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BANCO HIPOTECARIO

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PROYECTO DE LEY Macri 2019 sueña con un mercado de capitales x 3

La reforma a la ley de mercado de capitales desarma un intrincado mecanismo diseñado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para intervenir empresas, cuyo principal destinatario era su enemigo mortal, el grupo Clarín, pero a costa de ahuyentar la inversión. El blanqueo en curso puso en reversa esa corriente y aunque en el capítulo doméstico no superó por mucho los US$ 7.100 millones del blanqueo de CFK con los Cedin (hay que sumarle el exterior para llegar a los US$22.000 millones que enuncia el relato gubernamental), hay expectativas de que algún dinero vaya a proyectos rentables de largo plazo, como los de energías renovables y desarrollos inmobiliarios, a través de la Bolsa, el Mercado de Valores y las plazas de futuros como Rofex. Por supuesto, siempre que no sigan aumentando impuestos como Ganancias porque en ese caso todo se derrumba: es más barato ensayar una defensa penal tributaria que cumplir con la Afip de Alberto Abad....


De tanto concentrarse en cómo sacar la reforma a la ley de mercado de capitales, el secretario de Finanzas, un ex ejecutivo del Deutsche Bank, Luis Caputo, alias 'Toto', descuidó la instrumentación del arreglo de la deuda por los bonos en default, que había sintetizado en la negociación con el poderoso fondo buitre NML de Paul Singer y otros 3 colegas suyos, por US$ 4.650 millones (que obtuvieron una ganancia del 1.300%): dejó sin resolver una pila de 150 carpetas de pequeños bonistas con problemas de salud que pedían prioridad para cobrar tenencias que en algún caso era de US$1.500.
Pero... a 'Toto' mucho se le perdona porque es de los pocos que puede convivir con Alfonso Prat-Gay, hombre difícil si los hay. Es más: 'Toto' fue vecino del ministro, antes que éste se divorciara y, entonces, se marchara hacia otro inmueble.
En la tarde del martes 22/11, 'Toto' se dirigió con el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Marcos Ayerra, a exponer ante un plenario de comisiones de Finanzas, Legislación General y Presupuesto de la Cámara de Diputados, que conduce el economista macrista Eduardo Amadeo, sobre el proyecto que busca apuntalar atribuciones y facultades de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y que elimina la posibilidad de que este órgano de contralor pueda intervenir en las empresas sin autorización judicial.
Básicamente, es el antídoto a la ley que el gobierno kirchnerista le había dedicado al Grupo Clarín para abrir un camino a la intervención, como antes había hecho con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fogoneada por el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, Juan Manuel Abal Medina, Martín Sabbatella y otros, y usada como garrote por Guillermo Moreno.
Aunque cumplir con el multimedios aliado no es una cuestión menor, a Caputo lo urge preparar el terreno en el circuito que vincula la Bolsa, el Mercado de Valores, el mercado de futuros, para recibir el fruto de un blanqueo que en su primer tramo, nada más que del efectivo declarado, llega a los US$ 20.000 millones (según informó el ministro Alfonso Prat Gay) y sigue hasta marzo. La meta es que dentro de 4 años pueda pasarse de los US$ 50 mil millones que se negocian ahora a un volumen entre 100 y 150 mil millones.
El cálculo que hacen para esa proyección es que la capitalización bursátil de empresas brasileñas representa hasta 50% de su PBI o 100% si hablamos de Chile, versus el 10% en Argentina, de cuyo alejamiento del mercado da cuenta que mientras en 2005 cotizaban 107 empresas, una década más tarde lo hacían 6 menos. En Chile se pasó de 283 a 308 empresas y en Brasil la cantidad de firmas triplica a la oferta disponible en el mercado local.
Buitres inspiradores
La fuente de inspiración de la norma legal que el oficialismo se propone hacer aprobar en el Congreso fue la exitosa colocación de deuda por US$ 65 mil millones con la excusa de pagar el arreglo con los fondos buitres pero que menos de 10% de los compradores de los 4 tipos de bonos fuesen argentinos.
El gobierno se propone que el mercado de capitales sea declarado “de interés nacional y a su desarrollo, actividad estratégica y fundamental para el crecimiento del país y la creación de empleo".
En opinión de Inversor Global, la ley del mercado de capitales no es más que un eslabón en la cadena. Hay otras reformas en camino que buscan cambiar el modo en que se enfoca la economía.
Una de ellas es la Ley de Protección de Participaciones Sociales del Estado Nacional, que Cristina Kirchner hizo votar en septiembre de 2015 para impedir que se vendieran en el futuro las acciones de empresas privadas que quedaron en poder de la ANSES tras la estatización de las AFJP.
Lo que se busca es flexibilizar el artículo 20 de esa norma que establece que para la venta de esas participaciones deberán reunirse los 2 tercios de los votos de ambas cámaras.
Además, se dará marcha atrás a la Ley Contra Delitos Económicos, una de las más polémicas del gobierno de Cristina Kirchner.
