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La propiedad es inviolable, dice el artículo 17 de
la Constitución Nacional. Pero
se admite la expropiación por razones de utilidad pública, siempre que así se lo
determine por ley y que se la indemnice previamente.
La ponderación de en qué casos se configura
la "utilidad pública" es privativa del Poder Legislativo. Se la señala,
tradicionalmente, como una cuestión política no justiciable, es decir que el criterio de los legisladores -no así el
procedimiento expropiatorio- no
puede ser revisado por los
jueces.
Ahora
bien, más allá de tales requisitos formales, la expropiación no puede
interpretarse como un modo normal del Estado de tomar la propiedad de un
particular. Ha de haber un motivo muy claro y contundente de interés general
que lo justifique.
En el
caso típico, el de la expropiación de terrenos o inmuebles para construir en
esas áreas caminos, autopistas,
parques, etc., no hace falta mucha argumentación. Basta indicar que esas fincas
se hallan en el lugar donde se levantarán esos espacios públicos. Pero en
hipótesis como la de la
Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone
Calcográfica) , el motivo de la expropiación no surge a primera
vista.
Se
impone, por lo tanto, una detallada explicación y un debate serio sobre los
pros y los contras de la iniciativa.
¿Era
imprescindible? ¿No había otros caminos? ¿Por qué la Casa de la Moneda no puede cumplir por
sí su cometido? ¿No podían comprarse las
máquinas necesarias? En todo
caso, ¿la expropiación no podía limitarse a esas máquinas?
Nada de
eso pudo ponderarse. La orden presidencial fue sancionar la ley en forma urgente, sin mayor
debate. ¿Por qué? Porque era necesario sacar rápidamente los focos de las
luces públicas de Amado Boudou y su banda.
No era tanto, me parece, el propósito de obstruir la investigación judicial,
porque a esta altura los amigos de Boudou ya pudieron borrar de
Ciccone todas las huellas comprometedoras.
Es
difícil que el objetivo se cumpla. Cada vez aparecen nuevos elementos que
complican la situación de ese grupo feliz de amigos marplatenses. Si el juez a
cargo de la investigación realiza su tarea con un mínimo de diligencia, no
habrá cortina de humo ni expropiación que detenga la verdad.
Los
ribetes escandalosos de este asunto saltan a la vista. Pero el oficialismo se
abroqueló en la defensa del Vicepresidente, sin ningún entusiasmo, sin ninguna
convicción, pero con espíritu de obediencia ciega. No es el estilo que cabe
esperar en una República. Una cosa es ser fieles a nuestras ideas; otra muy
distinta, ser indiferentes frente a la presunta comisión de delitos. La
solidaridad es una virtud; la complicidad respecto de la corrupción, es una
falta gravísima, un verdadero atentado contra la democracia.
