LA SIESTA JUDICIAL ES EL SUEÑO DE LOS CORRUPTOS

Por Jorge R. Enríquez

El miércoles pasado se realizó una marcha frente al Palacio de Justicia bajo el lema "Sin Justicia no hay República".

Me apresuro en señalar que la gran mayoría de los jueces y demás funcionarios judiciales cumple su función con dedicación y probidad, pero hay magistrados, sobre todo algunos que sustancian causas vinculadas a la corrupción, que demoran inexplicablemente los procesos, no investigan con profundidad, adoptan distintos criterios para casos similares o directamente sobreseen con extrema ligereza, revelando una grosera parcialidad. También hay jueces que llevan un tren de vida absolutamente incompatible con sus ingresos como tales. Uno de los casos emblemáticos es el de Eduardo Freiler, quien no puede explicar el desmesurado aumento de su patrimonio. El Consejo de la Magistratura no pudo iniciarle el juicio de remoción por el bloqueo de los consejeros kirchneristas. También es indignante para la sociedad la permanencia en su cargo de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, quien de la manera más desembozada ha manipulado las designaciones de fiscales y ha perseguido al fiscal José María Campagnoli cuando este comenzó a investigar operaciones de lavado de Lázaro Báez.

Recientemente, el repudiable sobreseimiento de Amado Boudou es un ejemplo más de la justicia que no queremos. Si hubo prescripción es porque hubo negligencia en quienes debían impulsar la causa. La gente está harta de que por tecnicismos los corruptos siempre se salven. Este proceso era quizás el menos grave de los que afectan al ex vicepresidente, pero su insólita conducta respecto de quien había sido su cónyuge lo retrata de cuerpo entero.

Boudou no era discriminatorio: se quedaba tanto con una fábrica de billetes como con un auto usado. Este personaje farsesco, que habría hecho las delicias de un Moliére, ocupó las más altas magistraturas de la Nación. A la indignación de su sobreseimiento la compensamos con creces al pensar que hemos cambiado completamente. Ya no somos el hazmerreír del mundo, sino un país serio y responsable que encara resuelto el futuro al amparo de la Constitución.

Ante las descaradas operaciones para mantener la impunidad que llevan adelante legisladores y miembros del Consejo de la Magistratura pertenecientes a la fuerza política que gobernó doce años, somos los ciudadanos los que tenemos que hacer oír muy fuerte nuestra voz. A diferencia de lo que ocurrió hasta el 9 de diciembre de 2015, el Poder Judicial goza ahora de la más completa independencia. No hay aprietes, carpetazos ni amenazas de ninguna índole. Pero en un país habituado a un presidencialismo abusivo, que concentra en sí todas las funciones y avasalla a los demás poderes, se oyen quejas de algunas personas que atribuyen las demoras en las causas de corrupción al presidente.

Es un grosero error. El presidente, sus ministros y los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura son los que más luchan contra la impunidad. La mera sospecha de una irregularidad de un funcionario -que a la postre se demostró carente de fundamentos- bastó para que Mauricio Macri decidiera suspenderlo preventivamente. Un giro copernicano en nuestras prácticas. Si las causas no avanzan, si los máximos responsables del desfalco siguen en libertad, no es por desidia del gobierno nacional, sino por la existencia de algunos jueces y fiscales que son cómplices -aunque solo sea por su inacción- de la impunidad.

El caso de De Vido es uno de los más emblemáticos, pero no es el único. No se logró la mayoría necesaria para expulsarlo de la Cámara de Diputados, pero la sesión sirvió para que la sociedad asistiera a la divisoria de aguas: de un lado, los que defienden una República fundada en la ética; del otro, los que quieren que el Congreso sea un aguantadero de los que se quedaron con el dinero y con los anhelos de millones de argentinos.

Por eso, sin perjuicio de la necesidad de renovar los esfuerzos en cada uno de los niveles del gobierno en que corresponda, es la sociedad la que debe desempeñar un rol activo en defensa propia. Actos como el del miércoles no bastan por sí solos, pero mantienen viva la llama de la justicia. Que se notifiquen los magistrados que en lugar de cumplir su deber y aplicar rectamente el derecho están más tiempo basculando al compás de los aires políticos.

Si no quieren hacer el trabajo para el que fueron designados, que renuncien y dejen el camino despejado a tantos argentinos de bien que se sentirían orgullosos de poder impartir justicia. Nos hacen falta jueces dignos a los que no les tiemble el pulso si tienen que mandar a la cárcel a delincuentes que ensucian la política, que es una de las actividades más nobles cuando se la ejerce con limpieza y sin otra finalidad que servir al interés general.

Sin justicia independiente no hay República y sin República no hay libertad. La siesta judicial es el sueño de los corruptos.