AHORA VIENEN POR LOS PORTEÑOS

Desde esta columna ya hemos comentado la razón por la cual la pretensión del gobierno nacional de transferirle los subtes al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene la menor vinculación con el reconocimiento sincero de la autonomía porteña, sino que obedece simplemente al deseo de endosarle el imprescindible ajuste tarifario a Mauricio Macri.
El anuncio de la presidenta de que haría ratificar el acta preacuerdo celebrado a principios de enero no cambia la situación sustancialmente, dado que de todas formas sigue tratándose de un acto bilateral, es decir, debe concurrir la voluntad de ambos Estados, el nacional y el porteño.
Pero en el proyecto había una sorpresa: además del traspaso del subte y del premetro, se incluía la transferencia de la competencia para regular el transporte de colectivos que prestan servicio en la Ciudad Autónoma, - a cuyo respecto hay que aclarar que se trata de 28 líneas y no de 33 como erróneamente vienen sosteniendo diversos ministros del Poder Ejecutivo Nacional -, y del ultramoderno tranvía de Puerto Madero a la órbita porteña.
Este curioso artefacto de locomoción que realiza un escuálido recorrido de 16 cuadras, paralelo a la Av. Alicia Moreau de Justo entre Córdoba e Independencia y transporta 500 personas por día, ha sido bien llamado “el tren que no va a ningún lado" porque no tiene conexión alguna con las redes ferroviarias o de subtes.
Construido en tiempos del tristemente célebre ex secretarío de Transportes de la Nación, Ricardo Jaime, al costo de casi 50 millones de pesos, encierra una pequeña sorpresa para la Ciudad: el Estado Nacional aporta un millón de pesos mensuales para que pueda funcionar, suma que desde luego deberemos sufragar los porteños.
Sobre todo esto nada se había dicho y nada se había negociado. Es, entonces, más allá de la improcedencia en los términos en que la iniciativa fue formulada, una nueva falta de respeto del oficialismo hacia quienes habitamos la Ciudad de Buenos Aires.
En efecto, el gobierno quiere hacer aparecer a los porteños como seres egoístas y privilegiados, a los que los demás argentinos les pagan los servicios que disfrutan.
¿Por qué - se preguntan los voceros kirchneristas - deben solventar el metro de Buenos Aires los salteños, cordobeses o misioneros, que no tienen subte?
El argumento es absolutamente falaz, pero no sería raro que esta irresponsable reedición del conflicto de unitarios y federales pudiera tener alguna favorable acogida en muchos argentinos del interior, y potenciándose así esa nefasta división. Que un gobierno en lugar de contribuir a la unión nacional promueva por mezquinos intereses el enfrentamiento entre argentinos es canallesco.
¿Por qué es mendaz? Porque los porteños queremos ocuparnos del subte y de todos los asuntos que corresponden a nuestra autonomía. Es por ello que hay que saludar con beneplácito el reclamo de una autonomía plena efectuado por el Jefe de Gobierno porteño y por los diputados nacionales y locales del PRO, que incluya el traspaso, además, de la Justicia Nacional Ordinaría de la Capital Federal, de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, del Registro de la Propiedad Inmueble, de la Inspección General de Justicia, de un sector del Servicio Penitenciario y de la administración del Puerto local y del juego de la Ciudad, todo ello acompañado, desde luego, de las respectivas partidas presupuestarias.
Es que si nos tiran por la cabeza de un día para el otro todas las competencias que deberíamos tener -y que hasta ahora nos vienen siendo cercenadas - sin que se nos transfieran al mismo tiempo los recursos, como prescribe claramente la Constitución Federal en su art. 75, inc.2, párr. 5, va a ser imposible que podamos financiarlas.
Eso no ocurre porque las demás provincias nos subsidien. Al contrario, Buenos Aires aporta alrededor del 25% de los recursos coparticipables y recibe menos del 1,5%. En otras palabras, los habitantes de la capital argentina son los que subsidian a otras jurisdicciones.
A título de ejemplo, hay que consignar que sólo la transferencia de las competencias de la Justicia Nacional Ordinaria a la esfera porteña permitiría incrementar la alicaída participación porteña en la coparticipación federal en un 3,458 % del monto total de lo recaudado conforme el art. 2º de la ley 23.548, debiendo deducirse tal porcentaje de la parte que le corresponde a la Nación, en la distribución primaria. Por tanto, ninguna provincia se vería afectada por la justa redistribución que se produciría en beneficio porteño.
Pese a todo ello, la ciudad se autofinancia, es decir, paga sus gastos con sus propios recursos. Por eso no debe mendigarle nada al gobierno nacional ni agachar ante él la cabeza, como pasa con muchos gobernadores.
Y los porteños queremos seguir sin estar sometidos por el kirchnerismo y deseamos un país en el que las provincias tampoco deban rebajarse ante el presidente de la Nación para que les haga llegar los recursos que necesitan como si fueran favores graciosos del Príncipe.
Esa es la razón por la cual no se trata de estar a favor o en contra de Mauricio Macri, sino de entender que lo que se juega acá es si va a ser avasallado el último bastión del federalismo.
El kirchnerismo quiere ahogar financieramente a Buenos Aires para que ésta "venga al pie", es decir, pase a estar subordinada políticamente a la fórmula gobernante, Cristina Kirchner y el cuestionado Amado Boudou.
La ciudad de Buenos Aires juega en esta pulseada su destino.
(*) El autor es abogado y periodista
Viernes 16 de marzo de 2012
Dr. Jorge R. Enríquez