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Si el plan del Gobierno llega a buen puerto, el año próximo entrará en vigencia un sistema que extenderá la lista negra de teléfonos robados en nuestro país (y que impide su uso) a otros que hayan sido denunciados en otros países.
Es una extensión a la lista negra que ya funciona de equipos robados en nuestro país desde mediados de este año, y que bloquea el uso en el país de un teléfono que fue denunciado como robado, en base a una lista de IMEI (el número de serie único de cada teléfono) compartida por las operadoras. Ahora se enriquecerá con los aportes de los fabricantes y las operadoras de otros países. La intención es impedir que equipos que fueron denunciados como robados en otro país, (tanto en un robo casual como en un desfalco más grande, un cargamento entero) sean vendidos o usados en la Argentina.
Frenar el contrabando
El plan fue adelantado por Clarín hace unos días, aunque allí se afirma que además de la lista negra, el Gobierno estudia pedir una factura de compra al momento de querer usar un teléfono extranjero en la Argentina, una mecánica similar a la que implementó Chile este año y que crea una lista blanca de equipos autorizados, y otros que cada usuario deberá validar.
Desde el Gobierno afirman que la única medida que se analiza por ahora sólo afecta a los equipos robados, y al cruce de las bases de datos de equipos identificados como robados, que ahora sería compartida por varios países. Y permite que los fabricantes de teléfonos denuncien bloques de IMEIs como robados.
Así lo confirmaron desde el Gobierno a LA NACION, explicando que la medida busca "no complicarle la vida al comprador de buena fe", pero sí apunta a neutralizar el ingreso de celulares de contrabando, que hoy ronda los 3 millones de equipos anuales, contra los algo más de 10 millones que salieron de Tierra del Fuego, según datos de la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de la Argentina (Catema).
En 2014 eran 1,5 millones los teléfonos que entraban al país en forma ilegal; el número se duplicó desde entonces, ya representa un cuarto del mercado nacional y obedece a una realidad: el precio local de los teléfonos (y de la electrónica en general) hacen que el contrabando se transforme en una opción muy rentable para quienes quieran asumir el riesgo.
No se trata, en este caso, de perseguir a quienes viajan a Miami, Santiago de Chile o Paraguay y traen un teléfono sin declararlo (aunque en el caso del iPhone, por ejemplo, ronda los 300 mil equipos al año, según cálculos del consultor en telecomunicaciones Enrique Carrier), sino de frenar el crimen organizado, que ingresa contenedores de equipos sin control aduanero y (clave para el negocio) sin pagar más de 3000 millones de pesos en impuestos, según estimaciones de la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales Electrónicas (Afarte). Muchos de esos equipos son robados; su neutralización dependerá de que se agreguen a esta lista negra extendida.
