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Representantes del fondo NML,darán mañana una teleconferencia de prensa sobre la cláusula Discovery. El fondo obtuvo una orden de un juez para buscar activos de empresarios presuntamente cercanos al Gobierno
Una vez más, la American Task Force Argentina (ATFA) embestirá contra la Argentina desde la retórica. El grupo de lobby que representa al fondo NML, del multimillonario Paul Singer, dará mañana una teleconferencia a las 10:30 hora Nueva York
–11 y media hora local–. ¿Cuál será el principal objetivo? Los
representantes de los holdouts informarán sobre los avances de la
cláusula Discovery, que se centra en la búsqueda de activos argentinos
en el exterior para embargarlos.
El fondo puso primero la mirada en la petrolera Chevron y el acuerdo firmado con YPF, que contiene cláusulas secretas. En segundo lugar, se centró en cuatro empresas presuntamente cercanas al kirchnerismo radicadas en el estado de Nevada, que habrían servido para lavar u$s65 millones.
Pero a fines de agosto, el fondo que pertenece al grupo Elliot
Management fue por más: pidió a la Justicia de EEUU que identifique
aquellos vínculos entre el país con el Banco de China y el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) y, de ser necesario, que se avance con embargos de activos financieros.
En
el caso de China, la investigación se centra en los últimos acuerdos
firmados entre ambos países, que involucran dos represas en Santa Cruz -Néstor Kirchner y Jorge Cepernik- y también por el Belgrano Cargas, por u$s4.700 millones y u$s.2100 millones respectivamente.
En
la conferencia de prensa no sólo estará presente Robert Shapiro, el
presidente de ATFA, sino que también contará con la participación de
Robert Cohen, el abogado de NML, quien dará detalles específicos sobre
el avance de la cláusula. Las cuatro compañías que está investigando la
Justicia de Nevada son MF Corporate Services, Val de Loire, Incorp Services y Centenary International Corporation.
A través de la cláusula Discovery,
el fondo está a la caza de activos de compañías sospechadas de haberse
valido de dinero público por métodos corruptos y, de ser comprobable,
serían pasibles de embargos. Este grupo de holdouts, que litigan
contra la Argentina por el tema de la deuda, se apoyó sobre la
investigación que el fiscal José María Campagnoli inició en 2013.
La búsqueda que están realizando los fondos buitres comenzó tiempo después de que la Argentina entrara en default "selectivo", cuando el 30 de junio no
llegó a un acuerdo con los fondos litigantes por el pago de la deuda.
El juez neoyorquino Thomas Griesa había determinado que el Gobierno
debería pagarle el 100% a los holdouts, un total de u$s1.600 millones si se consideran los intereses.
