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En un año electoral muchos municipios están necesitados de fondos que saben no llegarán de Nación ni de las provincias. Es por ello que en plena temporada alta, la intendencia de Pinamar -donde hay un enorme vacío de poder político- busca aumentar otra vez los impuestos (Macri ya lo hizo con el ABL y en Córdoba gravaron la venta de nafta). Pero los vecinos ya hicieron sentir su rechazo anoche en una sesión del Concejo Deliberante, adonde acudieron masivamente para intentar frenar lo que consideran un "nuevo abuso" del Ejecutivo municipal.
(Urgente24) En un año electoral, muchos municipios están necesitados de fondos y Pinamar, en plena temporada alta, no sólo es uno de ellos sino que además está a punto de explotar.
Los municipios descuentan que ni la Nación ni las administraciones provinciales tendrán dinero para ellos, y es por eso que algunos decidieron aumentar su ABL (como ocurrió, no sin polémica, en la Ciudad de Buenos Aires) y otros tienen ya aprobado por el Concejo Deliberante -pero con aplicación suspendida- tasas como la de gravar la venta de nafta (tal como hizo la provincia de Córdoba).
El problema es que los contribuyentes ya le pagan a la Nación, a las provincias y encima a los municipios. Entonces la presión se torna insostenible. Tal es el caso de Pinamar, donde intentan volver a aumentar los impuestos, y donde además hay un enorme vacío de poder político: recordemos que el alcalde Blas Antonio Altieri está suspendido porque se encuentra procesado, y el alcalde sustituto, Hernán Muriale, está bajo la lupa de la justicia.
Ayer se realizó una reunión en el Concejo Deliberante para aprobar un código tributario basado en el aumento del módulo municipal, de 3 a 4, lo cual podría elevar el presupuesto a $256 millones. Al encuentro acudieron masivamente los ciudadanos residentes para intentar frenar lo que consideran un "nuevo abuso" del Ejecutivo municipal.
Los vecinos se quejan de que vienen tributando con aumentos escalofriantes y, encima, para el año próximo el municipio quería aprobar un aumento incierto en las tasas que hasta podría llegar a ser del 400 %. Esto sumado a que los impuestos municipales ya son muy altos y que en noviembre y diciembre cobraron 4 cuotas adicionales “por carecer de fondos para hacer los pagos más elementales”.
Dicen que tal fue el alboroto que se produjo anoche en Pinamar que el presidente del Concejo Deliberante se terminó encerrando con llave en un sótano para evitar que los vecinos lo lincharan.
El presupuesto que maneja Pinamar es el más alto de la costa, luego del de Mar del Plata. La 'Feliz' tiene una población de 800.000 habitantes, y Pinamar de 25.000.
El Ejecutivo pinamarense quería aprobar un código tributario basado en el aumento del módulo municipal, de 3 a 4, lo cual podría elevar el presupuesto a $256 millones y quizá hasta 400 millones. Mar del Plata tiene un presupuesto que roza los mil millones. En otras palabras, al habitante de Mar del Plata le corresponden 1,25, mientras que al de Pinamar, 102,4.
Pero, además, y sobre todo, los vecinos se quejan de que desde la intendencia no dan explicaciones sobre el destino del dinero.
El reclamo de muchos pinamarenses también tiene que ver con la situación de impunidad que consideran hay en el municipio. Muchos vecinos repudian que algunos de los funcionarios implicados en la denuncia que derivó en la suspensión de Altieri aún continúen en sus cargos. Tal el caso del actual secretario de Servicios Urbanos y ex secretario de Acción Social, Alberto Morales, quien además habría recibido, de manos del ex intendente, dos de las casas del complejo habitacional destinado a las familias más necesitadas de Pinamar. Meses atrás, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires ordenó el desalojo de 23 viviendas, dos de las cuales están siendo ocupadas por hijos de Morales.
# Niegan pedido de unificación de las 5 causas contra Altieri
A todo esto, y en plena polémica, el juez de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial de Dolores,Gastón Giles, resolvió no dar curso a la petición de traslado de las cinco causas en contra del ex intendente de Pinamar, Blas Altieri, al Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del Dr. Federico Guillermo Atencio.
Según informa El Mensajero de la Costa, para entender la importancia de esta resolución es necesario recordar que, luego de seis años de inacción por parte de los fiscales que debían atender las causas contra el ex Intendente, se conformó un Jurado de Enjuiciamiento para investigar si los magistrados Diego Escoda, Lis Grisel Brestolli y Roberto Gustavo Miglio Salmo, entre otros, habían obstaculizado las causas.
A esta situación, se sumó el año pasado una llamativa decisión: todos los fiscales del Departamento Judicial de Dolores se excusaron de investigar a Altieri y a Carlos Oricchio, su socio y amigo.
