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Cristina Fernández de Kirchner no le puede conceder a Antonio Caló, secretario general de la CGT oficialista, el ajuste del monto gravable por la 4ta. categoría del Impuesto a las Ganancias. Entonces, ella intentará compensarlo con una fuerte caza al empleo informal, según lo que anticipa Horacio Verbitsky en el diario Página/12. De la inflación, ni hablar. De paso: si no se revisan los aportes patronales, elevadísimos para las pequeñas y medianas empresas, es posible anticipar el fracaso de la nueva iniciativa.
(Urgente24). En las 3 centrales sindicales enfrentadas con la Casa Rosada, la CGT que lidera Hugo Moyano; la CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo; y la CTA que encabeza Pablo Micheli, hay coincidencia en que la evolución de los precios será un condicionante ineludible de la negociación paritaria, que para la mayoría de los gremios comenzará en marzo.
"Para resolver salarios, primero hay que resolver precios", dijo el diputado nacional y secretario de Prensa y Comunicación de la central moyanista, Omar Plaini, hombre fuerte del sindicalismo del sur del Gran Buenos Aires.
"Quisiéramos firmar por un año, como lo hicimos siempre, pero habrá que ver cómo se comportan los formadores de precios, sobre todo en rubros como alimentos y transporte, que son de mucho peso para los trabajadores", le dijo al diario La Nación.
Micheli: "Nuestro cálculo es que la inflación no va a ser menor a 30%, así que la disputa por la reapertura (de las paritarias) va a ser muy fuerte. Lo mejor sería firmar sin poner fechas límite. Tenemos que garantizar que el salario no quede desfasado respecto de los precios".
Si bien Juan Manuel Abal Medina (h) negó que exista una pauta gubernamental del 20%, se insiste en la preocupación del Ministerio de Trabajo por 'maquillar' cualquier acuerdo (el caso de bancarios, por ejemplo) en el 20% y, además, ya adelantó que no reconocerá negociaciones por menos de 1 año de vigencia.
Sin embargo, los bancarios negociaron una suba salarial de cerca de 25%, por sólo 3 meses.
Acerca de la conflictividad social, el diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, afirmó:
"La Presidenta, por otra parte, no quiere ver el enorme frente de conflicto que se abre por estas horas con los sindicatos por las discusiones salariales en paritarias. Y el potencial peligro que encierra el inicio de una escalada entre precios y salarios, como parece verlo por ahora en soledad el titular de la UIA.
Hay gremios como bancarios y alimentación que ya arrancaron sus discusiones con un piso del 25 por ciento. Y las discusiones con el gobierno y los empresarios se van a extender hasta junio, a cuatro meses de las elecciones de octubre.
El problema, advierten en la Casa Rosada, es que la puja por los sueldos ha puesto a la tropa oficialista de gremios cada vez más cerca, otra vez, del camionero Hugo Moyano o del gastronómico Luis Barrionuevo. Con la CTA opositora de Pablo Michelli que puede convertir en un problema aún mayor a las discusiones de los ingresos de los estatales.
Sin olvidar que el gremio docente amaga con llevar sus reclamos a un incremento del 50 por ciento a partir de febrero. Es decir que el arranque de las clases a fines de ese mes otra vez pende de un hilo. Cristina Fernández confía en Antonio Caló y los ex "gordos" menemistas que lo acompañan en la CGT oficial.
O en todo caso jamás dará un paso atrás para no reconocer que se equivocó con esa alianza y con esa división que los nostálgicos del nestorismo dicen que jamás debió haber sucedido.
La Presidenta podría llevarse una sorpresa no más allá del fin del verano, si no escucha a quienes aseguran que la reunificación sindical está al caer, con todo lo que ello implica, si antes de marzo no se modifica sustancialmente el piso del impuesto a las ganancias. (...)".
En el diario Página/12, Horacio Verbitsky afirma en su columna dominical que demasiadas veces se pronosticó el final de Cristina y eso no sucedió. Equivocado anda Verbitsky: Cristina estaba liquidada en 2010 y la rescató la muerte de su marido, vaya si no tuvo que pagar un precio elevado para permanecer en el poder. Afirmación liviana la del influyente líder del ladriprogresismo.
Luego, el columnista esboza la posibilidad de una reforma tributaria, un tema que Néstor Kirchner ya 'bochó' a Felisa Miceli en su momento, y desde entonces tampoco interesó a Cristina Fernández de Kirchner. En cuanto al control más estricto de la informalidad laboral que prepara Cristina, según Verbitsky, es una medida ya ensayada una y otra vez, un intento de satisfacer a la CGT con más afiliados pero no tiene sentido y vale la pena recordar que los formalizados apenas son 50% de los trabajadores totales, por culpa de la carga tributaria vigente, incluyendo aportes patronales.
"(...) La fracción gremial del metalúrgico Antonio Caló presentó un proyecto que intenta compensar los ingresos que el Estado obtiene por el impuesto a los réditos de la cuarta categoría con tributos a las transacciones financieras, la comercialización externa de productos mineros y un nuevo revalúo fiscal de los campos de la región núcleo.
En un cálculo de extremo optimismo, realizado en el vacío político de un laboratorio, estima que de ese modo se recaudarían unos 13.000 millones de pesos adicionales. También propone cuatro alternativas de modificación de las escalas sobre las que se cobra el impuesto a la cuarta categoría y un incremento de las deducciones admisibles.
Como regla general, el tributarista Jorge Gaggero sostiene que “en ningún país serio del mundo se ha eliminado el impuesto a los ingresos para los altos salarios de los trabajadores formales, afiliados a sindicatos con fuerte poder de presión. Es más, los actuales mínimos no imponibles son similares a los de los países mediterráneos de Europa”.
Pero Gaggero también reclama la reforma impositiva de fondo, que los sindicalistas bosquejan y el Estado resiste. El gobierno se comprometió a dar una respuesta, aunque adelanta que la dificultad reside en las categorías inferiores de la escala.
Quienes perciben remuneraciones de entre 7 y 15.000 pesos mensuales son las tres cuartas partes del universo alcanzado por el impuesto. Con alícuotas del 1 por ciento quienes ganan menos de 10.000 pesos, del 3 por ciento hasta 12.500 y del 7 por ciento hasta 15.000 su contribución ronda los 7000 millones de pesos anuales, cuya falta dejaría sin recursos a los programas de transferencia de ingresos a los más débiles. Los técnicos del gobierno afirman que los impuestos alternativos propuestos no compensarían esa merma. Tal vez, pero como mínimo es indiscutible su valor simbólico, igual que en el caso de los jueces.
La idea de la equidad no puede subestimarse. Si es justo que paguen los asalariados más favorecidos, no hay argumento por el que deban exceptuarse los inversores financieros. Con el retraso de la actualización de los mínimos en los últimos años, el 22 por ciento de los asalariados entraron en el radar de la AFIP.
En las reuniones mantenidas en las últimas semanas, los representantes oficiales anticiparon que las readecuaciones posibles procurarán mantener ese porcentaje, porque de otro modo al ritmo del incremento actual de precios pronto alcanzaría al 30 por ciento de los trabajadores.
Pero dijeron en forma explícita que no volverían los tiempos en que sólo tributaban el 8 por ciento de los trabajadores. Lo que el gobierno está preparando y podría anunciar la Presidente al regreso de su gira asiática son medidas muy fuertes para reducir la informalidad laboral, que afecta a un tercio de la mano de obra que no paga impuesto a los ingresos. (...)".
