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El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley para crear una Agencia que administre las participaciones que el Estado nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), tiene en casi medio centenar de empresas con cotización pública desde que a fines de 2008 se eliminó el esquema de jubilación privada.
La iniciativa oficial declarará "de interés público" el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que maneja la ANSeS y establecerá que para desprenderse de esas acciones se deberá enviar un proyecto al Congreso, cuya aprobación requerirá dos tercios de los votos de ambas Cámaras.
La futura Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas reunirá todas las participaciones de la ANSeS en empresas privadas, ya sean simbólicas o de hasta el 30 por ciento.
Cuando las AFJP fueron estatizadas, sus tenencias pasaron a manos del organismo que dirige Diego Bossio, lo que generó activos físicos por 548 mil millones de pesos. A pesar de eso, el Congreso limitó la participación de la ANSeS al 5 por ciento en los directorios de las empresas.
El proyecto, anunciado anoche por la presidenta Cristina Fernández durante un discurso por cadena nacional, establecerá que la conducción de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas será ocupada por el titular de la ANSeS y su directorio estará integrado por dos representantes del Poder Ejecutivo y dos del Congreso, uno por la mayoría o primera minoría y otro por la primera o segunda minoría.
Otra de las funciones de esa Agencia será reforzar la regulación estatal en sectores clave de la economía, garantizar la participación del Estado en la elaboración de planes de inversiones de las empresas; influir en la política de precios de las empresas; estar informada sobre reestructuraciones societarias para evitar conductas monopólicas; y fomentar la orientación productiva de esas compañías, según los lineamientos básicos a los que accedió el diario El Cronista Comercial.
La Presidenta remarcó que el proyecto busca "que nadie pueda disponer alegremente del patrimonio de los argentinos" y destacó que "no es que estamos impidiendo que se vendan: que se vendan, pero con discusión de cuánto se vende, cómo se vende y si es conveniente vender".
El proyecto regula la participación estatal en empresas de primera línea de diferentes sectores como energético (YPF, Camuzzi Gas Pampeana, Petrobras, Edenor, Endesa, Pampa Energía, Transener, Central Puerto, Gas Natural Ban, Metrogas); siderúrgico (Aluar, Siderca, Tenaris); industria (Molinos, San Migue, Alpargatas, Quickfood, Ledesma, Solvay Indupa); financiero (Banco Hipotecario, Macro, Patagonia, Galicia, BBVA Banco Francés); y de servicios (Aeropuertos Argentina 2000, Correo Argentino, Consultatio, Grupo Clarín, Irsa, Intercargo, Alto Palermo, Telecom, Metrovías), entre otros.
La futura Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas reunirá todas las participaciones de la ANSeS en empresas privadas, ya sean simbólicas o de hasta el 30 por ciento.
Cuando las AFJP fueron estatizadas, sus tenencias pasaron a manos del organismo que dirige Diego Bossio, lo que generó activos físicos por 548 mil millones de pesos. A pesar de eso, el Congreso limitó la participación de la ANSeS al 5 por ciento en los directorios de las empresas.
El proyecto, anunciado anoche por la presidenta Cristina Fernández durante un discurso por cadena nacional, establecerá que la conducción de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas será ocupada por el titular de la ANSeS y su directorio estará integrado por dos representantes del Poder Ejecutivo y dos del Congreso, uno por la mayoría o primera minoría y otro por la primera o segunda minoría.
Otra de las funciones de esa Agencia será reforzar la regulación estatal en sectores clave de la economía, garantizar la participación del Estado en la elaboración de planes de inversiones de las empresas; influir en la política de precios de las empresas; estar informada sobre reestructuraciones societarias para evitar conductas monopólicas; y fomentar la orientación productiva de esas compañías, según los lineamientos básicos a los que accedió el diario El Cronista Comercial.
La Presidenta remarcó que el proyecto busca "que nadie pueda disponer alegremente del patrimonio de los argentinos" y destacó que "no es que estamos impidiendo que se vendan: que se vendan, pero con discusión de cuánto se vende, cómo se vende y si es conveniente vender".
El proyecto regula la participación estatal en empresas de primera línea de diferentes sectores como energético (YPF, Camuzzi Gas Pampeana, Petrobras, Edenor, Endesa, Pampa Energía, Transener, Central Puerto, Gas Natural Ban, Metrogas); siderúrgico (Aluar, Siderca, Tenaris); industria (Molinos, San Migue, Alpargatas, Quickfood, Ledesma, Solvay Indupa); financiero (Banco Hipotecario, Macro, Patagonia, Galicia, BBVA Banco Francés); y de servicios (Aeropuertos Argentina 2000, Correo Argentino, Consultatio, Grupo Clarín, Irsa, Intercargo, Alto Palermo, Telecom, Metrovías), entre otros.
