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El equipo económico está trabajando a pleno en el pago de los casos con sentencia en el CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones). La Argentina estaba incumpliendo fallos de este tribunal del Banco Mundial, lo que a su vez reforzaba a calificación de “deudor recalcitrante” del país, que utilizara hace dos semanas la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Precisamente, la decisión del Gobierno argentino está en íntima relación con la difícil situación en la que se encuentra por el juicio de los fondos buitre y el eventual default de los papeles emitidos bajo la legislación neoyorquina que puede acarrear.
El anuncio del pago de las sentencias del CIADI sería esencial para lograr el apoyo del Gobierno norteamericano en una presentación ante la Corte Suprema de ese país. Tampoco sería costoso para la actual administración. Según fuentes que están trabajando en la operación, se haría con bonos y precisamente se estaría trabajando en la estructura de esos papeles a entregarse en parte de pago. Sugestivamente el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, no viajó a San Petersburgo para participar de la cumbre del G-20 cuando estaba previsto que lo hiciera. Sus funcionarios están dedicados casi por completo al juicio en Nueva York y a esta operación.
En diciembre ya había llegado a ese tribunal la demanda contra la Argentina por parte de Repsol tras la expropiación de sus acciones en YPF. Reclamó u$s 10.500 millones y ya entonces el CIADI acumulaba causas por u$s 21.000 millones. Pero, por lo que habitual-mente dura un juicio en este tribunal, tomaría siete años más una resolución judicial por el caso YPF.
Lo principal para la Argentina pasa por las sentencias obtenidas por las empresas Azurix y Blue Ridge, que reclaman u$s 300 millones más los intereses. La primera de ellas poseía el servicio de cloacas y agua potable en la provincia de Buenos Aires, mientras que la segunda, a través de CMS Energy, era accionista de Transportadora de Gas del Norte. El año 2001 fue fatal también para esas empresas, a las cuales se les rescindió el contrato al año siguiente. A partir de allí comenzó el largo sendero del CIADI.
La Argentina venía incumpliendo los pagos dado que esperaba que esas demandas se trasladaran al país para iniciar el proceso de cobro. La intención era anestesiar el juicio y sumirlo en una telaraña burocrática, incluyendo la obligación de que las partidas para pagarles sean incluidas en el Presupuesto. El Gobierno norteamericano reaccionó ante estas demoras el año pasado con la suspensión a la Argentina del régimen de preferencias arancelarias para las compras que hacía al país. También sus representantes en el Banco Mundial, FMI y en el Banco Interamericano de Desarrollo votaron contra cualquier iniciativa a favor de la Argentina, incluidos los desembolsos de créditos. Una cuestión planteada por el país era que los juicios de esas empresas habían sido vendidos a fondos de inversión. Es decir, las empresas ya no eran más los tenedores de las demandas, sino fondos, no buitres, pero parientes de esas aves. Y con ellos precisamente se debe negociar ante el CIADI.
Venezuela meses atrás decidió abandonar el tribunal del Banco Mundial. Brasil nunca cedió y se mantuvo siempre por fuera de estos tribunales.
En el caso argentino, no servía demasiado el abandono porque las causas en marcha seguirían su curso más allá del abandono. Y nuevas causas, no se esperaban. Sí estuvo en estudio dar por finalizados acuerdos bilaterales que daban seguridad a inversiones. Pero de nuevo, no se lograban beneficios relevantes, y del otro lado se asumían más costos no sólo diplomáticos.
¿Y con el Club de París? Aquí la situación no es tan lineal. En primer lugar, se necesitarían pagos contados y no bonos para cancelar esos pasivos con países acreedores. Y además, la situación de las reservas del BCRA es diferente a la de agosto de 2008, cuando el Gobierno anunció la cancelación total de la deuda con el Club de París, luego archivada con la crisis de Lehman Brothers. De todas maneras, habría una suerte de plan diseñado ya por funcionarios en el que se incluye en simultáneo el pago de la deuda, con el compromiso de desembolso de reinversión de fondos. El proceso aquí es más largo dado que se requiere la aprobación de los integrantes de ese consorcio de países acreedores. Si se toma lo sucedido hace exactamente 5 años, la voluntad oficial existe y en algún momento puede resurgir. Distinto el caso de los fondos buitre y el default de la deuda. Aquí no hubo y no habrá intención de pago oficial. Y por lo que se observó en el Congreso esta semana, tampoco la oposición está dispuesta.
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