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El gobierno venía negociando con los mapuches la posibilidad de otorgarles otras tierras que no formen parte de la jurisdicción de Parques Nacionales. Esto ocurrió días antes del operativo que concluyó en la muerte de Rafael Nahuel.
El Gobierno Nacional negoció durante unos 15 días con la comunidad mapuche del Lof Lafken Winkul Mapu. Un equipo había sido enviado por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a pedido del ministro de Justicia Germán Garavano, seis días después de que Parques Nacionales denunciara la ocupación de un predio situado en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Villa Mascardi.
Las negociaciones fueron encabezadas por director del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Nicolás Torres, quien había viajado desde Buenos Aires y convocó a los voceros de la comunidad, a la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén. También solicitó la ayuda del obispo de Bariloche, Juan José Chaparro.
Desde el Gobierno Nacional se pusieron como condiciones que los referentes mapuches negocien con las caras descubiertas, y que se proceda bajo las políticas de co-manejo. Estas, por ejemplo, llevan 16 años de implementación exitosa en el Parque Nacional Lanín, y apunta a fomentar una administración conjunta entre las autoridades de Parques Nacionales y las comunidades originarias que los habitan.
La Mesa de Co-Manejo de los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi quedó conformada en octubre pasado, integrada por el INAI y la Administración de Parques Nacionales (APN) y las comunidades del pueblo Mapuche asentadas en las jurisdicciones de ambos parques. Esta estaba auspiciando las negociaciones, que se venían realizando en la sede de la CTA.
Los mapuches accedieron a negociar con las caras descubiertas, aunque nunca permitieron el acceso a la zona ocupada. No obstante, hubo un principio de acuerdo el pasado martes 21: el gobierno esperaba que los mapuches accedan a aceptar tierras que no pertenezcan a Parques Nacionales.
En ese marco, en donde avanzaban las negociaciones pero siempre manteniendo la ocupación ilegal del predio, la fiscalía de Bariloche y el juez Guillermo Villanueva ordenaron el desalojo pacífico. El jueves 23 el grupo Albatros realizó el operativo, que en principio se realizó sin violencia: cinco mujeres y seis niños abandonaron la zona, pero los hombres mapuches se quedaron escondidos montaña arriba.
En un patrullaje posterior del grupo Albatros, llevado a cabo el pasado sábado a noche, se produjo en nuevo encuentro con los diez mapuches que permanecían en el predio. El mismo concluyó con la muerte del joven Rafael Nahuel. Desde el Gobierno culpan al RAM por los conflictos, y señalan a Facundo Jones Huala, quien fue detenido por Prefectura, y otros miembros de la organización como responsables de tornar violenta la ocupación.
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