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La CGT que conduce Hugo Moyano postergó la divulgación de los índices de inflación que tenía previsto dar a conocer el martes (07/08), pero adelantó que la canasta básica es un 52 por ciento más cara que la publicada por el Indec. Reclamó un piso de $3.500 para el salario mínimo vital y móvil y convocó a una reunión de presidentes de obras sociales sindicales para debatir la situación de la deuda del Gobierno con esas entidades.
A pesar de la postergación de la presentación de las mediciones realizadas por la CGT que conduce Hugo Moyano, inicialmente esperadas para este martes (07/08), el secretario de prensa de la central obrera, Omar Plaini, adelantó que se usarán para el cálculo "los mismos 50 ítems que usa el Indec" para determinar la inflación mensual y reveló que la canasta básica medida por ellos es 52% más cara que la oficial.
Además, se explicó que los técnicos de distintos gremios participaban en la elaboración del relevamiento y agregó que mujeres sindicalistas realizarán en estos días una encuesta propia en supermercados de esta capital y del conurbano bonaerense.
El informe paralelo al del organismo oficial sería presentado en los próximos días, mientras que el sindicalista no precisó cuándo dará a conocer los "La primera tendencia nos arroja, sobre 50 ítems que medimos, una diferencia con el Indec de más del 50 por ciento sobre esos productos", dijo Plaini, quien precisó que el relevamiento se está realizando "en los mismos ámbitos" donde mide el ente oficial y con “técnicos y profesionales del área”.
La medición de la CGT moyanista rondaría los 2.200 pesos, ya que de acuerdo a los números del Indec correspondientes a mayo la misma se ubicaba en $1.491,45.
El moyanismo además dijo que medirá los niveles de inflación, pobreza, indigencia, desocupación y trabajo precario.
Con esos datos, la CGT reclamó un piso de 3.500 pesos para el salario mínimo vital y móvil.
Al término de una reunión del Consejo Directivo, Plaini anticipó además que la CGT convocó para el martes (17/08) a un cónclave de presidentes de obras sociales sindicales para debatir la situación de la deuda del Gobierno con esas entidades.
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