página web del Poder Judicial de la Nación.
Al inicio de la sentencia, Vitale aclaró que la nulidad de la apertura del concurso dictada por la Corte Suprema contra el trámite abierto en Comodoro Rivadavia lo "obligó" a realizar un "examen con mayor riguridad del caso", teniendo en cuenta además, la cuantiosa "información" que circuló desde ese entonces, que fue determinante para dar su opinión. "No puedo desconocer la información que -a lo largo de estos casi dos años de trámite que tuvo el concurso preventivo desde su presentación- ha sido colectada y plasmada en los diversos informes mensuales", señaló.
Según consta en el expediente, OCSA pidió el concurso por un motivo concreto: el estado de cesación de pagos debido a la "conducta" de la AFIP, quien "mediante acciones y resoluciones arbitrarias e ilegales a logrado la asfixia financiera de la compañía". La petrolera se consideró "insolvente" cuando el Fisco Nacional dictó el 15 de marzo de 2016 la Resolución General N°3836/16 que incorporó como conceptos excluidos del régimen general de facilidades de pago de la Resolución General N°3827/16 al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural. De ese modo, el organismo que conducen Alberto Abad y su operador Ernesto Donato, de la Subdirección general de Coordinación Técnico Institucional, le reclaman a la empresa el pago de $ 8.000 millones.
El juez de primera instancia admitió que en un principio creyó que la firma se encontraba en cesación de pagos -"ello sin dudas es así", escribió-, pero tras un cambio de criterio ahora Vitale presumió que pedir el concurso por esa situación financiera fue "en fraude a la ley". En los pasillos tribunalicios del fuero Comercial todavía se escuchan las quejas de los magistrados por las presiones recibidas de Abad, Donato y Tonelli. Lo mismo ocurre en el fuero federal de Comodoro Py.
OP Investments realizó la compra irrevocable de la totalidad de las acciones de control del ex Grupo Indalo con el firme propósito de iniciar un proceso de reestructuración de las empresas que lo componen, en el marco de un Plan Estratégico que pone en el centro el objetivo de garantizar la fuente de trabajo de los más de 4.000 colaboradores directos y 11.000 indirectos, y regularizar y cancelar las obligaciones fiscales y previsionales con la AFIP que el ahora renombrado Grupo Ceibo reconoce conforme a la ley. Este Plan fue presentado al juzgado de Vitale en el concurso, en donde se dejó asentado por escrito un programa de pago de las deudas fiscales y previsionales adquiridas por los anteriores accionistas absolutamente consistente y sustentable.
Sin embargo, Vitale desconció esa "información" brindada por OP y siguiendo el mandato del encono personal contra el Grupo Ceibo dijo que la petrolera "no es merecedora de la solución preventiva, pues la eventual conducta que a futuro pudieran llevar a cabo los 'nuevos' integrantes del directorio no sanearían" las dificultades.
La Justicia cuestiona que entre 2011 y 2015, OCSA "ha optado por no cancelar el Impuesto a los Combustibles Líquidos y acogerse a las facilidades de pago otorgadas por AFIP, mientras que, en forma paralela a ello, ha efectuado préstamos de dinero -equivalentes a las sumas que no ingresó a las arcas del Estado- a personas integrantes del Grupo Indalo".
Por ese motivo, Vitale sostuvo que "el proceso concursal no es más que el instrumento procesal de un fraude con cobertura legal" y cuestionó a los anteriores dueños Indalo. "Esta forma empresarial de manejarse por parte de los administradores de Oil Combustibles S.A. excede la diligencia con que debe desempeñarse el buen hombre de negocios", enfatizó.
ambito
