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Director de YPF admite que el Gobierno cometió errores al implementar los aumentos en el gas y la luz

Emilio Apud, director por el Estado Nacional en YPF, sostuvo este viernes que el 80% de los usuarios están en condiciones de pagar los aumentos de tarifas de luz y gas, pero admitió que al aplicar el ajuste, el Gobierno no tuvo en cuenta la dimensión "política y social" de llevarlo a cabo.
Según el funcionario, "por supuesto que hay que pagar". Pero luego, aclaró: "Lo que pasa es que en la sociedad argentina hay una cuestión cultural de no pagar por las cosas lo que cuestan. Así nos fue en los últimos 60 o 70 años".
A su criterio, "hay un porcentaje de gente que no puede pagar los aumentos de tarifas".

Y apuntó que en ese caso, "el Estado tiene que garantizar no privar a esa gente de una cosa tan necesaria como luz y electricidad".
"Pero el 80% sí puede pagar, algunos con más sacrificio que otros. No hay otra forma, porque si no, nos vamos a quedar sin energía. Al equilibrio se vuelve con sacrificio y esfuerzo",enfatizó Apud, en declaraciones a radio El Mundo.
No obstante, reconoció que la cuestión energética "excede a lo sectorial".
"Es un tema macro, político y social y tal vez habría que haberlo encarado teniendo en cuenta esas particularidades" para definir el ajuste tarifario, sobre todo en el servicio de gas", dijo.
"Habría que haber hecho un monitoreo día a día para ver cómo variaban las temperaturas, el consumo, y así determinar las tarifas", añadió.
El funcionario señaló, además, que "durante doce años hemos sacado del sector energético recursos para vivir bien de forma artificial. Tenemos que tomar conciencia de eso y no salir con los amparos para no pagar los aumentos".
En las últimas horas, la fiscal federal de La Plata Ana Miriam Russo pidió la suspensión total del tarifazo en las boletas de gas, incluyendo los topes de 400 y 500 por ciento de incremento fijados por el Gobierno.
Incluso esta semana, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró que las facturas de gas no tienen que pagarse hasta tanto se resuelva la cuestión judicial que impide la aplicación del ajuste.

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