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El director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires salió a la compra de seiscientas impresoras. Las empresas prestadoras aseguraron que estaría pagando “hasta tres veces” el valor de mercado. Sospechas de corrupción impactan en el último tramo de campaña antes de las PASO.
Mientras el gobernador Axel Kicillof pone toda la carne al asador en la búsqueda de una reelección que, hasta el momento, no parece asegurada, la maniobra de un funcionario que usualmente despliega un notable bajo perfil perjudica aún más sus aspiraciones.
Se trata del director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni. Es el mismo que, tan sólo días atrás, recorrió obras en Quilmes junto a la intendenta Mayra Mendoza y aseguró, en contra de los que criticaron el adoctrinamiento en los más chicos, que la escuela debe ser “un recordatorio y un lugar de memoria”.
Horas atrás, el propio Sileoni dio luz verde a una compulsa que despertó polémica en el mundo de las empresas prestadoras estatales. Conocedores de los rumores que circulan por las unidades de contratación, varios empresarios del rubro ya habían tomado conocimiento de la misma incluso antes de que la dirección General de Cultura y Educación la oficialice. Desde entonces, auguraban un notable sobreprecio.
Se trata del proceso de compra Nro. 301-0610-LPU23, a través del cual el ministro Alberto Sileoni buscará comprar unas seiscientas impresoras multifunción. Las mismas vendrán equipadas con tecnología electrofotográfica, pantalla táctil intuitiva, servidor web incorporado y un software de reconocimiento de textos, entre otras características.
Para dicha licitación, la DGCyE propuso un presupuesto de 298 millones de pesos. A pesar de ello, las dos empresas que se presentaron, Te Fiti SA y ARG Color SRL, contribuyeron con ofertas de 479 y 357 millones de pesos respectivamente. Inmediatamente, empresas del rubro acusaron al director Sileoni y a las autoridades de la gestión de Kicillof de plantear sobreprecios en las compulsas.
Es que, en efecto, una impresora multifunción que reúna las características solicitadas por la provincia puede conseguirse a 256 mil pesos en el mercado actual. En seiscientas unidades, el gasto total ascendería a 153 millones de pesos. Teniendo en cuenta que la compra en cantidad abarata aún más el precio, los costos serían aún inferiores.
Desde este punto de vista, los contratistas aseguraron que la licitación propuesta por Sileoni, de avanzar, estaría marcando un sobreprecio que superaría el 200 por ciento. Más allá de tratarse de un delito en sí mismo, la fragilidad de la economía bonaerense sólo agrava aún más la situación planteada por la dirección General.
