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(Reuters Breakingviews) - Empresas estadounidenses con problemas financieros están recibiendo el tratamiento argentino.
Una corte federal decidió que las compañías no pueden obligar a los acreedores a aceptar menos capital a cambio de préstamos impagos. Una decisión similar llevó al enfrentamiento entre Buenos Aires y el fondo de cobertura Elliott Management.
A diferencia de los países, las empresas pueden declararse en quiebra como último recurso. Sin embargo, para ambos las reestructuraciones se están haciendo cada vez más complicadas.
El más reciente caso involucra la poco conocida Ley de Fideicomiso que establece las condiciones para emitir deuda en los mercados. Una cláusula exige que todos los tenedores de bonos aprueben los cambios que afecten sus derechos de pago.
En general, los tribunales han interpretado que la cláusula permite que la mayoría apruebe las modificaciones -por ejemplo para eximirse de una garantía- que preservan ese derecho, pero haciendo que el reembolso sea menos probable e incluso imposible.
No obstante, la jueza Katherine Polk Failla impidió en junio que la empresa de educación con fines de lucro Education Management impusiera una reestructuración de deuda, aprobada por la mayoría de los acreedores, a los bonistas que no participaron en el canje.
El negocio ofrecía a los acreedores dos opciones: un pago parcial o el derecho a esperar un pago total pero de una sociedad sin activos. La propuesta, dijo Failla, viola la ley de fideicomisos.
Su decisión anticipa problemas para deudores que quieran evitar costosas bancarrotas. Por ejemplo, el operador de casinos Caesars Entertainment se enfrenta a un juicio federal porque accionistas reclaman que violó la ley de fideicomisos por extinguir una garantía crediticia de 7.000 millones de dólares de una subsidiaria.
Las empresas pueden encontrar algo de empatía en el sur.
Argentina canjeó en 2005 y 2010 casi todos los 95.000 millones de dólares de deuda incumplida por bonos con una quita. Elliott y otros rechazaron la reestructuración y la demandaron. Como Failla, otro juez federal uso un enfoque original, reinterpretando un término común sobre fideicomisos para que los bonistas reestructurados no pudieran recibir un pago hasta que a los acreedores holdouts se les cancele lo que se les debe.
Ambos fallos reivindican los derechos de los acreedores y recuerdan a los deudores que un trato es un trato. No obstante, Argentina sigue en un limbo legal y fuera de los mercados internacionales de crédito mientras que Education Management no puede pedir la bancarrota y mantener al mismo tiempo derechos para obtener fondos de ayuda federal, el sustento de su negocio.
Más aún, la decisión genera incertidumbre sobre qué está permitido y qué no lo está en las reestructuraciones de deudas soberanas y de empresas. Eso tiene un costo para acreedores y deudores. En el caso de Education Management, al menos una corte de apelaciones puede ofrecer la claridad que se necesita.
