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Al respecto, el diputado Pablo Tonelli (PRO) afirmó durante su discurso que “el oficialismos debería reflexionar sobre el modo en que debatimos y aprobamos el proyecto de reforma del Código Procesal Penal porque hay una base de acuerdo pero no alcanza. Si hubiéramos tenido la oportunidad de debatirlo seriamente tendíamos un mayor consenso.”
Sobre el proyecto del oficialismo Tonelli, miembro de la Comisión de Justicia, afirmó que “Hacen falta normas complementarias para que este Código entre en vigencia con éxito: la ley de implementación, el Código Penal, la ley orgánica del ministerio público, el régimen penal juvenil y el de ejecución de penas. De todas esas leyes que son necesarias no tenemos ni noticias. En este sentido, este código no tiene posibilidades de entrar en vigencia por la falta de estas leyes, lo cual convierte en nulo el argumento de la urgencia planteado por el oficialismo”.
Por otro lado, la modificación de la ley del Ministerio Público es uno de los puntos más críticos para poner en vigencia este nuevo Código. El Ministerio Público es un cuarto poder y no está adecuadamente concebido para la tarea que les espera a los fiscales cuando pasen a ser quienes impulsen la acción. Se requiere una modificación sustancial. Además, es el único poder que tiene una duración vitalicia en el cargo y es unipersonal y entendemos que no está de acuerdo con el espíritu de la Constitución. Debemos restarle discrecionalidad al procurador general porque discrecionalidad significa arbitrariedad y tenemos muchos ejemplos de ello en este Gobierno.” continuó el Diputados macrista.
Sostuvo luego que “el proyecto viola la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez aprobado este Código, va a ser aplicado por unos 200 órganos jurisdiccionales, pero sucede que la mayoría de esos tribunales deberían ser traspasados a la órbita de la Ciudad, de acuerdo con el art 129 de la Constitución Nacional. Hubiera sido más razonable disponer la trasferencia y diseñar un código procesal penal para la justicia federal poniendo el acento en la investigación de los delitos complejos, que son los que investiga la justicia federal”.
Además, hizo notar que “un déficit notorio es la falta de regulación del juicio en ausencia que es llamativo porque es la respuesta al pedido que hizo la presidenta en ocasión del inicio de sesiones de este año, cuando pidió ayuda y propuestas para resolver la parálisis de la causa de la AMIA” y concluyó afirmando que “es una pena que el oficialismo nos imponga un trámite exprés privando a los ciudadanos de una herramienta verdaderamente eficaz para luchar contra los delincuentes y la inseguridad, que es una de las principales preocupaciones de los argentinos”.
