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La
detención de la señora Milagro Sala fue dispuesta por un juez, no
por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Por lo tanto, las
denuncias sobre censura al gobierno provincial carecen de todo
asidero. Ha resurgido, además, a propósito de este caso, una de las
más infortunadas frases que se acuñaron en los últimos tiempos: la
"criminalización de la protesta".
La protesta, en tanto
una de las manifestaciones de la libertad de expresión, es
absolutamente libre. Por lo menos, para quienes postulamos una
sociedad abierta en el marco del Estado Constitucional de Derecho.
Para quienes nos gobernaron en los pasados 12 años, nutridos de
otras vertientes ideológicas, es legítimo, en cambio, que los
canales de difusión de las protestas sean restringidos por el
Estado. De ahí la preocupación por homogeneizar los medios de
comunicación, emplear la censura indirecta (pautas publicitarias
disciplinadas) y recurrir a todo tipo de hostigamientos dirigidos a
quienes no se plegaban al monocorde discurso oficial.
Pero una cosa es la
libertad de expresar ideas e informaciones y otra violar derechos de
terceros. Quienes impiden la circulación, se adueñan de espacios
públicos o dañan bienes con el fin de dar "visibilidad" a
sus reclamos, no están -y no deben estar- protegidos por los jueces,
porque si así fuera se estaría cercenando, entre otros, el
principio de igualdad ante la ley.
En el caso de Milagro
Sala, esas conductas son las más leves que se le pueden imputar.
Sabemos que construyó, con la ayuda de Cristina Kirchner, un
gobierno paralelo, completamente al margen de la ley, y que dispuso
de cuantiosos fondos sin ningún tipo de control. Siempre se dijo que
muchas provincias argentinas se comportan como feudos, pero en el
Jujuy de Sala ese feudo tenía la particularidad de su desvinculación
absoluta respecto del orden jurídico. Sobran los testimonios de la
arbitrariedad y el patoterismo en esa estructura de neto corte
mafioso.
Los "beneficiarios"
de tal sistema, en la medida en que acrediten la existencia de reales
necesidades, nada deben temer. Al contrario, son a partir de ahora
ciudadanos con derechos, que reciben prestaciones por esa condición,
de manera objetiva y neutral, y no rehenes de organizaciones que los
utilizan para potenciar sus propios fines.
El gobernador Gerardo
Morales, con el abierto respaldo del presidente de la Nación,
Mauricio Macri, está reconstituyendo el Estado de Derecho en Jujuy.
En esa empresa lo apoya la gran mayoría de los argentinos. Tal fue
el mandato que recibió en las urnas, al imponerse por un margen muy
holgado. Con las primeras medidas de desactivación del aparato
mafioso de Sala, la imagen de Morales entre los jujeños creció
hasta niveles muy altos. Es que son ellos los que conocen de primera
mano el autoritarismo de esa organización paraestatal que los hundió
en un virtual estado de sumisión debido a sus prácticas prepotentes
y patoteriles.
Es muy llamativo que
apelen ahora a las formas más refinadas de la democracia republicana
quienes o bien promovieron ese estado de cosas o, por lo menos, lo
toleraron con su silencio cómplice.
Jujuy, que vive en la
Edad Media, quiere entrar al siglo XXI. Nada hay más demostrativo de
la enorme confusión de conceptos que se nos quiso inculcar que
defender un modelo reaccionario, preconstitucional, con argumentos
pretendidamente progresistas. No hay progreso sin ley.
