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El caso Nisman se perfila como un escenario decisivo para la batalla electoral

En un breve ejercicio hipotético, si de la investigación que mal lleva adelante la fiscal Viviana Fein surgieran en los próximos meses pruebas de que Alberto Nisman fue asesinado, un tembladeral político devastaría al gobierno. Por ejemplo, la imagen positiva de la presidente caería por el piso. Su proyecto de encabezar la lista para diputados para el PARLASUR -y conseguir así fueros que le permitan no ser detenida luego del 10 de diciembre- se convertiría en un salvavidas de plomo para Daniel Scioli o cualquier candidato presidencial del Frente para la Victoria. Un oficialismo sospechado de homicidio sería electoralmente inviable.
A su vez, si las pruebas del homicidio de Nisman surgen a la luz, esto podría ser el gatillo para que las causas de Lázaro Báez y Amado Boudou avancen rápidamente y que aparezcan en primer plano otras que pueden alcanzar directamente a CFK, Julio de Vido y otros.
El gobierno está entonces obligado a empantanar la investigación judicial a través de caminos que a nada conducirían, como las sospechas sobre el experto informático Diego Lagomarsino, tratando así que el caso pase a segundo plano. Sin embargo, esto es cada vez más difícil, porque están en juego factores internacionales y en cualquier momento pueden aparecer revelaciones que den por tierra con la estrategia oficialista.
La presidenta y su par chino, Xi Jinping, firmaron en Beijing 15 nuevos acuerdos bilaterales. Uno de los acuerdos, que deberá ser avalado por el Congreso, determina que el gigante asiático llevará adelante la construcción de una estación espacial en la provincia de Neuquén, gozando el lugar de inmunidad diplomática, con todo lo que acarrea una decisión de este estilo, y la falta de control por parte del Estado argentino de lo que allí se haga.
Muchos sospechan que esta inmunidad está dada por los fines militares que tendría esta estación, de ahí el secretismo y los constantes pedidos para que nadie del gobierno argentino intervenga en algo que tenga que ver con el proyecto.
De ser así, la Argentina está ingresando en un reposicionamiento estratégico que la confronta cada vez con los intereses de los EEUU y la OTAN, lo que obviamente le a un plus de valor político al caso Nisman y nos coloca mucho más cerca del régimen de Nicolás Maduro.
A todo esto, la denuncia de Nisman contra la presidente, Héctor Timerman y otros por el encubrimiento de los culpables del atentado a la AMIA; recaló finalmente en el juzgado de Daniel Rafecas, uno de lo jueces federales más golpeados por el kirchnerismo. Cuando tenía a su cargo la causa Ciccone, a Rafecas se le inició una causa en el Consejo de la Magistratura ­órgano encargado de investigar la conducta de los jueces­ luego de que Boudou denunciara que su juzgado “era una agencia de noticias”, al acusarlo de la difusión del allanamiento a su departamento en Puerto Madero. Las relaciones de Rafecas con el aparato de inteligencia oficial son pésimas. Se trata justamente del juez federal que más sufrió por las escuchas telefónicas ordenadas por Jaime Stiusso.

Secuencia de fallos

En este contexto, la contraofensiva judicial contra el gobierno se hizo escuchar fuerte ayer, a sólo 48 horas de haber concluido la feria judicial. El juez Pablo Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, dispuso ayer como medida cautelar la suspensión de la resolución 1121/14 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), en virtud de la cual se había ordenado la transferencia de oficio del Grupo Clarín.
Fue en el marco de una causa iniciada por los periodistas Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú y Eduardo van der Kooy.
Simultáneamente, la Cámara Federal pidió que Sebastián Casanello cite a Lázaro Báez para que explique su vinculación con la compra de campos en Mendoza que hizo Leonardo Fariña. A tan sólo seis meses de las primarias nacionales del 9 de agosto, la confrontación política central sigue siendo entre el gobierno y la justicia, con la oposición en una posición expectante pero de escaso protagonismo.