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El Gobierno nacional avanzaría con los prometidos cambios en el sector eléctrico y se convertiría en intermediario de la comercialización de electricidad para las grandes industrias.
En agosto de 2012, Axel Kicillof, secretario de Política Económica, había adelantado a empresarios del sector que se estaba estudiando reformular todo el modelo energético. En ese momento se había rumoreado que iba a desaparecer el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en el que las dueñas de las principales usinas y centrales comercializan la venta de energía a grandes usuarios, y abarca contratos con un universo de más de 5.000 grandes clientes de todo el país.
El nuevo esquema que el funcionario habría adelantado a las generadoras, y que se activaría después de semana santa, transformaría al Estado en el controlante de esas operaciones, y a Cammesa en la única autorizada para comprar energía a las generadoras y a revenderla a los grandes usuarios. Esas operaciones, serían concretadas a través del Organismo Encargado del Despacho (OED), según consignó el diario El Cronista Comercial.
Fuentes del sector consideraron que con la nueva norma "se llevará a la práctica formal lo que ya sucedía en los hechos" porque tanto Cammesa como la Secretaría de Energía "son las que fijan los precios en la industria" desde hace mucho tiempo.
La norma modificaría la manera de medición de los precios en base a los costos, que reconocería "los costos que tenemos, pero hay que ver cómo se implementa igual porque en un año electoral no dejarán transferirlos a tarifas", aseguraron fuentes de una de las compañías afectadas.
Con la resolución, el Gobierno nacional no sólo se hará cargo de los contratos de abastecimiento de electricidad a las grandes empresas sino también de pagarles a las productoras de energía eléctrica.
Además, la normativa incluiría un mayor pago por potencia -disponibilidad de la energía- y por los costos de operación y mantenimiento, lo que elevaría en un 50 por ciento sus ingresos actuales, según consignó el diario La Nación.
El nuevo esquema que el funcionario habría adelantado a las generadoras, y que se activaría después de semana santa, transformaría al Estado en el controlante de esas operaciones, y a Cammesa en la única autorizada para comprar energía a las generadoras y a revenderla a los grandes usuarios. Esas operaciones, serían concretadas a través del Organismo Encargado del Despacho (OED), según consignó el diario El Cronista Comercial.
Fuentes del sector consideraron que con la nueva norma "se llevará a la práctica formal lo que ya sucedía en los hechos" porque tanto Cammesa como la Secretaría de Energía "son las que fijan los precios en la industria" desde hace mucho tiempo.
La norma modificaría la manera de medición de los precios en base a los costos, que reconocería "los costos que tenemos, pero hay que ver cómo se implementa igual porque en un año electoral no dejarán transferirlos a tarifas", aseguraron fuentes de una de las compañías afectadas.
Con la resolución, el Gobierno nacional no sólo se hará cargo de los contratos de abastecimiento de electricidad a las grandes empresas sino también de pagarles a las productoras de energía eléctrica.
Además, la normativa incluiría un mayor pago por potencia -disponibilidad de la energía- y por los costos de operación y mantenimiento, lo que elevaría en un 50 por ciento sus ingresos actuales, según consignó el diario La Nación.
