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Si la capacidad contributiva tiene un límite, el gasto público no puede
tener crecimiento ilimitado: es una verdad de perogrullo, que el Frente
para la Victoria intenta desconocer. La diferencia entre la capacidad
contributiva y su necesidad desenfrenada de incrementar el gasto público
la cubren con inflación. Y la inflación la niegan u ocultan. Esa es la
política económica de la llamada "Década Ganada", que ahora ya resulta
insoportable por el derrumbe de la actividad económica. Hay que rescatar
una acción muy positiva de parte del juez estadounidense Thomas Griesa:
el 'default' argentino le impedirá al Estado argentino recurrir al
endeudamiento externo, que era la alternativa que se desarrollaba para
mantener el incremento del gasto público. A propósito, un buen apunte
del Instituto para el Desarrollo Social Argentino:
Invalorable el aporte del juez Thomas
Griesa: el default le impedirá al Estado argentino endeudarse más en el
exterior para mantener el crecimiento de su gasto público, a tontas y a
locas.
(Idesa).
La situación ante la comunidad financiera internacional se sigue
deteriorando. Esto motiva intensas polémicas. Desde exaltar el
nacionalismo, a señalar la impericia del gobierno para manejar un
problema relativamente simple de resolver. Cualquiera sea el
posicionamiento, el resultado es que una gran cantidad de energías están
abocadas en el tema de los fondos “buitres” y en pronosticar sus consecuencias.
La contracara de esta situación es la poca atención a los
problemas internos. Uno extremadamente importante es la dinámica que
viene mostrando el gasto público. Diferentes factores explican
que el tamaño del Estado aumente en prácticamente todo el mundo. En los
países desarrollados, en general, prevalece el impacto del
envejecimiento poblacional en la seguridad social, mientras que en los
de desarrollo medio (donde se ubican los países latinoamericanos) hay
que dar respuesta a necesidades sociales postergadas.
Pero el comportamiento de la Argentina no encuadra en ninguna de
estas tendencias. Prueba de ello es que según el Monitor Fiscal 2014 del
Fondo Monetario Internacional (FMI) se observa que entre los años 2006 y
2013:
> El gasto público total en los países avanzados pasó de
39% a 42% del PBI, o sea se incrementó en 3 puntos porcentuales del
PBI.
> El gasto público total de los países de Latinoamérica
pasó de 30% a 35% del PBI, o sea se incrementó en 5 puntos porcentuales
del PBI.
> El gasto público total (nación, provincias y
municipios) de Argentina pasó de 31% a 46% del PBI, o sea se incrementó
en 15 puntos porcentuales del PBI.
Estos datos, basados en fuentes oficiales, muestran el
extraordinario crecimiento del gasto público en la Argentina. Entre los
60 países avanzados y emergentes cubiertos por el análisis del FMI
ninguno registra un crecimiento del gasto público tan exorbitante como
el observado en la Argentina. Se ha llegado a un punto en el que el Estado absorbe prácticamente la mitad del ingreso nacional,
situación solo observada en un reducido grupo de países de muy alto
desarrollo como Finlandia (58%), Dinamarca (55%), Francia (53%), Bélgica
(52%), Austria (51%), Suecia (50%) y Holanda (48%).
La gran diferencia es que en estos países el Estado brinda
servicios de excelencia. Las escuelas públicas, el sistema de salud, el
transporte público, la policía, la justicia trabajan con altos
estándares de profesionalismo y calidad. Así, los ciudadanos pagan altos
impuestos (especialmente, el impuesto a las ganancias) pero son
recompensados con buenos servicios estatales. En la Argentina,
se pagan altos impuestos pero las familias deben apelar a escuelas
privadas, medicina prepaga, automóvil propio y seguridad privada.
Frente a la pobre calidad de servicios que brinda el Estado en
Argentina la presión tributaria resulta exagerada. Los asalariados, cada
vez más afectados por el impuesto a las ganancias, constituyen la
manifestación más visible pero no la más importante de este fenómeno.
Como la recaudación récord de impuestos no alcanza para financiar el
impresionante crecimiento del gasto público, se cae entonces en la
emisión monetaria, la inflación, la inestabilidad cambiaria y el
creciente endeudamiento.
Sin querer, el juez Thomas Griesa hace una contribución
importante a la calidad de vida de los argentinos al dificultar el
acceso de la Nación y las provincias a nuevos créditos.
Por esa vía, le pone límites a la voracidad del gasto público. El problema central y más difícil de resolver ahora no son los “buitres”
sino transformar la organización del sector público para que los
impuestos tengan como contrapartida servicios de calidad. Esto requiere
más profesionalismo y menos demagogia para replantear decisiones
equivocadas que se han tomado en los últimos años, abordar las enormes
hipotecas que se han generado en el sistema previsional y modernizar los
estilos de gestión en el sector público incorporando reglas y medición
de resultados a docentes, trabajadores de la salud, policías, jueces y
empleados públicos en general.
