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LA SEMANA EN POCAS PALABRAS
Tal como había ocurrido ya en diciembre pasado, el ajuste en la cotización del dólar que acompañó a la liberalización del “cepo cambiario” impulsó una nueva aceleración en el ritmo de crecimiento de la recaudación tributaria en enero. Habiendo alcanzando un total de $162.654 millones, los ingresos del fisco registraron en el primer mes del año un alza de 38,5% interanual, tras haberse expandido 33,6% en diciembre y 31% en promedio durante 2015.
Resultó clave aquí la recaudación del impuesto a las ganancias, que se vio favorecida por el ajuste en el tipo de cambio, debido a la implementación de una retención a cuenta de este tributo por las ganancias extraordinarias obtenidas por las operaciones con futuros del dólar. De acuerdo a lo informado por la AFIP, lo ingresado por este concepto durante enero habría totalizado unos $7.700 millones, contribuyendo con 4 puntos porcentuales al crecimiento de la recaudación tributaria total.
El efecto del ajuste en el tipo de cambio también se pudo observar con claridad en los tributos que gravan las importaciones, resultando, sin embargo, algo más ambiguo en la recaudación de derechos de exportación, debido al efecto concurrente de los cambios en las alícuotas. La recaudación del IVA aduanero registró en enero un incremento del 49%, marcando una diferencia de 33 puntos porcentuales con su crecimiento del año 2015 (16%), mientras que los derechos de importación mostraron un alza de 39%, que compara con un aumento de 18% el año pasado. A la depreciación que experimentó el peso se sumó aquí también el efecto del levantamiento de las restricciones al ingreso de productos provenientes del exterior, con la eliminación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) y de la obligación de solicitar la aprobación del BCRA para las operaciones por montos superiores a los USD 50.000.
En lo que respecta a los derechos de exportación, estos registraron un alza de 12% interanual en enero, que si bien sigue resultando moderada, marca una diferencia importante con el retroceso registrado durante 2015 (-10%). Concurren aquí dos efectos contrapuestos. Por un lado, la depreciación del peso, que operó a favor, ayudando a frenar el retroceso que se venía observando en la recaudación de este tributo y, por otro, la modificación en las alícuotas, que se redujeron de 35% a 30% en el caso de la soja (pasando de 32% a 27% para sus subproductos) y su total eliminación para el resto de los artículos previamente grabados.
Por otro lado, en lo relacionado también con el frente fiscal, se conoció esta semana que las autoridades del Ministerio de Economía alcanzaron un acuerdo con un grupo de bonistas italianos que quedaron afuera de los canjes realizados en 2005 y 2010. Este grupo, denominado Task Force Argentina, nuclea a unos 50.000 bonistas italianos con acreencias por un capital original de USD 900 millones, cifra que representa un 15% de la deuda que todavía se encontraba en default y un 30% de la deuda en litigio en los tribunales de Nueva York.
El acuerdo alcanzado contempla el pago del capital original más intereses por USD 450 millones, lo cual conforma un total de USD 1.350 millones, cifra que compara con un reclamo original de este grupo de bonistas de unos USD 2.500 millones. El pago, que sería en efectivo, se realizaría una vez que el Congreso levante la “ley cerrojo” que impide que el país haga una oferta a los acreedores que mejore las condiciones obtenidas por los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010. A diferencia de lo ocurrido en aquellas oportunidades, en el acuerdo alcanzado con este grupo de bonistas no se contempla una quita sobre el capital original, aunque sí prevé una reducción muy significativa en los intereses respecto al fallo que favoreció a estos acreedores en los tribunales del CIADI, ya que estos pasaron de USD 1.600 millones a USD 450 millones, una quita del 72%. Con este recorte, el monto a abonar lleva implícita una tasa de interés sumamente favorable, de aproximadamente 3% anual, y sienta un precedente importante de cara a las negociaciones en marcha con el resto de los acreedores.
En este sentido, este acuerdo marca un primer paso importante en la resolución final del conflicto por la deuda en default, requisito indispensable para que el país pueda volver a acceder a financiamiento internacional a mediano y largo plazo a tasas razonables. Si bien esto resulta de por si central en el proceso de desarrollo de cualquier economía, cobra especial relevancia en la presente coyuntura, ya que ante lo profundo del desequilibrio fiscal heredado de la anterior administración, el acceso a financiamiento internacional se vuelve esencial para facilitar un tránsito hacia la recuperación del equilibrio en las cuentas públicas con menores costos en términos sociales y para la economía real. Al mismo tiempo, las fuentes alternativas de financiamiento contribuyen a mitigar la dependencia del financiamiento provisto por el Banco Central, facilitando al BCRA su tarea de moderar el crecimiento de los agregados monetarios, como vía, en última instancia, de inducir un descenso paulatino en la tasa de inflación, uno de los objetivos centrales en la estrategia económica de las nuevas autoridades nacionales.