Según explicó el abogado Lucas Ventoso, son cinco las causas penales que se llevan adelante contra Altieri pero los delitos contra la administración pública suman más de veinte: peculado, administración infiel en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación ilícita, son sólo algunos de ellos.
"Para ordenar esta mega causa, Giles determinó que tiene que haber una causa penal por cada gestión de Altieri", explicó el letrado. Es decir, como las causas que se investigan involucran tres periodos de gobierno municipal, estarán ordenadas en tres IPPs (Investigación Penal Preparatoria).
Asimismo, Ventoso asegura que derivar las causas a La Plata "significaría garantizar la impunidad de Altieri. Fundo esta afirmación en las circunstancias objetivas de la petición de Atencio, que sale a reclamar una competencia sin ningún tipo de fundamento jurídico. Es decir, pide que todas las causas penales contra Altieri y Oricchio vayan a La Plata, a su Juzgado, sin siquiera ver las causas porque eso es lo que le solicita el defensor de Altieri, Sebastian Tamagno".
Este punto está explícito en el fallo del Giles. "Se trata de un pedido absolutamente temerario porque a al juez no le importa las consecuencias de su petición" dijo Ventoso en diálogo con AgePeBA.
El pasado 27/12, Giles resolvió rechazar de manera contundente lo solicitado por Atencio. El documento, escrito en un tono fuerte y hasta irónico, desmenuza los argumentos presentados por Tamango.
La Causa Nº 13.306 intenta determinar "si el patrimonio del Estado Municipal sufrió defraudación infiel" por parte del intendente "y de integrantes de su equipo de gestión de gobierno". En este documento, Giles presenta una dura crítica al accionar y las pretensiones del magistrado demandante: "Se advierte que Atencio se ha considerado Juez competente de cinco investigaciones penales sin siquiera haberlas tenido a la vista, sin haber mínimamente analizado el objeto procesal, las fechas de los hechos que se investigan, el tiempo que llevan abiertas, las medidas de prueba producidas, las intervenciones jurisdiccionales de dos instancias, los tiempos de paralización por inactividad del Ministerio Publico Fiscal (MPF), resultando a todas luces apresurado su proceder ante una pesquisa de esta envergadura en la cual la parte acusadora (el MPF) aún no las ha acumulado".
Según Giles, "el propio argumento vertido por el Magistrado muestra lo endeble de su postura". Y señala que, en relación a la IPP 03 03 5279/10 (que involucra la construcción de las viviendas sociales con dineros de la Provincia) el juez no tuvo en cuenta ni las fechas de la denuncia ni del contrato entre la Municipalidad y el Instituto Provincial de la Vivienda, datos definitivos para determinar a qué Juzgado le compete la causa. Luego de un pormenorizado análisis, Giles demuestra que nunca le correspondió a Atencio, "quien ni siquiera estaba a cargo del Juzgado en turno a las fechas discriminadas". Y agrega que "el pedido de Tamango no presenta fundamentos sólidos ni demuestra un acabado estudio de las cinco investigaciones penales en marcha".
Giles señala en varios párrafos del documento que la investigación ya lleva seis años de proceso sin ningún avance de importancia. Durante ese tiempo, intervino en todas las IPP el Fiscal GeneralDiego Escoda. Ni él ni "sus inferiores", luego de seis años, repararon "en la competencia de extraña jurisdicción" hasta que tomaron conocimiento "del pedido de formación del Jurado de Enjuiciamiento en su contra pedido por Lucas Ventoso", asegura Giles.
Luego, el magistrado realiza una extensa critica a la intervención del ex Agente Fiscal Cristian Centurión, representante del MPF en Pinamar, "hasta que fue separado del cargo. (…) No debe olvidarse que por tal motivo la misma Procuradora General de la Provincia dispuso que la investigaciones llevadas a cabo por Centurión pasaran a conocimiento del Agente Fiscal especializado en Delitos económicos del Departamento Judicial de Mar del Plata, Javier Pizzo".
Por si los argumentos no fueran contundentes hasta aquí, Giles agregó que "la Procuradora, como máximo representante de todos los fiscales de la provincia, en ese momento tampoco ordenó que las investigaciones debían girarse al Departamento Judicial de La Plata como ahora lo entiende Atencio".
Finalmente, el Juez Giles considera "un golpe a la transparencia hacia la sociedad representada por el MPF" el hecho de que recién ahora, todo el cuerpo de fiscales de Dolores, "descubran que se equivocaron en su proceder y que un fiscal de La Plata (Atencio) les hubiese hecho ver que todos las IPPs debieron ser investigadas en aquel Departamento Judicial".
Terminante, agrega que "con solo leer los escuetos fundamentos vertidos por cada uno de ellos, emerge lo irracional de sus peticiones. La competencia es de Orden Público por ser una cuestión constitucional y por ende es improrrogable, todo con el fin de no permitir elegir jueces ni poder sacar a los judicializables del Juez Natural del proceso".
