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El Gobierno presentó un nuevo reglamento de calidad para el sector de las telecomunicaciones, con el que buscará obligar a las telefónicas aumentar la inversión para mejorar su servicio, y advirtió que en caso de que no lo hagan, las multará y hasta podría estatizarlas.
"Lo que no haga el privado lo va a hacer el Estado, como pasó con Aguas Argentinas, el correo y el petróleo. Después está el marco legal que se le da a la cuestión, pero lo que está claro es que no vamos a resignar la calidad del servicio", sostuvo el el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, durante un acto que se realizó en la tarde de ayer en el microcine del Ministerio de Economía.
Secundado por funcionarios, empresarios, sindicalistas y expertos del sector, Norberto Berner, secretario de Comunicaciones, recordó que existen reiteradas quejas de los usuarios por las fallas en el servicio telefónico y consideró que eso se produce por la escasa inversión de las empresas.
El funcionario aseguró que Chile, Uruguay, Brasil, México, Colombia y Costa Rica ocupan lugares importantes en el ranking de inversión regional en telecomunicaciones, mientras que Argentina no figura entre los primeros puestos. Para Berner, Uruguay podría estar en los primeros puestos de ese ranking gracias a que decidió no privatizar su empresa de telecomunicaciones.
El funcionario explicó además, que en México, Ecuador y Alemania la inversión equivalente al 20 por ciento de las ventas, mientras que en Argentina no llega al 10 por ciento. Y esa falta de inversión afectaría directamente el porcentaje de celdas que permiten brindar servicios 3G, que son apenas el 37 por ciento.
El nuevo reglamento, de acuerdo al texto de la Resolución 5 de la Secretaría de Comunicaciones al que accedió el diario Página/12 y que aún no fue publicado en el Boletín Oficial, establece en sus considerandos que es necesario determinar una serie de datos "observables y susceptibles de ser medidos", que tendrán que publicar las compañías y que la Secretaría subirá a su portal para que los usuarios puedan acceder a ellos.
Los datos que deberán consignarse buscarán dar cuenta del nivel de satisfacción del usuario y la operatividad de la red.
Para eso, se relevará la cantidad y reiteración de reclamos, y las respuestas que recibieron los usuarios. También habrá un indicador especial para los reclamos sobre cuentas prepagas, facturación y demoras en la operatividad de los servicios solicitados.
Por otro lado, se medirá la accesibilidad al servicio, la retenibilidad y las tasas de cumplimiento del tiempo de transmisión, pérdida de paquetes y velocidad efectiva media de transmisión, entre otros. Esos indicadores deberán informarse sobre cada una de las áreas en las que el operador brinde servicios de telecomunicaciones. Berner aseguró que los indicadores se van a publicar en 90 días.
El nuevo reglamento determina que los prestadores tendrán que contar con servicios gratuitos de atención al cliente la 24 horas, a través de las oficinas comerciales, virtuales y líneas telefónicas, y con opción de acceso a un operador humano disponible en cada menú de opciones.
Tanto De Vido como Berner advirtieron que si las compañías no mejoran sus prestaciones en el corto plazo, el Estado podría asumir un rol preponderante en el sector.
A principios de junio, mediante el decreto 681 el Poder Ejecutivo autorizó a la Secretaría de Comunicaciones a disponer las "medidas preventivas" necesarias para que las compañías telefónicas cumplan con los requerimientos de calidad de servicio.
Secundado por funcionarios, empresarios, sindicalistas y expertos del sector, Norberto Berner, secretario de Comunicaciones, recordó que existen reiteradas quejas de los usuarios por las fallas en el servicio telefónico y consideró que eso se produce por la escasa inversión de las empresas.
El funcionario aseguró que Chile, Uruguay, Brasil, México, Colombia y Costa Rica ocupan lugares importantes en el ranking de inversión regional en telecomunicaciones, mientras que Argentina no figura entre los primeros puestos. Para Berner, Uruguay podría estar en los primeros puestos de ese ranking gracias a que decidió no privatizar su empresa de telecomunicaciones.
El funcionario explicó además, que en México, Ecuador y Alemania la inversión equivalente al 20 por ciento de las ventas, mientras que en Argentina no llega al 10 por ciento. Y esa falta de inversión afectaría directamente el porcentaje de celdas que permiten brindar servicios 3G, que son apenas el 37 por ciento.
El nuevo reglamento, de acuerdo al texto de la Resolución 5 de la Secretaría de Comunicaciones al que accedió el diario Página/12 y que aún no fue publicado en el Boletín Oficial, establece en sus considerandos que es necesario determinar una serie de datos "observables y susceptibles de ser medidos", que tendrán que publicar las compañías y que la Secretaría subirá a su portal para que los usuarios puedan acceder a ellos.
Los datos que deberán consignarse buscarán dar cuenta del nivel de satisfacción del usuario y la operatividad de la red.
Para eso, se relevará la cantidad y reiteración de reclamos, y las respuestas que recibieron los usuarios. También habrá un indicador especial para los reclamos sobre cuentas prepagas, facturación y demoras en la operatividad de los servicios solicitados.
Por otro lado, se medirá la accesibilidad al servicio, la retenibilidad y las tasas de cumplimiento del tiempo de transmisión, pérdida de paquetes y velocidad efectiva media de transmisión, entre otros. Esos indicadores deberán informarse sobre cada una de las áreas en las que el operador brinde servicios de telecomunicaciones. Berner aseguró que los indicadores se van a publicar en 90 días.
El nuevo reglamento determina que los prestadores tendrán que contar con servicios gratuitos de atención al cliente la 24 horas, a través de las oficinas comerciales, virtuales y líneas telefónicas, y con opción de acceso a un operador humano disponible en cada menú de opciones.
Tanto De Vido como Berner advirtieron que si las compañías no mejoran sus prestaciones en el corto plazo, el Estado podría asumir un rol preponderante en el sector.
A principios de junio, mediante el decreto 681 el Poder Ejecutivo autorizó a la Secretaría de Comunicaciones a disponer las "medidas preventivas" necesarias para que las compañías telefónicas cumplan con los requerimientos de calidad de servicio.
nosis
