Entradas
Por
Jorge R. Enríquez
El
juicio político al fiscal José Maria Campagnoli parece destinado,
como todas las empresas que inició Cristina Kirchner en su segundo
mandato, al fracaso.
Cuando
habían terminado las audiencias de prueba y debían producirse los
alegatos, una de las integrantes del tribunal de enjuiciamiento,
la doctora María Cristina Martínez Córdoba, invocó un problema de
salud y debió suspenderse el desarrollo del juicio. Luego pidió
licencia por enfermedad y, finalmente, renunció, sin expresar con
claridad cuáles eran los motivos.
Fuentes
de la defensa han señalado que, aunque en un primer momento la
posición de esta jueza era inescrutable - y aún había razones para
pensar que votaría contra Campagnoli, porque había acompañado a la
mayoría que resolvió su suspensión -, durante el curso de las
audiencias, el "clima de sala" les indicaba casi con un
grado de certeza que la doctora Martínez Córdoba fallaría en favor
del fiscal enjuiciado.
Ese
cambio de criterio provenía, según esas fuentes, del resultado de
las audiencias de prueba, en las que la acusación no habría logrado
probar ni una sola de las imputaciones contra Campagnoli y, por el
contrario, la defensa había aportado testimonios concluyentes en su
favor.
En
ese marco, la licencia y posterior renuncia de la doctora Martínez
Córdoba es sumamente sospechosa. O, para decirlo sin vueltas:
es casi imposible que la renuncia de esta magistrada obedezca a los
motivos de salud invocados, máxime porque no alegó una enfermedad
específica sino un vago cuadro de estrés. A horas de la
finalización del juicio, la hipótesis de una fuerte presión del
gobierno aparece como la hipótesis más probable.
Esa
renuncia deja al tribunal sin capacidad de emitir un veredicto,
porque no estuvieron presentes en las audiencias los suplentes de los
jueces y, por lo tanto, no podría un reemplazante de la magistrada
que renunció conocer las pruebas producidas, dado que se trató de
un juicio oral.
Por
lo tanto, o se inicia nuevamente el juicio o se lo da por concluido,
con la inmediata restitución de Campagnoli.
Esto
último parece lo razonable y lo que se ajusta a la jurisprudencia de
la Corte según la cual las fallas del Estado en la tramitación de
un juicio no pueden perjudicar a los imputados. De lo contrario,
Campagnoli podría permanecer suspendido "sine die".
Bastaría que uno de los jueces renunciara para que todo volviera a
fojas cero eternamente.
Es
válido disentir con los criterios particulares que en distintas
causas a lo largo de su extensa trayectoria haya tenido el fiscal
José María Campagnoli. Pero este juicio fue armado por el gobierno
nacional para perseguirlo por la osadía de haber investigado a un
empresario cuya íntima vinculación con la familia Kirchner es
ostensible.
En
consecuencia, no es en último término Campagnoli el objeto de este
juicio político. Lo que está en debate es la impunidad del poder.
