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La
situación en Venezuela es grave. Cualquier apariencia de una
democracia verdadera va desdibujándose día a día. No hay justicia
independiente, la libertad de expresión sufre duros embates, el
debido proceso no rige, como lo demuestra el absurdo encarcelamiento
del líder opositor Leopoldo López. Todo ello con el telón de fondo
de una crisis económica severa, con altísima inflación y un
extendido desabastecimiento.
Frente
a esos notables ataques a la libertad, es llamativo el silencio,
cuando no el abierto apoyo al régimen que hoy lidera Nicolás
Maduro, por parte de los presidentes latinoamericanos.
Por
supuesto, nada podemos esperar en sentido contrario que provenga de
Ortega, Correa, Evo Morales ni mucho menos, por supuesto, de los
Castro, pero sí es curioso que una actitud similar surja de
gobiernos que en sus países son respetuosos del Estado de Derecho,
como Brasil o Uruguay.
Más
curioso lo es todavía en el caso de Chile. Fue Piñera, en el último
tramo de su gobierno, el único presidente latinoamericano que expuso
sus preocupaciones en tal sentido, pero su reciente sucesora,
Michelle Bachelet, ha declarado que debe respetarse la voluntad
popular.
No
es esa la cuestión. No está en discusión la voluntad popular como
origen legítimo de los gobiernos. Lo que está en el tapete ahora es
cómo se ejerce el gobierno. El origen electivo no les concede un
bill de indemnidad para gobernar como se les dé la gana. El voto
popular puede dar lugar a tiranías electivas. La defensa de la
libertad y los derechos humanos exige censurar todo acto autoritario
aun cuando sea cometido por un gobierno de origen
democrático.
Parece
innecesario recordar a esta altura que Mussolini y Hitler llegaron al
gobierno por la vía electoral.
Bachelet,
que sufrió en carne propia los extremos a los que puede llegar el
abandono del Estado de Derecho, y que preside un país que es
ejemplar en Latinoamérica en muchísimos terrenos, no debería
desatenderse de la suerte de los venezolanos que claman por vivir en
libertad.
En
el orden interno, ¿podemos confiar en políticos opositores al
kirchnerismo que, en lugar de censurar a Maduro, se dedican a
imputarles a sus adversarios intenciones golpistas o a ser meros
títeres de los Estados Unidos?
Estemos
atentos, porque no hay razón para creer que lo que estiman bueno
para Venezuela no les agrade también para la Argentina.
Ahora,
en un nuevo giro autoritario del chavismo, la diputada opositora,
María Corina Machado, fue expulsada de la Asamblea Nacional.
La
excusa del presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, para adoptar
esa drástica decisión fue que Machado asistió a la reunión de la
OEA que trató el caso venezolano el viernes pasado por intercesión
de Panamá. En una amañada interpretación, Cabello consideró
que había aceptado un cargo de otro país sin autorización, como
corresponde, de la Asamblea venezolana.
El
argumento es muy burdo. Machado se valió de Panamá para poder
hablar en una reunión en la que no lo hubiera podido hacer por su
país, precisamente para denunciar los atropellos de Maduro y
Cabello.
La
expulsión es un hecho gravísimo. En la Argentina lo permite la
Constitución en casos de inhabilidad física o moral sobrevinientes
a la incorporación de los legisladores, pero sólo debería llegarse
a esa determinación si estuvieran acreditadas causas muy serias que
la justificaran, ya que privar a un legislador de su banca implica
afectar la representación popular en virtud de la cual la
ocupa.
Se
recuerdan aún, en nuestro país, las expulsiones durante el primer
gobierno de Perón de los diputados radicales Ernesto Sammartino,
Agustín Rodríguez Araya y Atilio Cattáneo. Es un signo de profundo
autoritarismo.
Pero
curiosamente parece que los países americanos no lo ven así. En la
reunión de la OEA se emitió una tibia declaración llamando al
diálogo y nada se dijo de las violaciones al Estado de Derecho del
régimen chavista.
La
declaración "respalda" el diálogo iniciado por Venezuela
y pide su continuación, llama al respeto de los derechos humanos y
expresa su respeto a la no intervención en los asuntos internos del
país.
Asimismo, se
expresa el "reconocimiento, pleno respaldo y aliento a las
iniciativas y los esfuerzos del Gobierno democráticamente
electo de Venezuela y de todos los sectores políticos,
económicos y sociales para que continúen avanzando en el proceso de
diálogo nacional, hacia la reconciliación".
Además,
muestra su "más enérgico rechazo a toda forma de violencia e
intolerancia, y hace un llamado a todos los sectores a la paz, a la
tranquilidad y al respeto a los derechos humanos y libertades
fundamentales, incluyendo los derechos a la libertad de
expresión y reunión pacífica, circulación, salud y educación".
Esa
lavada declaración fue aprobada por 29 votos a favor y tres en
contra, de Estados Unidos, Canadá y Panamá.
Mientras
tanto, Venezuela se aleja cada vez más de una democracia sustantiva
y de los principios republicanos básicos.
Dr.
Jorge R. Enríquez
