Bronca de Cornejo, Uñac y Bertone por la reforma fiscal de Dujovne

La reforma tributaria anunciada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cayó muy mal en los gobiernos de Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego por la aplicación del impuesto al vino que afecta a las provincias cuyanas, y por la eliminación de los tributos a celulares y televisores, que complican a la isla.

"No estoy de acuerdo, lo he manifestado a nivel nacional, no se puede considerar al vino en las mismas categorías que otras bebidas, no tiene efectos negativos como la gaseosa", declaró Kercher, hombre clave en el gabinete del radical Alfredo Cornejo. "Se trata de un sector de 230 mil hectáreas, 5 mil puestos directos, estamos hablando de 900 bodegas y 16 mil productores, es una economía regional, no un producto alcohólico", agregó.Poco después de los anuncios del ministro, el ministro de Economía de Mendoza, Martín Kerchner, convocó a una reunión urgente a representantes del sector vitivinícola y les anunció que negociarán con la Casa Rosada para que eliminen la alicuota del 17% que integra el paquete de reformas e intentó convencerlos de que hubo un error de Hacienda porque ya acordaron con Dujovne bajarlo al 10%.
La bronca en Mendoza fue expresada también por la vicegobernadora Laura Montero, quien primero calificó el anuncio de Dujovne como "una mala noticia" y después fue mucho más dura. "Evidentemente Dujovne no entiende nada de las economías regionales y de la crisis a la que fueron sometidas en la época K. Usted no dimensiona el daño y arruina años de trabajo público/privado en el posicionamiento del vino en el mercado", escribió.
Más duros fueron los empresarios bodegueros. "No puedo entender lo que se ha hecho acá. A ningún país del mundo se le ocurriría decir que el vino es una bebida no saludable. Es una ofensa al sector", bramó Walter Bressia, de Bodegas de Argentina. "Gravar el vino con impuestos internos es una aberración. Considerar que el vino como alcohol y no como alimento es inaceptable", agregó José Zuccardi, de la Unión Vitivinícola Argentina.
La situación se repite en San Juan, donde el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, activó contactos con el gobierno de Mendoza para unirse en el reclamo ante la Casa Rosada para frenar el gravamen al vino. 
"Mientras el Gobierno sanjuanino hace un esfuerzo apoyando al sector para generar empleo, el Gobierno nacional decide aplicar un impuesto que sólo producirá que el sector sea menos competitivo a nivel de mercado interno como también en el ámbito internacional. La verdad es que es una medida que no ayuda a la situación de la industria", dijo el funcionario del gabinete de Sergio Uñac, quien le llevará el reclamo a Mauricio Macri cuando se realice la reunión con gobernadores.
Bronca en la isla
La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, también convocó de urgencia a su gabinete tras los anuncios de Dujovne y afirmó que la eliminación de impuestos internos para la importación de televisores, monitores y celulares implicaría la "disolución territorial de la provincia".
Bertone calificó la situación como "muy preocupante" y anunció que ya cursó una nota al presidente Mauricio Macri solicitando una "audiencia urgente", para "abordar la situación de la industria y el empleo en la provincia", señaló. Además, instruyó al ministro de Industria, Ramiro Caballero, para que viaje a Buenos Aires a reunirse con Francisco Cabrera para solicitarle que "frene de inmediato" ese punto de la reforma.  
Bertone con sus ministros
"En los hechos la aprobación de este proyecto significaría la disolución territorial de nuestra provincia, luego de una política de Estado que se ha mantenido desde 1972, y que de la noche a la mañana intentan destruir", aseguró la mandataria. "Pensamos que la iniciativa destruye la industria electrónica que representa más del 30% del producto bruto de la provincia, además de ser el principal empleador y contribuyente", señaló Bertone.
También puntualizó que el proyecto "contradice la seguridad jurídica que el propio Presidente manifestó defender, atentando contra un régimen de promoción que vence en 2023, además de generar conflictividad social en un distrito que ha logrado pacificarse, desfinanciar a la provincia al comprometer su situación fiscal y poner en riesgo más 9.600 puestos de trabajo directos, lo que significa 1 de cada 5 puestos de trabajo en la isla", enumeró.