El texto penalizó algunas conductas habituales de intermediarios, operadores y analistas de mercado.
La norma afectó tanto a la banca privada que algunos operadores migraron a Uruguay.
Secuencia legislativa
Si bien Caputo explica ante las comisiones las reformas impulsadas por el gobierno, el hecho de que varias estén vinculadas con el impuesto a las ganancias ponen al proyecto en la cola del ingresado en la Cámara de Diputados por Sergio Massa y del que anunció el gobierno que enviará sobre tan importante gabela. Inclusive se especula con que el oficialismo bloqueará el jueves el tratamiento legislativo de la iniciativa del Frente Renovador y reservará para las sesiones extraordinarias el suyo negociado con Massa.
De ser así, mercado de capitales deberá seguir esta agenda y ser enviado por el Poder Ejecutivo también a extraordinarias.
La eliminación de la posibilidad de intervenir empresas y la reducción de impuestos a los fondos comunes de inversión cerrados son los puntos que señala el Gobierno para incentivar las inversiones locales y del exterior en el mercado de capitales local.
El proyecto plantea la modificación del polémico artículo 20 de la ley 26.831 aprobada en diciembre de 2012 y promulgada en julio del 2013, para sacar los poderes que tiene el Gobierno para intervenir en las empresas.
Ese artículo le permite a la CNV intervenir en las empresas cuando "fueren vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios y/o tenedores de títulos valores". (Todo muy relativo: ¿Qué hizo la CNV de Macri ante la denuncia de ahorristas minoritarios de Pampa Energía?)
Con la normativa vigente, el organismo tiene la capacidad de remover a los miembros del órgano de administración de una empresa emisora y designar veedores con poder de veto, una facultad que es eliminada en el proyecto de ley que sostiene que esas atribuciones son "facultades exorbitantes que atentan contra la seguridad jurídica" y sólo la Justicia podrá hacerlo.
También establecen nuevas categorías de agentes bajo la órbita de la CNV y se incorpora a los "agentes administradores de inversiones" que apuntan a la banca privada, tanto local como internacional.
Lugarcito para las pymes
En el capítulo referido al financiamiento de las pymes se propone mejorar los sistemas de cobro de las facturas emitidas, incluyendo la posibilidad de que puedan recibir, en un plazo reducido, títulos de crédito como pago, para luego colocarlos en los mercados de capitales.
O sea que al igual que las obligaciones negociables y los debentures pueden ser aprovechados por las grandes empresas para trocarlas por capital en el mercado de capitales, lo mismo podrán hacer las pymes con el factoring.
Las multas, que habían sido una de las principales fuentes de ingresos de la CNV, se multiplican en el nuevo esquema, de $ 100.000 a $ 100 millones (hoy se prevén de $ 5.000 a $ 20 millones) y se mantiene la posibilidad de elevar la sanción hasta 5 veces el beneficio obtenido o del perjuicio ocasionado como consecuencia del accionar ilícito, si alguno de ellos resultare mayor.
En el caso de los fondos comunes de inversión, además de regular el vacío normativo en el caso de los cerrados, se propicia la creación de fondos para inversores calificados y la incorporación de nuevos instrumentos "con la capacidad de replicar el comportamiento de un índice financiero o bursátil, o de una canasta de activos, como tienen la mayoría de los mercados desarrollados del mundo”.
Se busca que esos FCI cerrados no estén gravados por Ganancias y sean fiscalmente transparentes para quienes inviertan en ellos.
Además se igualan las condiciones impositivas entre inversores extranjeros y locales. Los primeros están sujetos al Impuesto a las Ganancias para la compra de bienes valores en el mercado local, algo que los locales no pagan.
Para facilitar el ingreso de capitales externos, propone eximir del impuesto a las Ganancias a inversiones del exterior, al igual que están exentos los fondos locales.
Además, permite la operación en el país de bancos de inversión, que hasta la actualidad debían captar clientes locales desde países vecinos.
Entre los agentes administradores de inversiones permite el ingreso a bancos de inversión que, hasta ahora, no podían operar en el país y captaban fondos locales desde países vecinos.
El proyecto de ley libera a los colocadores del artículo 765 del Código Civil que permite la pesificación de las deudas en moneda extranjera. Este proyecto de Ley, de ser aprobado, tendría el mismo estatus legal que el Código Civil, por lo que permitiría con absoluta seguridad estar blindado frente a esa posibilidad.
Las únicas condiciones aplicables en materia de moneda de pago serían entonces las estipuladas en las condiciones de emisión de las ON. También se incorpora la posibilidad de que los directorios de las empresas decidan la emisión de ON. Con la ley actual se necesita de la aprobación de la asamblea de accionistas.
La medida es esperada en especial por los fondos destinados a proyectos de energía renovable y por desarrolladores inmobiliarios.

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