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Informe Económico Semanal del Banco Ciudad 10-6-11: Energía: el enemigo oculto

LA SEMANA EN POCAS PALABRAS

Con la cercanía del invierno, vuelve la sombra de un tema recurrente de los últimos años: el déficit de energía. Y no sólo por los cortes que podrían producirse dependiendo de la evolución del clima, sino por los costos crecientes de la actual política energética, tanto en términos fiscales como de generación de divisas, golpeando en la línea de flotación de los superávits gemelos (pilares de la fortaleza económica post convertibilidad).

En materia fiscal, la creciente diferencia entre el precio que pagan los consumidores por la energía y el costo de generarla se ha venido cubriendo con subsidios estatales. Los subsidios a la energía pasaron de $4.000 millones en 2006 a $26.000 millones en 2010, con un sideral incremento del 545%, el cual fue responsable (junto con el mayor gasto en subsidios al transporte) de todo el deterioro del superávit primario de los últimos dos años (-1,6 puntos del Producto). Paralelamente, en términos de generación de dólares, se viene observando una progresiva desaparición del histórico superávit comercial de combustibles y energía, el cual pasó de un pico de USD 6.000 millones en 2006 a USD 2.000 millones en 2010, fruto de un alza de 156% en las importaciones y una caída de 17% en las exportaciones.

Para tener una idea de magnitudes, los $26.000 millones que insumieron los subsidios a la energía durante 2010 fueron equivalentes a los USD 6.569 millones de las reservas internacionales con los que el BCRA asistió al Tesoro ese año. Resultaron, por otro lado, más de 4 veces superiores a los fondos destinados a la Asignación Universal por Hijo ($6.340 millones), cerca de 4 veces lo obrado por el Ministerio de Salud ($6.824 millones) y 1,5 veces el gasto del Ministerio de Educación de la Nación ($17.878 millones). Asimismo, el gasto corriente en subsidios a servicios públicos (incluyendo los de energía y transporte) se anotó el 73% de las erogaciones totales del Ministerio de Planificación, empequeñeciendo a su lado las partidas asignadas a la inversión en viviendas o en otro tipo de obra pública.

Si bien todavía resta verse cómo evolucionará la situación energética durante el invierno, lo ocurrido durante los últimos meses marca que la tendencia observada hasta ahora se profundizará en 2011. En el primer trimestre, los subsidios al sector energético totalizaron $6.717 millones, con un incremento de 151% a/a, mientras que el superávit comercial energético mostró una caída del 32%, sumando USD 808 millones.

En este marco, el efecto de la política energética sobre los superávits gemelos, de por si preocupante, se vuelve más relevante si se considera que, al mismo tiempo que genera mayores necesidades de financiamiento para el Tesoro, también “seca” (vía su efecto sobre el superávit comercial) una de las fuentes de financiamiento empleadas durante los dos últimos años: las reservas del BCRA.

Por otro lado, la factura de gas y luz a pagar durante el próximo gobierno no será exigua. El desfasaje de las tarifas de gas y electricidad (concentrado principalmente en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires) implicaría más que duplicar las tarifas actuales si desearan eliminar los subsidios existentes. Si a ello se suma el ajuste requerido para normalizar los precios de distintos bienes y servicios regulados por el Estado, los incrementos tarifarios superarían en todos los casos el 100%.

Según nuestras estimaciones, el impacto inflacionario de primera ronda de la eliminación de todos los subsidios y regulaciones sería cercano a los 20 puntos porcentuales, aunque el impacto final sobre el IPC sería aún mayor considerando los reacomodamientos que se generarían en otros bienes y servicios. Así, resulta claro que el ajuste de precios necesario en los bienes y servicios regulados no podría realizarse de una sola vez, sino que deberá encararse de forma gradual, transformándose en un tema de agenda obligado para toda la gestión 2012-16, la cual (cualquiera sea su signo político) se verá obligada confeccionar un plan integral que articule cuidadosamente las políticas anti-inflacionaria, fiscal y energética.